Ana Isabel Serradilla García
Expediente 793/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Ana Isabel Serradilla García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de la recepción de los autos originales del toca 256/2017 de su índice, e informa que se ordenó el archivo; de lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese la promoción con registro 22332 que remite el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, al que se anexan los autos del juicio de amparo 90/2015 y sus acumulados en que se actúa y el amparo en revisión 284/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, en el que consta la ejecutoria dictada por el Tribunal auxiliar en cita. Acúsese recibo. No obstante a lo anterior, se advierte que en el oficio a que se hace referencia en el párrafo que precede, no se anexó copia certificada de la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 146/2018, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, dicha resolución se encuentra debidamente glosada al toca, por lo que resulta necesaria su integración en el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, en aras de una justicia pronta y expedita, se ordena glosar copia certificada de la ejecutoria anteriormente mencionada, para que guarde uniformidad en el presente sumario constitucional. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que en el citado medio de impugnación se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara intocada la sentencia recurrida por lo que hace a las quejosas Proyecela (2), ***********, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida, en términos del considerando sexto de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero -por inexistencia de actos reclamados-; el diverso sobreseimiento decretado respecto de las reglas I.2.8.6, I.2.8.7 y artículo Décimo Tercero Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; así como la negativa del amparo decretada en el resolutivo segundo, respecto de las normas expresamente reclamadas, consistentes en los artículos 28, fracción III y IV, 42, fracción IX, 53-B, y Segundo Transitorio, del Código Fiscal de la Federación; los artículos 33 y 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, y las reglas 2.8.1.4., 2.8.1.5 y 2.8.1.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, únicamente para la quejosa aquí recurrente, Sain Soporte y Administración General, Sociedad Anónima de Capital Variable (1), en los términos precisados en los considerandos cuarto, sexto, décimo primero y décimo segundo del fallo recurrido, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta ejecutoria. Notifíquese." Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Por cuanto hace a la quejosa **********, se proveerá lo conducente al archivo, hasta en tanto se concluya lo relativo al cumplimiento respecto de las quejosas, en los juicios restantes. Ahora bien, en atención a lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado y dado que en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se dejó intocada la sentencia recurrida por lo que hace a las quejosas **************, y consecuentemente se dejó firme la sentencia recurrida, por lo que hace a dichas quejosas, de conformidad a lo establecido en el considerando QUINTO de la ejecutoria, resulta necesario hacer énfasis a lo determinado en la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, cuyo punto resolutivo que versa sobre la concesión del amparo fue el siguiente: "TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que en el resolutivo segundo dejó firme la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, misma que fue concedida respecto de los actos reclamados y para el efecto siguiente: "respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre del dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, más no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente En principio, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, y respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A LA JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, y a la diversa autoridad Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos de la ejecutoria y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá informar a este juzgado federal si a las quejosas Proyecela (2), Comercializadora MBP (3) y NL Ceramics de México (4), todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítasele copia de la ejecutoria enviado por el tribunal Colegiado oficiante, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (número de registro digital 2007912), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:} "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (número de registro digital 2007914), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del artículo 107 Constitucional y el diverso 198 de la Ley de Amparo. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. ************* Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que se reserva el acuerdo de archivo correspondiente, hasta en tanto, se dé cumplimiento a la sentencia dictada, únicamente por lo que corresponde a las quejosas *********** Se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 146/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, derivado del amparo en revisión 284/2017, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito citado en segundo orden, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a **********, y por medio de lista a *************.