Ana Isabel Raymond Iglesias
Expediente 72/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2018
Partes del expediente
- Ana Isabel Raymond Iglesias
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se ordenó la notificación personal del auto por el que se desechó la demanda de amparo, al peticionario, sin que al día de la fecha obre constancia en autos de dicha notificación. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones que retrasen el curso del presente asunto, se solicita al actuario de la adscripción a fin de inmediato realice la diligencia encomendada en auto de veitiseis de enero de dos mil dieciocho. Cúmplase.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintiseis de enero de dos mil dieciocho: "Téngase a **********, por si y en representación de su menor hija de iniciales ****, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en cada uno de los puntos señalados en el mismo, esto es en auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho. En tal panorama, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del citado escrito, téngase la quejosa dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos; y por tanto, promoviendo la demanda por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ***. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a *******, en representación de su menor hija de iniciales ****, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar en la ciudad de Querétaro y otra autoridad. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis e intelección integral de la demanda de amparo y su desahogo, se extraen los siguientes actos reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar en la Ciudad de Querétaro, Querétaro y al Actuario de su adscripción: "PRIMERO.- El auto de fecha 10 de Enero de 2018, notificado de manera personal el día 18 de Enero de 2018, donde señala "se reitera el régimen de convivencias decretadas en auto de fecha 11 de octubre de 2017". Es decir, "se varían las convivencias provisionales entre el C. *****y la Menor ******para que en lo sucesivo las mismas se lleven a cabo los días miércoles de cada semana en un horario de 16:00 a 18:30 horas, así como los sábados primero y tercero de cada mes en un horario de 10:00 a 14:00 horas en el Centro de Convivencias Familiares de la Unidad de Psicología del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un periodo de seis meses." El A Quo deja de observar que debido a la conducta desplegada por la parte demandada a saber, **********, por la posible comisión del delito de abusos deshonestos contra mi menor hija **********, se han suspendido las convivencias desde hace más de dos años, lo cual ha ocasionado que mi menor hija, ya no tenga presente la figura paterna, a quien incluso a la fecha ha dejado de nombrar o señalar, salvo para manifestar el daño que le causo, tal como se advierte de las constancias de sus contención psicológica que está recibiendo con la Lic. ***************, quien día a día, ha venido apoyando a mi menor hija a sobrellevar el trauma recibido durante las convivencias en las que se le permitió pernoctar con su progenitor. SEGUNDO. El auto de fecha 10 de Enero de 2018, notificado de manera personal el día 18 de Enero de 2018, donde señala "se reitera el régimen de convivencias decretadas en auto de fecha 11 de octubre de 2017". Auto que es dictado sin tomar en consideración los riesgos a los que se expone a mi menor hija, dejando de velar en todo momento por el interés superior de mi hija **********." Ahora bien, cabe precisar que de la certificación de cuenta se advierte que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advirtió que existe el juicio de amparo 77-2017 promovido por **********, en representación de su menor hija de iniciales ****, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar en la ciudad de Querétaro y otra autoridad, dictados dentro del expediente 1499-2015. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Así, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la peticionaria, contra los actos precisados, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto reclamado fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria federal. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de la Materia establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo, es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De lo transcrito se aprecia, que en la citada fracción se contempla la improcedencia del juicio constitucional, cuando se promueva contra: a) resoluciones emitidas en los juicios de amparo; o, b) de aquellas que se pronuncien en ejecución de las mismas. En el asunto que se analiza interesa la segunda de las hipótesis mencionadas, que se refiere a aquellas resoluciones que emiten las autoridades responsables en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, en la que el órgano constitucional no les dejó plenitud de jurisdicción para resolver, sino que las dejó constreñidas a realizar determinadas y precisas acciones estableciendo los lineamientos para su emisión, ya sea para cumplir con el fallo protector emitido en un juicio de amparo o porque después de analizada el punto toral de la litis se negó el solicitado por cumplir con los requisitos de legalidad que todo acto de autoridad debe contener. Esto es, la hipótesis en mención se refiere a aquellas resoluciones en que la autoridad responsable no tiene libertad de decisión, sino que su pronunciamiento se acota a lo resuelto por el órgano jurisdiccional federal, de manera que el actuar de la responsable en ese sentido, ya no puede ser objeto de análisis en un diverso juicio de amparo que se promueva en su contra, pues de hacerlo, se afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para las partes. En el caso se estima actualizada la citada causa de improcedencia, pues Ahora bien, es un hecho notorio de la existencia del juicio de amparo 77-2017 del índice de este Juzgado de Distrito, en consulta en la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual se tiene a la vista, de conformidad con el artículo 88 de la legislación civil supletoria, en el que de sus constancias, se desprende lo siguiente: 1. El trece de enero de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dictó un proveído dentro de los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1499-2015, promovido por ********* contra ***********, a través del cual se pronunció respecto al régimen de convivencias entre el progenitor no custodio y la menor hoy quejosa. 2. Inconforme con lo anterior, la progenitora de la menor promovió juicio de amparo indirecto en representación de esta última, del cual tocó conocer a este Juzgado Federal, radicándose con el número 77-2017; en el que mediante sentencia de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección, bajo los siguientes argumentos: ".La parte quejosa reclama el dictado del auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1499-2015, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario promovieron el aquí tercero interesado y la impetrante; mediante el cual el juez responsable estableció un régimen de convivencias provisionales entre el aludido tercero interesado y la menor aquí quejoso. Se duele de que la determinación reclamada vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, particularmente la garantía de audiencia y legalidad, en virtud de que el juez responsable dictó la resolución reclamada sin tomar en consideración todas las constancias que integran la averiguación previa número IV-D-38-2016 y menos el segundo peritaje elaborado por la Licenciada **********, pues únicamente toma en consideración el primer peritaje elaborado, que fue emitido antes que sucedieran los abusos deshonestos que han dejado marcada a la menor. Asimismo, omite valorar la declaración ministerial de la menor vertido en su segundo interrogatorio de once de abril de dos mil dieciséis, el cual se realiza en presencia de la licenciada ***************y la psicóloga ************, personal adscrito a la Unidad de Prevención del Delito y Asistencia a la Víctima de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se pone de manifiesto la conducta