Ana Isela Lorenzana Ordoñez
Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/07/2021
Partes del expediente
- Ana Isela Lorenzana Ordoñez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de quince de julio de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido...
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la demanda de amparo promovida por Ana ***, por propio derecho, contra actos del Secretario de Salud del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 580/2021.ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a unaconvicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente de: la orden de cambio de adscripción laboral y la retención de su salario correspondiente a la primera quincena de julio de dos mil veintiuno, atribuidos al Secretario de Salud del Estado de Chiapas; Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud del Estado de Chiapas; Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas; Director General del Centro de Salud con Servicios Ampliados (C.S.S.A) de Coapilla, Chiapas; Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas; y, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria número 1 del Instituto de Salud, residentes en esta ciudad. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...)dependencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a) Coordinación, b) Supra-subordinación y, c) Supraordinación.Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las entabladas entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público establecidos también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. Ante esta circunstancia, se tiene que, en lo que al caso interesa, el estado tiene una doble personalidad, la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el estado contrata a una persona para desempeñar cualquier labor dentro de una entidad pública, laactuación del titular del órgano de que se trate y de los diversos funcionarios, que de acuerdo a sus atribuciones figuren en cualquier ámbito, en auxilio de la parte patronal frente a la persona contratada, su actuación no será investida de imperio, sino en una relación laboral peculiar (sui generis) surgida en un plano de igualdad entre el propio estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. En esa tesitura, debe señalarse que los actos que reclama la promovente, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, puesto que del contenido integral de la demanda y anexo se advierte que la quejosa trabaja para la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, como técnico laboratorista químico adscrita al Centro de Salud con Servicios Ampliados (C.S.S.A) de Coapilla, Chiapas y lo que reclama esencialmente es la orden de cambio de adscripción laboral y la retención de su salario correspondiente a la primera quincena de julio de dos mil veintiuno, pues de sus manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, se desprende que el veintiocho de junio del año en curso, las responsables le informaron por instrucciones de sus superiores estaba comisionada por seis meses al municipio de Acalá, Chiapas. Asimismo, indica que las autoridades responsables han realizado un hostigamiento laboral al grado que se le han retenido los salarios a la primera quincena de julio de dos mil veintiuno, lo cual refiere que es una forma de coaccionarla con un despido injustificado si no acepta cambiarse de adscripción laboral. Es decir, se duele de una cuestión que le afecta como trabajadora de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, esto es, tiene origen en una relación de coordinaciónentre particulares en un plano de igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir tales diferencias deberá acudir al procedimiento laboral necesario creado para resolverlas ante la autoridad de esa misma naturaleza.Sin embargo, si bien en el citado criterio se establece que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; no debe soslayar que en la ejecutoria que dio origen a la referida jurisprudencia, el máximo tribunal del país también destacó que de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo se desprendía la posibilidad de advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso específico, atendiendo al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, cuando los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Hipótesis que se actualiza en la especie, pues el hecho de que las autoridades señaladas como responsables no sean consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, se desprende del solo análisis de la demanda, por las razones que se expusieron a lo largo del presente estudio; por tanto, de admitirse ésta respecto de las mismas, este juzgado no llegaría a un convencimiento distinto a partir de sus informes justificados ni de las pruebas aportadas.En ese orden de ideas, es claro que con relación a los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia invocada, de ahí que, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal.NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ** y en términos restringidos de dicho numeral a **, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial oreservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Humberto Zavala Calderón, Secretario con quien actúa y da fe.
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