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa hizo manifestación respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida, así como si se incurrió en exceso o defecto. Al respecto, conviene señalar que la sentencia dictada por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió el amparo y protección de la justicia federal, la cual fue confirmada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para el efecto siguiente: "Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que hasta en tanto no sea reformado el ordenamiento respecto del cual se declaró su inconstitucionalidad, le sea aplicado a la parte quejosa el subsidio establecido para el rango G, del inciso b), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, por lo que deberá llevar a cabo la mecánica general del cálculo del impuesto y una vez establecido el impuesto a cargo, se le aplique el porcentaje con subsidio del 25%, al ubicarse en inmueble de su propiedad en el rango N, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. En otras palabras, que una vez que determinada la cantidad que por concepto de impuesto predial debe pagar del ejercicio fiscal de dos mil veinte, a la cantidad que resulte a su cargo, se le aplique el porcentaje con subsidio establecido para el rango G, en el artículo 2, inciso b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, vigente a partir del uno de enero del dos mil veinte, con el objeto de que se le otorgue ese beneficio." Ahora bien, con la finalidad de determinar si se ha dado o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a las que el suscrito juzgador otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o., al tratarse de actuaciones de la autoridad en ejercicio de sus funciones. De autos se advierte que en proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/PLI/00169/2022, de doce de enero de dos mil veintidós, signado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira, en el cual se estableció la cantidad a devolver en los términos siguientes: (.) (.) (.) Cabe mencionar que con el anterior oficio se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en desahogo a la vista, el ocho de marzo de dos mil veintidós, se acordaron las manifestaciones en el sentido que la agraviada manifestó conformidad con el importe histórico sin embargo faltaron las actualizaciones correspondientes, consecuentemente se requirió a la autoridad el cumplimiento de la sentencia con los cálculos relativos a la actualización respectiva. Posteriormente, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se acordó el oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/PLI/01237/2022, signado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira, en el cual se desprende que autorizó la cuenta por liquidar certificada respecto a la cantidad a devolver y su actualización, el cual en la parte que interesa es de contenido siguiente: (.) (.) (.) Luego, en cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio de la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira, al que adjuntó copia certificada de las constancias con las que dijo acreditar el cumplimiento del fallo protector, y en dicha determinación se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, las cuales se enlistan: 1.- Aviso de pago disponible para su cobro. 2.- Acta de notificación y entrega de documentos de veinticinco de abril de dos mil veintidós, e; 3.- Identificación oficial de la parte quejosa. Las constancias mencionadas son de contenido siguiente: (.) (.) (.) (...) (.) Finalmente, en cumplimiento a la sentencia de amparo en específico a lo relativo a la actualización de la cantidad histórica, mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio de la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira, al que adjuntó copia certificada de las constancias con las que dijo acreditar el cumplimiento del fallo protector, y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, las cuales se enlistan: 1.- Aviso de pago disponible para su cobro, y 2.- Acta de notificación y entrega de documentos de veinticinco de abril de dos mil veintidós, e; (.) (.) (.) De lo expuesto se desprende que se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó violado, dado que la autoridad aplicó el subsidio establecido para el rango G, del inciso b), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, y llevó la mecánica general del cálculo del impuesto a cargo en el que se le aplicó el porcentaje con subsidio del 25%, al ubicarse en inmueble de su propiedad en el rango N, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto a la cuenta predial *********. Así también acreditó haber devuelto la diferencia que resultó a favor del contribuyente al aplicarse el descuento señalado, respecto del pago que realizó a partir de la entrada en vigor de la norma declarada inconstitucional, cantidad que ascendió a **********), así como su actualización por la cantidad de $********* En consecuencia, este órgano de control constitucional considera cumplida la ejecutoria de amparo, como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable, dado que con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad obligada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada II.2o.C.T.28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 677 del tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHÍ DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado." Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha sido cumplido, sin exceso ni defecto, dado que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en autos, realiza diversas manifestaciones y al efecto exhibe copia certificada de las constancias con las que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; atento a su contenido, se provee: Visto la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que desahogue la vista ordenada en acuerdo de veintisiete de julio de este año, en el que se tuvo por recibido el diverso oficio con folio 15936 presentado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el cual desahogó el requerimiento formulado en autos y exhibió copia de las constancias con las que adujo dar cumplimiento al fallo protector, y de la revisión de dichas constancias, se desprende que son de idéntico contenido a las recibidas mediante el oficio de cuenta, por tanto, se ordena integrar a los autos únicamente para que obre como corresponda; lo que se precisa para los efectos conducentes. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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