Ana Isabel Rendón Macedo
Expediente 1074/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 44 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 16/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Isabel Rendón Macedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos sin proveer respecto al contenido del oficio de cuenta que por vía fax se recibió en este órgano jurisdiccional el día once de octubre de la presente anualidad, signado por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México; en razón de que la remisión de constancias por ese medio, únicamente es válido entre los Órganos del Poder Judicial de la Federación por ser confiable el medio en que fueron comunicadas, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, que permite corroborar los datos del fax recibido. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica del Titular autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/4181/2017, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión, conforme al calendario señalado en diverso oficio IJF/DG/CA/STDHIG/7803/2017, signado por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal; asistido de la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto la Juez Vigésimo Primero de lo Civil, por Ministerio de Ley, con residencia en la Ciudad de México, remitió copia certificada del juicio especial hipotecario 757/2007, con motivo de su informe justificado, que constituye el tomo I de pruebas, devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional.Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
...ES NOTIFCACION PERSONAL..
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 1074/2016, promovido por Ana Isabel Rendón Macedo; R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, Ana Isabel Rendón Macedo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México. Ejecutora Actuario Adscrito al Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México. Ambas con domicilio en la Ciudad de México. ACTOS RECLAMADOS "a) Del Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México: La falta de notificación y legal emplazamiento al su puesto juicio especial hipotecario respecto al bien inmueble ubicado en Calle Iztaccihualt, Lote 2, manzana 10, zona 1, en la colonia pacífico en esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, radicado con el número 757/07 del índice de ese juzgado presentado en supuestamente en mi contra. Todo lo actuado en el supuesto juicio especial hipotecario respecto al bien inmueble ubicado en Calle Iztaccihualt, Lote 2, manzana 10, zona 1, en la colonia pacífico en esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, radicado con el número 757/07 del índice de ese juzgado, supuestamente presentado en mi contra en el cual nunca fui oída, ni vencida. 1.- Asimismo reclamo de la autoridad señalada como responsable ejecutora: a) El C. Actuario Adscrito al Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, la falta de notificación y legal emplazamiento al supuesto juicio especial hipotecario, radicado con el número de expediente 757/07 del índice de ese juzgado". SEGUNDO. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo con el número 1074/2016, y se previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito de demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la quejosa desahogó la prevención señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. ACTOS RECLAMADOS: I.- De la autoridad C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo la omisión de ejecutar y dar legal cumplimiento al exhorto 89-3/2007, en el cual se ordenaba el emplazamiento a la hoy quejosa Ana Isabel Rendón Macedo al juicio especial hipotecario 757/2007 del índice del Juzgado Vigésimo Primero en Materia Civil de Primera Instancia en la Ciudad de México, toda vez que nunca fui emplazada legalmente a juicio. I.- De la autoridad C. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo la omisión de ejecutar y dar legal cumplimiento al exhorto 89-3/2007, en el cual se ordenaba el emplazamiento a la hoy quejosa Ana Isabel Rendón Macedo al juicio especial hipotecario 757/2007 del índice del Juzgado Vigésimo Primero en Materia Civil de Primera Instancia en la Ciudad de México, toda vez que nunca fui emplazada legalmente a juicio.". TERCERO. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por desahogada la prevención, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se ordenó notificar a la tercero interesada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en diversas ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción VI, y 122 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio especial hipotecario en el quejoso se ostenta como tercero extraña por equiparación, cuya ejecución se lleva a cabo en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda, escrito aclaratorio en relación con las demás constancias que obran en autos, se obtiene que la parte quejosa esencialmente reclama: a) el emplazamiento a juicio especial hipotecario, realizado mediante exhorto, dentro del expediente número 757/2007, del índice del Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, con sede en esta ciudad; b) Todo lo actuado con posterioridad a dicho acto procesal. Sin embargo, el acto destacado sometido a estudio es el precisado en el inciso a), al no apreciar argumento alguno que atribuya vicios propios en contra del restante. TERCERO. Enseguida, procede resolver lo relativo al incidente de objeción de documento respecto del escrito de contestación a la demanda de nueve de noviembre de dos mil siete, en el juicio especial hipotecario 757/2007, planteado por la quejosa Ana Isabel Rendón Macedo, para lo