desplegada por el imputado, -aquí tercero interesado. Por otra parte, se deja de observar la solicitud de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Querétaro, en el sentido de reservar el derecho de convivencias y suspender las que se encuentren decretadas hasta en tanto se resuelva la causa penal; del mismo modo, señala la impetrante de garantía, que el juez del conocimiento omitió valorar la constancia médica de siete de abril de dos mil dieciséis en la que se afirma que la menor presentó eritema periorectal (rozaduras en el ano). Del mismo modo, se señala que la autoridad responsable dejó de observar la existencia de un incidente de inconformidad por la determinación del no ejercicio de la acción penal, es decir, que la causa aún no ha sido resuelta; por otra parte, el argumento del Juez del conocimiento en el sentido que las convivencias no reportan riesgo alguno a la integridad de la menor, es errónea, pues se limita exclusivamente a la integridad física pasando por alto la integridad emocional, puesto que debía resultar meridianamente claro que la sola exposición de la víctima con su agresor resulta ser una nueva victimización. Finalmente, disiente en que la responsable transgrede el principio del interés superior del menor contenido en la Carta Fundamental y demás ordenamientos jurídicos aplicables como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues el respeto de ese principio, es con el objetivo de que el infante no resulte afectado de manera psicológica; de modo que al ordenarse las convivencias se pone en riesgo la integridad del menor quejoso y de su interés superior ya que al existir un peligro hacia éste está justificada la suspensión del derecho a las convivencias. Aún suplidos en su deficiencia, no lleva razón la quejosa en los motivos de disenso sintetizados, por las razones siguientes. En el caso del primer concepto de violación, este juzgador estima que el artículo 14 constitucional, cuya trasgresión es imputada a la autoridad responsable, establece en lo que interesa lo siguiente: (Se transcribe) Lo anterior significa que para los efectos de este precepto, un acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de los derechos del gobernado, de modo que no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se tratan de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Luego, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación", en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, pues para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. De manera que en el caso justiciable, no puede conculcarse en perjuicio de la parte quejosa el numeral indicado, dado que la decisión del juez responsable de establecer un régimen de convivencias entre la menor quejoso y su progenitor no custodio lo fue de carácter provisional, precisamente para ser aplicado durante la substanciación del juicio hasta que se emitiera sentencia en que se estableciera uno definitivo; y en esa medida, lo infundado de su aserto estriba en que la decisión adoptada en modo alguno puede revestir la naturaleza de un acto privativo como de los que se ha hablado. Es ilustrativo al caso, la jurisprudencia número 40-1996 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo IV, de la Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a julio de 1996, que a letra dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.". (Se transcribe). Así también, la diversa jurisprudencia P.J. 21-98, del citado Pleno del Alto Tribunal del País, visible en la página 18, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196727, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.". (Se transcribe). De ahí que, no sea fundado el alegato de la quejosa para tildar de inconstitucional por inobservancia a la garantía de audiencia al momento en que se adopta la decisión de establecer un régimen provisional de convivencias entre la menor quejosa y su progenitor no custodio. Ahora, en cuanto a los restantes conceptos de violación hechos valer, este órgano de control constitucional los estima infundados, para lo cual precisa realizar las siguientes consideraciones. En primer lugar, se aprecia del natural que lo decidido por el juez responsable se encuentra regido en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: (Se transcribe) En efecto, el principio de legalidad implícito en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de autoridad, a que deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y motivación, esto es, que justifican la validez jurídica del acto de molestia que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. La fundamentación legal del acto de autoridad que origine la molestia permitida por el artículo 16 constitucional, debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, esto es, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una privación de la libertad o algún derecho a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por lo que ve a la motivación de la causa legal del procedimiento, significa que la autoridad está obligada a exponer las razones, causas que la motivaron para emitir el acto de molestia que a su vez encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Entonces, motivar el acto de autoridad significa adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria, al caso concreto donde vaya a operar, para lo cual, la autoridad responsable debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación de la ley al caso concreto, esto es, deben manifestarse los hechos, circunstancias y causas que de manera objetiva encuadren dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Los conceptos de fundamentación y motivación del acto de autoridad fueron definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 73, publicada en la página 52, del Tomo III, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto refieren: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.". (Se transcribe). Explicado lo anterior, esta potestad federal observa ajustada al orden constitucional la decisión del juez responsable en establecer un régimen de convivencias entre el menor quejoso y su progenitor no custodio, y para ello, conviene traer a colación su literalidad: (Se transcribe). En primer lugar, de lo reproducido se observa que se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 Constitucional, en virtud de que lo decidido en el auto reclamado se revela adoptado por una autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones como lo es el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, aquí responsable, dado que por el carácter de instructor que tiene en el de origen está obligado a preservar los derechos de las partes previo a la dilucidación de la cuestión de fondo que le fue planteada, incluyendo entre ello, el derecho de la menor de edad involucrada; por lo que deviene incuestionable que lo reclamado proviene de un ente jurídico competente, máxime que por tenerse a la vista, se ve claramente su forma escrita. En segundo término, la decisión adoptada por el juez responsable en cuanto a fijar un régimen de convivencias como el combatido, a juicio de este juzgador, en modo alguno puede importar violación de derechos fundamentales en el aspecto de ausencia de fundamentación y motivación de esa determinación. Es así, porque tratándose de resoluciones jurisdiccionales como la aquí combatida, el principio de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del o los preceptos, pues dentro del examen de la litis basta con que se dé o den los razonamientos que involucren propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. Ello implica que no obstante la posible falta de formalidad que pudiera darse de mencionar de manera expresa el o los preceptos en que se funde la decisión que se adopte en un acto de autoridad como el reclamado, ésta puede dispensarse cuando la motivación lleva implícita su fundamento, esto es, cuando de la resolución se desprende con claridad los dispositivos legales en que se basó. Ilustra a esto último, la tesis del Tribunal en Pleno del País, de número P. CXVI-2000, publicada en la página 143, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.". (Se