Ana Isabel Verdugo Mendoza
Expediente 608/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2019
Partes del expediente
- Ana Isabel Verdugo Mendoza
Actuaciones
- Principal
Causó estado auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo, se ordenó el archivo del expediente.
- Principal
se publica la resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal a la parte quejosa Ana Isabel Verdugo Mendoza, no obstante haber sido citados para tal efecto, mediante aviso, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo: Tijuana, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por Ana Isabel Verdugo Mendoza, a través del cual desahogo la prevención formulada en proveído de quince de mayo de esta anualidad, y al efecto, fue requerido entre otras cosas, para que bajo protesta de decir verdad, manifestara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, a lo que manifiesta lo siguiente: "1.-QUIERO MANIFESTAR QUE EL DÍA TRES DE ABRIL TUVE CONOCIMIENTO, PERO HE SIDO VISITADA EN VARIAS OCASIONES DESPUES DE LO QUE MANIFESTE EN MI ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, Y SIENTO VIOLADOS MIS DERECHOS HUMANOS AL QUERER COBRARME DOCUMENTOS CADUCOS Y QUE HAN PRESCRITO CON DEMACIADO TIEMPO Y QUE NO SE ME PRETENDA PROTEGER POR LAS AUTORIDADES por lo que solicito acuerde en sus términos." Ahora, del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del suscrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien resuelve y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Así pues, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el irregular procedimiento de emplazamiento, llevado a cabo en el expediente 873/2017, del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil en el Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual, bajo protesta de decir verdad, la quejosa en el ocurso que se atiende, refiere haber tenido conocimiento del acto reclamado el tres de abril, y en el ocurso inicial de la demanda refirió en el capítulo de antecedentes manifestó bajo protesta de decir verdad que el nueve de mayo de dos mil diecinueve, le visitó un supuesto representante de la moral tercero interesada, quien le manifestó querer negociar un adeudo; de igual manera, refirió "que dicha notificación fue efectuada el día tres de abril de dos mil diecinueve, por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Tijuana, Baja California, Denise Suzethe Ramos Anaya, por lo que aun estando en tiempo y forma para contestar la demanda ya que es a través de exhorto, se me hace impropio querer cobrar de cualquier forma una deuda inexistente.". Precisado lo anterior, del contenido integral de la demanda y del ocurso aclaratorio, se aprecia que el juicio de amparo resulta extemporáneo, porque no se promovió dentro del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que conforme al diverso ordinal 18, éste comienza a contar a partir del día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado; esto es, dicho término trascurrió del cinco al treinta de abril de dos mil diecinueve, con descuento de los días seis, siete, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril del año que transcurre, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, en tanto que por lo que hace a los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de abril últimos, fueron declarados inhábiles de acuerdo a la circular 25/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, si la demanda que se atiende se presentó ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito el catorce de mayo de dos mil diecinueve, tal como se corrobora del sello de recibido que consta en la demanda de amparo de referencia; es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Se cita la Tesis de Jurisprudencia número XI.1o.A.T. J/1(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, consultable en la página 699, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro persona (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. Por tanto, al no haber impugnado en forma oportuna el precitado acto, éste debe considerarse como consentido tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley reglamentaria. Por las razones que la informan, se cita la tesis jurisprudencial 446, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 474, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones, Materia(s): Común, de la Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Lo resaltado es propio). En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado a fojas 235, del Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En las condiciones relatadas, al no haberse interpuesto el juicio de amparo en contra del acto que ahora se reclama dentro del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, además de que en la especie no se surten los supuestos de excepción a que alude el numeral citado, se llega al convencimiento de que en el particular, como quedó apuntado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia; por consiguiente se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la citada ley, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento legal. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
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