que se precisan los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, y remitido al día siguiente a este Juzgado Octavo, Ana Isabel Rendón Macedo, promovió incidente de objeción de documentos respecto del escrito de contestación a la demanda de siete de noviembre de dos mil siete, que allegó la autoridad responsable Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, con las constancias del expediente número 757/2007, del juicio especial de desahucio de su propio índice (fojas 113 - 127 de autos). II. Dentro de la audiencia constitucional de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la referida incidencia de objeción de documentos; se admitieron las pruebas relativas a dicha objeción, consistentes en la instrumental de actuaciones, y la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por el actor incidentista; se requirió a la incidentista para que presentara al perito Gonzalo Barrera Abarca a aceptar y protestar el cargo conferido; se hizo del conocimiento de las partes a efecto de que designaran perito de su parte y, si era su deseo, adicionaran los puntos que estimaran pertinentes respecto a la prueba pericial. En la misma fecha, se giró oficio al Coordinador Estatal General de los Servicios Periciales dependientes de la Fiscalía General del Estado, con sede en Chilpancingo para que proporcionara un perito oficial para el desahogo de la prueba propuesta (foja 255). III. Mediante comparecencia de nueve de junio de dos mil diecisiete, la perito oficial Guadalupe Esparza Tafoya aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el trece de junio del año en curso, la incidentista Ana Isabel Rendón Macedo, sustituyó al experto que propuso por el perito Adrián Román Estrada, por lo que en proveído de catorce de siguiente, se le requirió para que presentara al citado experto a aceptar y protestar el cargo conferido. IV. Por escrito presentado ante este Juzgado, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la perito oficial Guadalupe Esparza Tafoya, rindió su dictamen, y el veintitrés siguiente se tuvo por ratificado su dictamen. Precisado lo anterior, resulta INFUNDADO el incidente de objeción de documentos planteado por la quejosa, por las razones que a continuación se exponen. Previamente a la valoración de las pruebas que se ofrecieron para sostener o desvirtuar la autenticidad del documento objetado, es menester dilucidar si el documento cuestionado es susceptible de ser objetado de falso. Para explicar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo 122 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de lo diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimoniales, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia". El precepto reproducido establece la forma en que deberá substanciarse el incidente de objeción de documentos durante la tramitación del juicio de amparo, estableciendo al efecto que si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez de Distrito deberá suspender o diferir la audiencia para substanciar el incidente respectivo en el que se recibirán y valorarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar a qué documentos se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo se transcriben los numerales 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles que disponen: "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." "Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129". De lo antes expuesto se llega a la convicción de que, como el legislador para la procedencia del incidente de objeción de documentos no hace distinción entre los documentos públicos o privados, pueden ser objetados de falsos unos y otros. Otro aspecto que se estima pertinente analizar, dado que la objeción de falsedad de un documento puede estar referida bien a lo manifestado en él, o bien, a su autenticidad, es la distinción entre el contenido y el continente de documento, es decir, la declaración expresada en el documento y el documento mismo, pues puede resultar falso lo uno y verdadero lo otro o viceversa, ya que la finalidad del documento es probar la existencia de la declaración, no su eficacia. Lo anterior, porque los documentos para estimarse como tal deben contener, entre otros requisitos de forma, la firma del suscriptor, de ahí que, para determinar si el escrito que contiene la firma cuestionada puede impugnarse en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo se debe partir de la naturaleza del mismo distinguiendo para ello el contenido y el continente. En ese orden, por su naturaleza, cabe concluir que la contestación a la demanda de nueve de noviembre de dos mil siete, objetado es un documento privado y como tal, puede ser objetado de falso, pues tal documento se elaboró por un particular. Además que precisamente, tal documento es materia del presente incidente de objeción. De ahí que se le otorgue esa naturaleza. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito se ocupa de analizar el material probatorio aportado al presente incidente. La parte actora en el incidente, y quejosa en el juicio constitucional, para acreditar la falsedad del escrito de contestación a la demanda que obra en el expediente del juicio especial hipotecario 757/2007, ofreció la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, sometiéndose a estudio de los peritos designados en autos. Bajo ese tenor, la experta oficial que al efecto designó este órgano jurisdiccional, de nombre Guadalupe Esparza Tafoya, al desahogar el dictamen respectivo concluyó: "CONCLUSIONES PRIMERA.