transcribe). Por lo que, en casos como el justiciable donde quien acude a esta instancia constitucional cuenta con el carácter de partes en el procedimiento jurisdiccional de origen, no puede hablarse de falta de fundamentación del acto combatido, porque si bien el principio de legalidad exige que las autoridades deban emitir sus actos de manera fundada, esto es, que se realice cita en el texto del documento en que se plasme el actuar de la autoridad respecto al dispositivo en que se apoye lo decidido por el ente de Estado; su observancia admite ser cumplida de forma diversa para las autoridades jurisdiccionales. Esto, porque los entes especializados como el resolutor de primer grado emiten sus actos dentro de un contexto procesal en que las partes a quienes van dirigidos sus actuaciones conocen la normatividad que sirve de fundamento, de donde sólo se exige que deban expresar los motivos y circunstancias esenciales mediante los cuales se deduzca cuál es el normativo que sirvió de apoyo a la autoridad, lo que en la especie, como se aludió en párrafos precedentes, así se aprecia en la resolución tildada de inconstitucional. Ilustra al particular, por analogía, la jurisprudencia VII.1o.P. J-48 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 837, Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184886, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.". (Se transcribe). Luego, si en la especie justiciable el instructor responsable determinó establecer un régimen provisional de convivencias entre la menor quejosa y su progenitor no custodio; es correcto que su decisión la haya adoptado en términos de los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 19 de la Convención Americana de los Derecho Humanos y Declaración de los Derechos del Niño. Para entender lo anterior conviene a traer a colación algunas notas distintivas del principio del interés superior del menor mencionado, así como del derecho de todo infante a convivir con sus progenitores, en especial, con el no custodio. En cuanto a lo primero, se tiene que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, establece: (Se transcribe). En lo que interesa, el numeral transcrito dispone que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en la ley fundamental, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección. Reconoce la figura de la "interpretación conforme", al señalar que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar de conformidad con los fines y valores presentes en la propia Constitución y tratados internacionales. Al propio tiempo, en el párrafo segundo, el constituyente recogió el principio de interpretación "pro persona", plenamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de su protección y tutela. Este principio supone que, cuando existan diversas interpretaciones posibles de una norma jurídica, debe preferirse aquella que ofrezca una mayor protección al titular de un derecho humano; de igual forma, cuando en un caso concreto puedan aplicarse dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que salvaguarde de mejor manera el derecho protegido, antes que cualquier otra consideración. Ilustra sobre este principio la jurisprudencia 1a.107-2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 799, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002000, que se lee: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.". (Se transcribe). Así como la tesis I.4o.A.441 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2385, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180294, cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN." (Se transcribe). Ahora bien, el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, reconoce de manera expresa el principio del interés superior del menor, en los siguientes términos: (Se transcribe). En la norma transcrita el Constituyente estableció que el Estado Mexicano deberá cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de los niños. Por su parte, dicho principio constitucional encuentra congruencia con lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño de cuyo articulado que enseguida se transcribe, se aprecia que cualquier medida que tomen los tribunales, relacionada con infantes, debe tener en cuenta de forma primordial el interés superior de éstos: (Se transcribe). Así también, debe tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número oc-17-2002, intitulada "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", emitida el veintiocho de agosto de dos mil dos, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el interés superior del menor es un ". principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño"; que ". la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento.". De igual forma, dicho organismo interamericano agregó que tal principio se trata de un criterio al que ".han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos", señaló que ".en el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere 'cuidados especiales', y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir 'medidas especiales de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica, en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia" y que "era preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño". Razonamientos que se traen a colación como orientadores en el presente asunto, pues su aplicación resulta más favorable a la persona, según lo establecido por el Pleno del Más Alto Tribunal de Justicia del país en la jurisprudencia P-J. 21-2014 (10), visible en la página 204, del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2006225, que dice: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". (Se transcribe). Ahora, en el ámbito interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que: ".en términos de los artículos 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño". Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a.J. 25-2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 159897, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.". (Se transcribe). Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en el campo jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, lo cual implica la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Lo anterior, porque ha referido el citado órgano de Justicia Federal que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Así lo plasmó en la tesis 1a. XV-2011, consultable en la página 616, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162807, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.". (Se transcribe). En ese contexto, el principio del interés superior del niño constituye una garantía de vigencia de la satisfacción de los derechos de éstos, es decir, el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran obligadas por éstos. Por lo que, la función hermenéutica de dicho principio permite interpretar sistemáticamente los derechos propios de la infancia reconociendo su carácter integral, ya que su ejercicio conjunto y satisfacción simultánea son la base para el desarrollo integral del niño y lograr el "nivel de vida adecuado" a que alude el punto 1, del reproducido artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, para alcanzar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Máxime que, la preservación del principio del interés superior del menor se ha visto salvaguardado a nivel federal a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de cuyo articulado que enseguida se transcribe, se revela el deber de todas las autoridades en la observancia de dicho principio: (Se transcribe). Espíritu proteccionista del principio en estudio que encuentra su materialización en el Estado de Querétaro, en los artículos 23, 93, 262 fracción III, 631, 632, 633 del Código Civil del Estado de Querétaro, que disponen lo siguiente: (Se transcribe). Así, las letras las reproducidas, en lo esencial, reiteran lo que ya se había precisado en torno a la prevalencia que debe existir tratándose de la protección del menor cuando deba decidirse sobre la subsistencia o goce de algún derecho relacionado directamente con su persona, de donde -por ello- el legislador de