- LAS FIRMAS DUBITADAS ESTAMPADAS AL MARGEN Y AL CALCE DE LAS 08 (OCHO FOJAS GLOSADOS POR DUPLICADO EN ORIGINAL DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2007 GLOSADO EN AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL: 757/2007, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO; ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DISTRIBUCIÓN (Sic) DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. DEMANDADOS: MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ Y OTRA), CORRESPONDEN A UN MISMO Y COMÚN ORIGEN GRÁFICO, CON RELACIÓN A LAS FIRMAS INDUBITADAS BASE DE COTEJO LAS ESTAMPADAS EN LA DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA DE ESCRITURA EN SU MODALIDAD DE FIRMAS RECABADA A LA MUESTRADANTE POR LA AUTORIDAD FEDERAL ACTUANTE EN AUDIENCIA DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, QUE SE TUVO A LA VISTA EN EL INTERIOR DEL EXPEDIENTE: JUICIO DE AMPARO 1074/2017, EN EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO; PERTENECIENTES A LA C. ANA ISABEL RENDÓN MACEDO. SEGUNDA.- LAS FIRMAS DUBITADAS ESTAMPADAS AL MARGEN Y AL CALCE DE LAS 08 (OCHO) FOJAS, GLOSADOS POR DUPLICADO EN ORIGINAL DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2007 GLOSADO EN AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL: 757/2007, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO; ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DISTRIBUCIÓN (Sic) DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT &. DEMANDADOS: MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ Y OTRA, SÍ CORRESPONDEN A LA AUTORÍA GRÁFICA DE LA C. ANA ISABEL RENDÓN MACEDO. TERCERA.- LOS MÉTODOS, TÉCNICAS Y TEORÍA DEL ESTUDIO GRAFOSCÓPICO SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE DESCRITOS A FOJAS 1, 2 Y 3 DEL PRESENTE DICTAMEN."" Ahora bien, el valor de la prueba pericial queda a la prudente apreciación del juzgador, facultad que se desprende de los artículos 197 y 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo; sistema de valoración de pruebas que se funda en la sana crítica, en el que interfieren las reglas de la lógica con la experiencia del juez. Al respecto, cabe citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 739 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211794, del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. De acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor convicción." Asimismo, es pertinente hacer referencia a la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 462, Tomo CXII, del Semanario Judicial de la Federación, registro 385856, que indica lo siguiente: "PERITOS, PRUEBA DE. El perito, como colaborador del juez, no sólo ayuda a comprobar el hecho, sino también a apreciarlo y aun cuando no decide la controversia si desempeña una función de asesoramiento que el Juez debe atender en cuanto suple con sus conocimientos técnicos su falta de aptitudes para constatar a apreciar un hecho, quedando facultado para apreciar el mérito probatorio de los dictámenes, teniendo en cuenta las circunstancias; sin embargo el juez puede apartarse del resultado de la prueba pericial cuando tenga convicción contraria, pero ello lo obliga a expresar los fundamentos de esa convicción, que no puede determinar libremente, toda vez que el pronunciamiento debe ser el resultado de un análisis crítico de las bases en que se apoyan los dictámenes en relación con los antecedentes suministrados por las partes; por ende, si dichos dictámenes son suficientemente fundados y sus conclusiones uniformes, debe reconocerles pleno valor probatorio; consecuentemente, el juez no puede apartarse de las conclusiones de los peritos, mientras no encuentre en autos pruebas concluyentes que justifiquen ese apartamiento y exprese las razones de la discrepancia con los dictámenes." En este orden de ideas el dictamen emitido por la perito es analizado y valorado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal." Preceptos de los que se colige que el órgano jurisdiccional tiene la más amplia libertad para apreciar y determinar el valor de la prueba pericial, pudiéndose inclinar por un dictamen que le cause mayor convicción respecto de otro. Dicho lo anterior, una vez analizado el dictamen emitido por la perito oficial en materia de documentoscopía y grafoscopía Guadalupe Esparza Tafoya, el suscrito Juzgador determina que la firma objetada fue plasmada por Ana Isabel Rendón Macedo, ello es así, pues se otorga valor probatorio al dictamen rendido por la citada perito, pues generó convicción para llegar a tal conclusión, ya que como se precisó, la valoración de los medios de prueba quedan a la estimación de quien aquí resuelve, siempre y cuando se expongan los argumentos para sostener el sentido adoptado, lo cual se verá a continuación. Ello es así, en virtud de que tocante a la firma de Ana Isabel Rendón Macedo, que se aprecia en el escrito de contestación de nueve de noviembre de dos mil siete, tiene los mismos orígenes gráficos con relación a la señalada como indubitable, es decir, la que obra en la diligencia de toma de muestra de escritura recabada ante este Juzgado de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Para sostener lo anterior, debe decirse que la perito oficial Guadalupe Esparza Tafoya, destacó que las firmas (dubitable e indubitable) tienen las siguientes similitudes gráficas: "1.- Se observa que en las firmas dubitadas presentan reproducción del mismo mecanismo de ejecución gráfico, respetando la colocación de los puntos de ataque y rasgos finales, particularidad gráfica, de los trazos que presentan las firmas indubitadas. 2.- Se observa que en las firmas dubitadas presentan trazos y rasgos con calibres similares derivados del ritmo de e4jecución el cual se presentan coincidentes, particularidad gráfica, que se presentan en las firmas indubitadas. 3.- Se observa que en la firma dubitada presentan caja escritural de dimensiones compatibles con las firmas indubitadas base de la comparación particularidad gráfica. 4.- Reviste de gran valor grafoscópico la ejecución de las firmas indubitadas en todos y cada uno de sus rasgos, en las cuales prevalecen los elementos extrínsecos e intrínsecos del que la ejecuta; particularidades gráficas que se presentan en las firmas dubitadas; por lo cual se establece que presentan similitudes gráficas del orden particular como general.". De lo anterior, se puede advertir que la firma cuestionada no difiere de la señalada como indubitable, lo cual robusteció dicha perito a través de las ilustraciones que obran a fojas (316-322 de autos). Por lo que al existir tales similitudes desde el punto de vista de la opinión técnica, se puede afirmar que la firma contenida en el escrito de contestación a la demanda objetado, fue puesta de puño y letra de la demandada Ana Isabel Rendón Macedo, pues es de destacarse las técnicas de estudio citadas; esto es, el método científico, análisis de las características de espontaneidad, generales y morfólogicas, así como los gestos gráficos, interpretación de resultados y, análisis de las ampliaciones fotográficas. Además de invocar las leyes del grafismo sobre las cuales tienen aplicación a la escritura manuscrita, técnicas que -como se dijo- generan convicción de que NO EXISTE diferencia entre las firmas sometidas a estudio. En tales condiciones, atento a los razonamientos aquí vertidos y según la prudente estimación que se realiza del dictamen que obra en autos, se concluye que es suficiente e idónea para generar convicción a este juzgado de distrito de que las firmas cuestionadas, fueron plasmadas por Ana Isabel Rendón Macedo. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio de la Séptima Época, sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Cuarta Parte, visible en la página 238, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. Al valorar el juzgador la prueba pericial debe tomar en consideración las razones que los peritos emiten para sustentar sus opiniones, apreciando todos los matices del caso y atendiendo a todas sus circunstancias, sin más límite que el impuesto por las normas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia, para formarse una convicción respecto del dictamen que tenga más fuerza probatoria". De conformidad con lo antes expuesto, resulta infundado el incidente de objeción de falsedad de documento propuesto por la parte quejosa. CUARTO.- Resuelto lo atinente al incidente de objeción de documento planteado; procede ahora verificar la existencia de los actos reclamados. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, no obstante que al rendir su informe justificado lo haya negado, pues con posterioridad hace manifestaciones que evidencian su certeza (folio 74). SON CIERTOS los actos reclamados al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares y Secretario Actuario de su adscripción, así como de la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, pues al rendir sus respectivos informes justificados así lo reconocieron. Certeza que se corrobora fehacientemente con la copia certificada de las constancias que integran el juicio especial de desahucio 757/2007 que adjuntó el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la ciudad de México a su informe, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. No obstante la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que en el caso, se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Ahora bien, de la demanda y de su escrito aclaratorio se observa que la quejosa se ostenta con el carácter de tercero extraña al juicio, pues refiere que no fue emplazada ni notificada de manera legal en el juicio especial de desahucio número 757/2007. Sobre esa base y tomando en cuenta la calidad con la cual comparece a esta instancia constitucional conviene puntualizar que por tercero extraño se entiende, de manera general, aquella persona que no figura como parte formal ni material en la controversia, pero que resiente un perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten por la autoridad que conoce y resuelve; y que, estricto sensu, se identifica con la persona física o moral, distinta a los sujetos que forman parte en una controversia; es decir, es parte opuesta al de la parte procesal. También se considera tercero aquel sujeto que siendo parte nominal en una contienda no fue citado o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede el amparo en vía indirecta para reclamar la ausencia del llamado a juicio, o bien, los vicios en que se incurrieron al realizar dicho acto jurídico; y acorde con esa posición se le equipara al tercero, y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito, por ende, ni siquiera le sería exigible que en sede común hiciera valer medios de impugnación o recursos, pues es lógico que si desconoce la existencia de la contienda no pueda plantearlos en la oportunidad que para cada caso concreto prevé la ley. Asimismo, es necesario dejar claro que el carácter de tercero extraño, no deviene de una consideración potestativa o la autodeterminación de quien acude al juicio de amparo ostentándose con ese carácter, sino que ello es producto del análisis de su especial circunstancia frente al proceso o procedimiento del que deriven los actos reclamados. Precisado lo anterior, para justificar la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, se estima necesario hacer una breve reseña de las constancias que integran el juicio especial hipotecario número 757/2007, que en copia certificada allegó el juez responsable, y cuyo valor probatorio quedó precisado en el considerando que antecede, de las que se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil siete, la aquí tercero interesada Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Invertlat, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía especial hipotecaria, de Marco Antonio Fernández Gómez y Ana Isabel Rendón Macedo, el pago de $394,042.77 (trescientos noventa y cuatro mil cuarenta y dos pesos 77/100 moneda nacional), por concepto de capital vencido; $81,418.19 (ochenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos 19/100 moneda nacional) por concepto de pagos vencidos y el pago de gastos y costas. 