Querétaro autoriza a los juzgadores para que puedan ejercer facultades discrecionales cuando tengan que decidir algún aspecto de la característica señalada, debiendo observar siempre el interés superior del menor, no obstante que se trate de asuntos con la naturaleza de firmes, porque en esos casos pueden alterarse y modificarse las circunstancias que pudieron motivar la decisión adoptada. Robustece lo anterior, por las razones que la informan, el criterio sostenido en la tesis del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada con el número XXXI.12 C (10a.), visible en la página 1295, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003913, que dice: "ALIMENTOS DE MENORES EN EL JUICIO SUMARIO CIVIL. NO PRECLUYE EL DERECHO DE CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE ÉSTOS EN CUALQUIER ETAPA, SE HAYAN IMPUGNADO O NO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).". (Se transcribe). Precisados los alcances de la obligación de todas las autoridades del país de tutelar los derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 1 de la Carta Magna, así como los alcances del principio del interés superior del menor reconocido en el artículo 4 constitucional y en los tratados internacionales; lo conducente es acotar lo referente al derecho de los niños a convivir con sus padres. En efecto, la convivencia del infante con sus progenitores constituye un derecho de ambos que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del niño, para que reciba de ellos afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, cuestión de orden público e interés social. Véase al respecto la jurisprudencia 1a.J. 97-2009, de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en la página 176, del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165495, que dice: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.". (Se transcribe). De ahí que, la consolidación de los sentimientos paterno o materno-filiales, el contacto con sus progenitores, la cohesión efectiva y eficaz de los vínculos familiares de esta índole, propenden, normalmente, a una estructuración más sólida y equilibrada del infante en sus diferentes aspectos (mental, emocional, físico y espiritual). El fundamento de este derecho reside en elementales principios de derecho natural, en la necesidad de cultivar el afecto, de estabilizar los vínculos familiares, buscar su subsistencia real, efectiva y eficaz, mediante él se procura que el vínculo paterno-filial se proyecte desde el mero aspecto formal del título de estado, a la vida real. Así, la figura del padre o madre adquiere una dimensión humana, que le otorga al hijo un progenitor visible, accesible, tangible, que evita que con el correr del tiempo éste se transforme en un extraño, y que sólo lo una un vínculo jurídico sin significación esencial; de lo contrario, de no concebirse así el derecho de todo menor a convivir con sus progenitores, carecerían de sentido todas aquellas disposiciones legales de índole nacional o internacional que aluden al respeto del derecho del infante que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones y contacto directo con sus progenitores de modo regular. Al menos, ese es el sentido que se desentraña del contenido de los reproducidos artículos 262 y 631 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, aplicables al caso justiciable y que en esencia establecen, por un lado, que en la sentencia de divorcio se fijará la situación de los hijos menores de edad, para lo cual deberá contener, entre otros, las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus padres, estableciendo las sanciones correspondientes para el caso de incumplimiento y resistencia; y por el otro, el que los jueces competentes gozarán de facultades discrecionales en todo lo referente a la familia y a los menores, garantizando el interés superior de éstos, con el objeto de que los padres o tutores cumplan con sus deberes familiares, pero siempre fundarán y motivarán las resoluciones y medidas que adopten. Disposiciones locales que en términos generales, se insiste, establecen el derecho de convivencia que tienen tanto los padres como los hijos, siempre en protección del interés superior del menor de edad. De modo que, trasladadas las anteriores consideraciones al caso concreto, al realizarse una interpretación conforme de la fracción III del artículo 262 y el 631 del Código Civil del Estado de Querétaro, en armonía con lo dispuesto en los artículos 4 Constitucional y el diverso arábigo 7 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se puede concluir que el Estado debe garantizar en todo momento el desarrollo de la convivencia de los niños con sus padres, aun cuando éstos se encuentren separados, con el propósito de contribuir a su sano crecimiento emocional y afectivo. Bajo esa premisa y buscando proteger en todo momento el interés superior del menor, en los términos acotados, se puede sostener que el establecimiento de un régimen provisional de convivencias entre un menor de edad con su progenitor no custodio con la finalidad de lograr el acercamiento de este último con su menor hijo, corresponde a la autoridad jurisdiccional traducida en su obligación de analizar todas las circunstancias particulares del caso, esto es, tiene el deber legal de velar porque el régimen de convivencia deba desarrollarse a plenitud sin condicionamiento alguno, en aras de lograr la protección, estabilidad personal y emocional del niño, para que reciba de sus padres afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad. Lo cual en la especie justiciable, como se adelantó, se revela observado por parte de la autoridad responsable en la determinación reclamada, ya que es obligación de tal tipo de autoridades que en el ámbito de su competencia, velen en todo momento por el interés superior del menor, y que en los casos de éstos que se encuentren involucrados en una contienda judicial como la de origen, dicha obligación constitucional la compelía a garantizar la plena subsistencia del derecho que tienen a mantener una convivencia con sus progenitores (ya sea custodio o no), sin condicionamiento alguno a la realización de medios de prueba, cuando las circunstancias del caso no han variado al menos hasta el momento de instar el presente juicio constitucional. De modo que, deviene infundado el aspecto que alega la quejosa en cuanto a que el juez responsable al momento de dictar el auto combatido desatendió todas las constancias que integran la averiguación previa, el peritaje rendido por la licenciada Obdulia Odeth Arroniz, la declaración ministerial de la menor y la constancia médica; sin embargo, de las referidas constancias no se revelan datos que corroboren los hechos de riesgo en que se pudiera colocar al menor quejoso con el establecimiento de las convivencias supervisadas fijadas con su progenitor, que puedan obligar al juzgador responsable a recabar una diversa prueba pericial para estar en la seguridad de que el padre del menor ha dejado de representar un peligro para éste. Esto, porque en primer término, dentro de la averiguación previa obran los dictámenes en materia de psicología y de trabajo, social, en los cuáles se concluye que no se reportaron la presencia de alteraciones en hábitos de sueño, alimenticios, corporales o comportamientos que pudieran estar relacionados con alguna sistomatología relevante con los hechos que se investigan, asimismo, que la menor no refiere alguna agresión sexual, sólo jugar con su padre; medios de prueba que resultaron concluyentes para la determinación emitida por el Fiscal Especializado en Delitos Sexuales para establecer que se encontraba ante un caso de prueba insuficiente y por tanto, propuso el no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, si bien es cierto que los medios de prueba a que se refiere la quejosa, fueron de primera mano considerados para abrir la carpeta de investigación, también lo es que el fiscal al iniciar al etapa de investigación y allegarse de diversos medios de prueba para buscar la verdad de los hechos, es que recabó otros diversos que lo llevaron a concluir con el auto de no ejercicio de la acción penal; en ese