2. De la demanda tocó conocer al Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, quien por auto de diecisiete de agosto de dos mil siete, la admitió a trámite bajo el número de expediente 757/2007 y ordenó girar exhorto al Juez competente en Acapulco, Estado de Guerrero, para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, en tanto que los demandados tienen su domicilio en esta Ciudad, exhorto registrado con el número 89-3/07, y recibido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en Guerrero, el veinticinco de septiembre de dos mil siete. 3. El veintitrés de octubre de dos mil siete, se realizó a través de cedula de notificación el emplazamiento de la demandada Ana Isabel Rendón Macedo. 4. Por escrito de nueve de noviembre de dos mil siete, dirigido al Juez Vigésimo Primero de lo Civil de México, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), y presentado ante Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, los demandados dieron contestación a la demanda instaurada en su contra por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en el juicio hipotecario 757/2007. 5. Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil siete, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil, en la Ciudad de México, tuvo por devuelto el exhorto debidamente diligenciado. 6. En proveído de once de enero de dos mil ocho, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra y perdido su derecho para hacerlo, se señaló día y hora para la audiencia de ley, de depuración del procedimiento, desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia. 7. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el quince de febrero de dos mil ocho, se dictó sentencia definitiva. Con base en lo anterior, se sostiene que la hoy quejosa no tiene el carácter de tercero extraño al juicio especial de desahucio número 757/2007, con el que se ostenta en la demanda de amparo, no obstante que en ella haya señalado que no fue oída ni vencida en juicio, por no haber sido emplazada, o emplazada indebidamente, pues como se dijo con anterioridad, tuvo conocimiento de la existencia del citado juicio de primera instancia seguido en su contra antes de que se dictara la sentencia definitiva, lo que se advierte de las constancias antes analizadas, toda vez que el nueve de noviembre de dos mil siete, compareció a dicho proceso judicial a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y por ende, estuvo en aptitud de acudir a dicho juicio a deducir sus derechos. Lo antes precisado, basta para que la quejosa pierda el carácter de tercero extraña a juicio por equiparación que en esta vía constitucional ostenta, en virtud de que se integró a la relación procesal para ejercer su garantía de audiencia e interponer los recursos previstos por la legislación que rige el juicio de origen (como sería el incidente de nulidad de actuaciones en términos de lo previsto en los artículo 74, 76, 78 y 88, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (Ciudad de México); incluso, al haber realizado manifestaciones en torno a la demanda instaurada en su contra, mediante el escrito de contestación a la misma de nueve de noviembre de dos mil siete; la notificación surtió sus efectos como si estuviese legítimamente hecha, ello acorde con previsto por el artículo 76 de la legislación en cita; de ahí que no se actualiza el supuesto a que alude el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo supra transcrito. En efecto, la peticionaria del amparo no tiene el carácter de tercero extraña a juicio, pues se manifestó en el juicio 757/2007, al haber dado contestación a la demanda; porque contrario a lo manifestado en el incidente de objeción de documento que hizo valer en este juicio de amparo, la firma que calza el escrito de nueve de noviembre de dos mil siete, sí corresponde a Ana Isabel Rendón Macedo, lo que se acredita con el dictamen emitido por la perito oficial en materia de grafoscopía. En ese tenor, si la peticionaria del amparo tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, del Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, Materia Común, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Al decretarse el sobreseimiento, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página cuarenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se hace la y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo demás en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se declara infundado el incidente objeción, planteado por la quejosa en los términos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio número 1074/2016, promovido por ANA ISABEL RENDÓN MACEDO, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el trece de septiembre de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe..... "; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO ENAUTO D EFECHA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE...
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