sentido, no se desprenden datos que corroboren la situación se riesgo que la quejosa aduce podría colocarse a su menor hija por convivir con su padre, además no pasó desapercibido el hecho que el resultado de la indagatoria no se encuentre concluida, sin embargo, hasta este momento los medios de prueba que tomó en consideración son los que efectivamente subsisten. En ese sentido, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el Juez del conocimiento si analizó la totalidad de las constancias que bran en la indagatoria, pues ahí se encuentran las periciales a que nos hemos referido, y por lo que hace a la solicitud de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Querétaro, la misma es precisamente una opinión; sin embargo, en contra posición a la misma se encuentran datos de prueba que no la hacen viable. No debe perderse de vista que al menos hasta el estadío procesal analizado de las constancias del natural no se revelan insumos probatorios indicativos de un dato de prueba diverso que obligue a reconsiderar que el padre del menor represente un peligro para éste, en particular, que haya realizado actos de abuso psicológico o físico contra el infante que conlleven una revalorización a través de una nueva prueba psicológica a cargo del infante involucrado. Además, si se toma en consideración que la quejosa pierde de vista que el juez responsable, precisamente para preservar el interés superior del menor involucrado así como su bienes físico y emocional, fijó las convivencias provisionales entre el progenitor no custodio y aquél de forma supervisada, lo que implica que su desarrollo estará en todo momento vigilado por personal capacitado para evaluar tanto el comportamiento del hoy tercero interesado y el del menor quejoso así como la forma de su interacción. Esto denota vital relevancia, de tomar en cuenta que la estipulación del tipo de convivencias establecidas por el juez responsable hace destacar la ponderación que hizo entre el principio del interés superior del menor a ser salvaguardado de cualquier riesgo que implique afectación a su correcto desarrollo psico-emocional, en correlación al derecho que tiene a convivir con su progenitor no custodio; de modo que la decisión de preservar ambos aspectos a través de la fijación de un régimen de convivencias del tipo supervisadas, logran acceder a esa conciliación. Se estima así porque el desarrollo de este tipo de convivencias, como se dijo, implican que se lleven a cabo al interior del Centro de Convivencias Familiares del Estado de Querétaro (CECOFAMQRO), en donde se surte la posibilidad de que el juez responsable en aras de preservar el interés superior del menor está en la aptitud legal de solicitar una mayor y mejor participación del personal profesional que integra esa dependencia con el objetivo de lograr la finalidad apuntada, es decir, que se lleven a cabo tales convivencias en un contexto adecuado al menor salvaguardando en todo momento su bienestar, por encontrarse dentro de su ámbito competencial en términos de los artículos 2, fracción IV, inciso a); 6, 11 fracción II y 12, todos del Reglamento del Centro de Convivencias Familiares del Estado de Querétaro, que dicen: (Se transcribe). Lo que así se revela, máxime, que del propio auto reclamado se observa la intención del instructor responsable en preservar el interés superior del menor quejoso, cuando aduce que la variación en el régimen de convivencias implementado (supervisadas), dependerá del reporte que rinda el Departamento de Psicología en donde se informe lo relativo al restablecimiento del vínculo paterno-filial correspondiente entre el menor quejoso y su progenitor, acotando que no será hasta que ello ocurra, que se podrá fijar su desarrollo al exterior del centro de convivencias. De lo que se colige con ello, la previsión del resolutor de origen en no sólo salvaguardar el principio constitucional del interés superior del menor aludido durante la substanciación del procedimiento jurisdiccional en que se encuentra inmerso el menor quejoso, sino además, su obligación de hacer efectivo el derecho que este último tiene a convivir con su padre con la finalidad de construir esa relación filial sin la cual no se podrá materializar tal derecho. Máxime que con la decisión combatida, el juez responsable no sólo está previendo la satisfacción de un derecho natural e intrínseco del menor impetrante a relacionarse con su padre, por virtud de la separación material revelada de autos entre ellos por cuestiones procedimentales surgidas en el natural, que si bien no es el caso analizar por no constituir la materia litis de esta contienda constitucional, no puede hacer soslayar también el derecho del progenitor no custodio a convivir con su menor hija. Ello, ya que tal tipo de derecho se constituye en uno de carácter recíproco que debe ser tutelado por los órganos jurisdiccionales al estimarse como un derecho fundamental para el desarrollo del menor, de donde se sigue que tal derecho debe respetarse y otorgarse provisionalmente en asuntos como el de origen, con la finalidad de verse materializado durante la substanciación del juicio, lo que no implica que no pueda ser revalorizado al momento de dictarse sentencia definitiva en ese respecto, precisamente porque aun en el extremo de que no exista prueba alguna con la que se pueda decidir si tal convivencia es positiva o negativa para el desarrollo del menor, lo cierto es que el sólo transcurso del tiempo en que no se ha propiciado ese derecho, lógicamente trae consigo la existencia de una afectación en la conducta del infante, pero sin que ello sea suficiente para considerar que se pone en riesgo la integridad de la menor involucrada. Ilustra al particular, por las razones que la informan, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con Residencia en Morelia, Michoacán, en la tesis XI.1o.T.Aux.20 C, visible en la página 2383, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162742 que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. CUANDO EL MENOR SUFRA EL ABANDONO DEL PADRE POR UN LAPSO CONSIDERABLE, Y ÉSTE COMPARECE A DEMANDAR LA CONVIVENCIA CON SU HIJO, TAL DERECHO DEBE OTORGARSE PROVISIONALMENTE Y, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEBERÁ REVALORARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).". (Se transcribe). Sin que en el caso cobre eficacia lo alegado por la quejosa, en el sentido de que se vulnera el principio del interés superior del menor quejoso, al colocársele en un riesgo por establecerse un régimen de convivencias con su progenitor no custodio; habida cuenta que si bien el Alto Tribunal del País ha establecido que el aumento de riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la concurrencia de otro, de modo que el riesgo que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero; según se advierte del criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 1a. CVIII-2014 (10a.), visible en la página 538, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005919, que dice: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS.". (Se transcribe). No debe soslayarse, como se dijo con antelación, que en el natural no existe un dato revelador que evidencie que el establecimiento del régimen de convivencias provisionales fijado entre el menor quejoso y su padre constituya un riesgo para su desarrollo físico y psico-emocional, ya que se itera, el mismo se encuentra acotado a que se realicen de forma supervisada, en donde la vigilancia por parte del personal del centro de convivencias relativo se constituye en un medio para procurar su debido desarrollo por contar con personal capacitado (psicólogos), estableciéndose además, como obligación del juez responsable, la de rendir un reporte respecto a la evolución de las convivencias establecidas o cualquier otro aspecto vinculado a ello. Decisión, que por otro lado, como se dijo, se revela adoptada ponderando precisamente los antecedentes del caso derivados de la noticia de la existencia de una averiguación previa seguida contra el hoy tercero interesado por la denuncia de abuso sexual efectuada por la progenitora del menor, de cuya investigación realizada se recabaron diversos medios de prueba (periciales) que si bien no fueron concluyentes en la comprobación de dato alguno que robusteciera la noticia criminal denunciada. Por lo que el establecimiento del régimen de convivencias provisionales fijadas de forma supervisada, en modo alguno puede estar supeditado al desahogo de las probanzas que la quejosa refiere, cuando en el caso las condiciones de apreciación de las pruebas existentes no ha variado por virtud de la tenencia material que la madre de la menor quejosa ha mantenido hasta la fecha, lo cual, tampoco es impedimento para que de estimarlo necesario el juez responsable en uso de sus facultades legales por estarle permitido recabe de oficio las pruebas que crea convenientes para seguir preservando el bienestar físico, psíquico y emocional del menor quejoso. Cobra aplicación en ese respecto, la tesis II.3o.C.4 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1502, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002891, que dice: "RÉGIMEN DEFINITIVO DE CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL. PUEDE DESARROLLARSE FUERA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SI NO CONSTITUYE UN RIESGO PARA EL INFANTE.". (Se transcribe). Así también, ilustra al caso, la jurisprudencia I.5o.C. J-28, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 965, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161869, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR.". (Se transcribe). Máxime que la necesidad de recabar otros medios de prueba para determinar la procedencia de un régimen de convivencias en función de procurar el bienestar de un menor de edad involucrado en una contienda judicial, como lo sería la práctica de una pericial en materia de psicología a cargo de éstos, se concibe como la última ratio para decidir mediante ella y de forma definitiva el establecimiento o vigencia de un derecho -como lo es el de convivir con sus progenitores-, cuando de la propia substanciación del juicio se hayan revelado circunstancias materiales que podrían poner en riesgo la integridad física y emocional del infante con la fijación definitiva de ese derecho, precisamente porque tal determinación se entiende prolongada en el tiempo en donde su establecimiento exige per se un rango de prueba elevado para su fijación, lo que en el caso justiciable no ha acontecido. De modo que si en la especie que se resuelve no existe evidencia palpable que sea indicativa de que las convivencias decretadas en el natural acarrean un riesgo al bienestar del menor, el cual incluso, como se dijo, en todo caso se revela previsto por el instructor al haberlas ordenado de manera supervisada, y sí por el contrario, se advierte que las así implementadas tienen el carácter provisional y no así de definitivas; es inconcuso que su establecimiento no requiere hasta el momento de mayor elemento probatorio diverso a los ya existentes, y en esa medida, deviene ineficaz el motivo de disenso así esgrimido. Orientan este respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia II.2o.C. J-17 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1548, del Tomo XIX, Mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181529, que dice: "MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).". (Se transcribe). En ese contexto, al estimarse ineficaces los motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Ana Isabel Raymond Iglesias, en representación de su menor hija de iniciales M.M.R., en contra del acto que reclamó del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, con sede en esta ciudad. ." 3. En contra de dicha determinación, la progenitora y la menor quejosa promovieron recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con el número 228-2017, donde por sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo que fuera solicitado. 4. En mérito de lo anterior y ante la solicitud realizada por el aquí tercero interesado, el Juez responsable el once de octubre de dos mil diecisiete, determinó restablecer el régimen de convivencias entre el progenitor no custodio y la menor quejosa que fuera decretado el trece de enero de la propia anualidad. 5. En auto de diez de enero de dos mil dieciocho, se reiteró el régimen de convivencias decretadas en auto de once de octubre de dos mil diecisiete. Acto que representa el reclamado en forma destacada en esta instancia. De lo relatado se obtiene, que el Juez responsable, emitió el auto de diez de enero de dos mil dieciocho (acto reclamado), en el que reiteró lo decretado en el diverso de once de octubre de dos mil diecisiete, en ejecución de una diversa sentencia de amparo, a saber lo resuelto en el juicio biinstancial 77-2017 del índice de este órgano jurisdiccional. Se dice lo anterior, en razón de que el órgano constitucional no dejó plenitud de jurisdicción al juez de origen para resolver, sino que en forma indirecta lo constriñó a restablecer el régimen de convivencias que fuera decretado el trece de enero del año en curso, pues después de analizar el fondo de la contienda se determinó que su pronunciamiento fue legal. En ese sentido, si el auto de diez de enero de dos mil dieciocho, reclamado en este juicio de amparo, se reiteró el régimen de convivencias decretadas en el diverso de once de octubre de dos mil diecisiete, necesariamente se emitió en acato a lo resuelto en la ejecutoria de amparo en revisión 228-2017, en la cual se negó el amparo respecto el pronunciamiento de las convivencias de la menor quejosa con su progenitor no custodio, y en dicho auto no se varió lo ahí determinado, sino que únicamente se restablecieron las ya pronunciadas; resulta incuestionable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicho acto ya no puede ser objeto de análisis a través del presente juicio de amparo, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de estudio en un juicio anterior, de tal manera que examinarlo en este nuevo amparo afectaría el principio de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para los gobernados. Sirve de apoyo, por referirse al tema analizado de la causa de improcedencia, la tesis de jurisprudencia 2a.J. 113-2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil quinientos veinticuatro, Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2001857, que textualmente establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ANÁLISIS Y EFECTOS CUANDO SE EXPRESAN CONTRA UN LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando se interpone demanda de amparo directo contra un laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la cual no limitó expresamente la libertad jurisdiccional de la autoridad responsable, los conceptos de violación encaminados a controvertir alguna consideración o condena que únicamente fue reiterada en el nuevo laudo, ante la falta de impugnación por la parte afectada, deben desestimarse por inoperantes, pues el hecho de que el quejoso no la haya combatido la primera vez que se resolvió contra sus intereses, implica su consentimiento tácito; sin embargo, ello no conlleva la improcedencia del juicio de amparo porque el nuevo laudo no es consecuencia de la anterior resolución -aun cuando no haya sido recurrida- sino propiamente de la sentencia que ordenó su emisión, en cuyo cumplimiento el laudo anterior debió -necesariamente- dejarse insubsistente; entonces, un acto que ya no tiene vida jurídica no puede ser causa legal de sobreseimiento; además, en este caso, la nueva resolución podría abordar aspectos novedosos, por lo que no puede vedarse a las partes el derecho a inconformarse contra estos últimos. Por esas razones, independientemente del resultado del análisis de esos conceptos de violación, su estudio debe conducir a una resolución de fondo, esto es, a una en la que se niegue o conceda la protección federal solicitada. En cambio, cuando el laudo se emite en acatamiento de una ejecutoria de amparo respecto de la que no se dejó libertad jurisdiccional alguna a la autoridad responsable, una vez admitida la demanda -al no ser notoria su improcedencia- se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción II del numeral 73, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (Lo subrayado es propio). También ilustra lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI-2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2010008, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página: 307, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." Por tanto, si el acto reclamado es una reiteración a lo ordenado en la ejecutoria de amparo pronunciada en el diverso juicio biinstancial 77-2017, confirmada en el recurso de revisión civil número 228-2017, en la que no se dejó plenitud de jurisdicción al juzgador de origen, sino que al haberse negado se establecieron los lineamientos en los que el régimen de convivencias deben permanecer hasta en tanto prevalezca la misma situación, se actualiza la causa de improcedencia analizada y con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Ana Isabel Raymond Iglesias, por sí y en representación de su menor hija de iniciales M.M.R., con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1 Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a.J. 104-2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos seis, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a.J. 107-2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII-2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12-2009 de diecinueve de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido que subsiste el domicilio para oír y recibir notificaciones así como los autorizados precisados en el auto inicial. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.".
- Principal
Téngase a **********, por si y en representación de su menor hija de iniciales ****, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en cada uno de los puntos señalados en el mismo, esto es en auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho. En tal panorama, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del citado escrito, téngase la quejosa dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos; y por tanto, promoviendo la demanda por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ***. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a *******, en representación de su menor hija de iniciales ****, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar en la ciudad de Querétaro y otra autoridad. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis e intelección integral de la demanda de amparo y su desahogo, se extraen los siguientes actos reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar en la Ciudad de Querétaro, Querétaro y al Actuario de su adscripción: "PRIMERO.- El auto de fecha 10 de Enero de 2018, notificado de manera personal el día 18 de Enero de 2018, donde señala "se reitera el régimen de convivencias decretadas en auto de fecha 11 de octubre de 2017". Es decir, "se varían las convivencias provisionales entre el C. *****y la Menor ******para que en lo sucesivo las mismas se lleven a cabo los días miércoles de cada semana en un horario de 16:00 a 18:30 horas, así como los sábados primero y tercero de cada mes en un horario de 10:00 a 14:00 horas en el Centro de Convivencias Familiares de la Unidad de Psicología del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un periodo de seis meses." El A Quo deja de observar que debido a la conducta desplegada por la parte demandada a saber, **********, por la posible comisión del delito de abusos deshonestos contra mi menor hija **********, se han suspendido las convivencias desde hace más de dos años, lo cual ha ocasionado que mi menor hija, ya no tenga presente la figura paterna, a quien incluso a la fecha ha dejado de nombrar o señalar, salvo para manifestar el daño que le causo, tal como se advierte de las constancias de sus contención psicológica que está recibiendo con la Lic. ***************, quien día a día, ha venido apoyando a mi menor hija a sobrellevar el trauma recibido durante las convivencias en las que se le permitió pernoctar con su progenitor. SEGUNDO.- El auto de fecha 10 de Enero de 2018, notificado de manera personal el día 18 de Enero de 2018, donde señala "se reitera el régimen de convivencias decretadas en auto de fecha 11 de octubre de 2017". Auto que es dictado sin tomar en consideración los riesgos a los que se expone a mi menor hija, dejando de velar en todo momento por el interés superior de mi hija **********." Ahora bien, cabe precisar que de la certificación de cuenta se advierte que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advirtió que existe el juicio de amparo 77/2017 promovido por **********, en representación de su menor hija de iniciales ****, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar en la ciudad de Querétaro y otra autoridad, dictados dentro del expediente 1499/2015. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Así, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la peticionaria, contra los actos precisados, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto reclamado fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria federal. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de la Materia establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo, es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;(.)" De lo transcrito se aprecia, que en la citada fracción se contempla la improcedencia del juicio constitucional, cuando se promueva contra: a) resoluciones emitidas en los juicios de amparo; o, b) de aquellas que se pronuncien en ejecución de las mismas. En el asunto que se analiza interesa la segunda de las hipótesis mencionadas, que se refiere a aquellas resoluciones que emiten las autoridades responsables en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, en la que el órgano constitucional no les dejó plenitud de jurisdicción para resolver, sino que las dejó constreñidas a realizar determinadas y precisas acciones estableciendo los lineamientos para su emisión, ya sea para cumplir con el fallo protector emitido en un juicio de amparo o porque después de analizada el punto toral de la litis se negó el solicitado por cumplir con los requisitos de legalidad que todo acto de autoridad debe contener. Esto es, la hipótesis en mención se refiere a aquellas resoluciones en que la autoridad responsable no tiene libertad de decisión, sino que su pronunciamiento se acota a lo resuelto por el órgano jurisdiccional federal, de manera que el actuar de la responsable en ese sentido, ya no puede ser objeto de análisis en un diverso juicio de amparo que se promueva en su contra, pues de hacerlo, se afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para las partes. En el caso se estima actualizada la citada causa de improcedencia, pues Ahora bien, es un hecho notorio de la existencia del juicio de amparo 77/2017 del índice de este Juzgado de Distrito, en consulta en la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual se tiene a la vista, de conformidad con el artículo 88 de la legislación civil supletoria, en el que de sus constancias, se desprende lo siguiente: 1. El trece de enero de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dictó un proveído dentro de los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario 1499/2015, promovido por ********* contra ***********, a través del cual se pronunció respecto al régimen de convivencias entre el progenitor no custodio y la menor hoy quejosa. 2. Inconforme con lo anterior, la progenitora de la menor promovió juicio de amparo indirecto en representación de esta última, del cual tocó conocer a este Juzgado Federal, radicándose con el número 77/2017; en el que mediante sentencia de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección, bajo los siguientes argumentos: ".La parte quejosa reclama el dictado del auto de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1499/2015, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario promovieron el aquí tercero interesado y la impetrante; mediante el cual el juez responsable estableció un régimen de convivencias provisionales entre el aludido tercero interesado y la menor aquí quejoso. Se duele de que la determinación reclamada vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, particularmente la garantía de audiencia y legalidad, en virtud de que el juez responsable dictó la resolución reclamada sin tomar en consideración todas las constancias que integran la averiguación previa número IV-D/38/2016 y menos el segundo peritaje elaborado por la Licenciada **********, pues únicamente toma en consideración el primer peritaje elaborado, que fue emitido antes que sucedieran los abusos deshonestos que han dejado marcada a la menor. Asimismo, omite valorar la declaración ministerial de la menor vertido en su segundo interrogatorio de once de abril de dos mil dieciséis, el cual se realiza en presencia de la licenciada ***************y la psicóloga ************, personal adscrito a la Unidad de Prevención del Delito y Asistencia a la Víctima de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se pone de manifiesto la conducta desplegada por el imputado, -aquí tercero interesado-. Por otra parte, se deja de observar la solicitud de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Querétaro, en el sentido de reservar el derecho de convivencias y suspender las que se encuentren decretadas hasta en tanto se resuelva la causa penal; del mismo modo, señala la impetrante de garantía, que el juez del conocimiento omitió valorar la constancia médica de siete de abril de dos mil dieciséis en la que se afirma que la menor presentó eritema periorectal (rozaduras en el ano). Del mismo modo, se señala que la autoridad responsable dejó de observar la existencia de un incidente de inconformidad por la determinación del no ejercicio de la acción penal, es decir, que la causa aún no ha sido resuelta; por otra parte, el argumento del Juez del conocimiento en el sentido que las convivencias no reportan riesgo alguno a la integridad de la menor, es errónea, pues se limita exclusivamente a la integridad física pasando por alto la integridad emocional, puesto que debía resultar meridianamente claro que la sola exposición de la víctima con su agresor resulta ser una nueva victimización. Finalmente, disiente en que la responsable transgrede el principio del interés superior del menor contenido en la Carta Fundamental y demás ordenamientos jurídicos aplicables como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues el respeto de ese principio, es con el objetivo de que el infante no resulte afectado de manera psicológica; de modo que al ordenarse las convivencias se pone en riesgo la integridad del menor quejoso y de su interés superior ya que al existir un peligro hacia éste está justificada la suspensión del derecho a las convivencias. Aún suplidos en su deficiencia, no lleva razón la quejosa en los motivos de disenso sintetizados, por las razones siguientes. En el caso del primer concepto de violación, este juzgador estima que el artículo 14 constitucional, cuya trasgresión es imputada a la autoridad responsable, establece en lo que interesa lo siguiente: (Se transcribe) Lo anterior significa que para los efectos de este precepto, un acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de los derechos del gobernado, de modo que no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se tratan de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Luego, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación", en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, pues para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. De manera que en el caso justiciable, no puede conculcarse en perjuicio de la parte quejosa el numeral indicado, dado que la decisión del juez responsable de establecer un régimen de convivencias entre la menor quejoso y su progenitor no custodio lo fue de carácter provisional, precisamente para ser aplicado durante la substanciación del juicio hasta que se emitiera sentencia en que se estableciera uno definitivo; y en esa medida, lo infundado de su aserto estriba en que la decisión adoptada en modo alguno puede revestir la naturaleza de un acto privativo como de los que se ha hablado. Es ilustrativo al caso, la jurisprudencia número 40/1996 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo IV, de la Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a julio de 1996, que a letra dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.". (Se transcribe). Así también, la diversa jurisprudencia P./J. 21/98, del citado Pleno del Alto Tribunal del País, visible en la página 18, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196727, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.". (Se transcribe). De ahí que, no sea fundado el alegato de la quejosa para tildar de inconstitucional por inobservancia a la garantía de audiencia al momento en que se adopta la decisión de establecer un régimen provisional de convivencias entre la menor quejosa y su progenitor no custodio. Ahora, en cuanto a los restantes conceptos de violación hechos valer, este órgano de control constitucional los estima infundados, para lo cual precisa realizar las siguientes consideraciones. En primer lugar, se aprecia del natural que lo decidido por el juez responsable se encuentra regido en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: (Se transcribe) En efecto, el principio de legalidad implícito en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de autoridad, a que deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y motivación, esto es, que justifican la validez jurídica del acto de molestia que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. La fundamentación legal del acto de autoridad que origine la molestia permitida por el artículo 16 constitucional, debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, esto es, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una privación de la libertad o algún derecho a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por lo que ve a la motivación de la causa legal del procedimiento, significa que la autoridad está obligada a exponer las razones, causas que la motivaron para emitir el acto de molestia que a su vez encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Entonces, motivar el acto de autoridad significa adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria, al caso concreto donde vaya a operar, para lo cual, la autoridad responsable debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación de la ley al caso concreto, esto es, deben manifestarse los hechos, circunstancias y causas que de manera objetiva encuadren dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Los conceptos de fundamentación y motivación del acto de autoridad fueron definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 73, publicada en la página 52, del Tomo III, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto refieren: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.". (Se transcribe). Explicado lo anterior, esta potestad federal observa ajustada al orden constitucional la decisión del juez responsable en establecer un régimen de convivencias entre el menor quejoso y su progenitor no custodio, y para ello, conviene traer a colación su literalidad: (Se transcribe). En primer lugar, de lo reproducido se observa que se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 Constitucional, en virtud de que lo decidido en el auto reclamado se revela adoptado por una autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones como lo es el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, aquí responsable, dado que por el carácter de instructor que tiene en el de origen está obligado a preservar los derechos de las partes previo a la dilucidación de la cuestión de fondo que le fue planteada, incluyendo entre ello, el derecho de la menor de edad involucrada; por lo que deviene incuestionable que lo reclamado proviene de un ente jurídico competente, máxime que por tenerse a la vista, se ve claramente su forma escrita. En segundo término, la decisión adoptada por el juez responsable en cuanto a fijar un régimen de convivencias como el combatido, a juicio de este juzgador, en modo alguno puede importar violación de derechos fundamentales en el aspecto de ausencia de fundamentación y motivación de esa determinación. Es así, porque tratándose de resoluciones jurisdiccionales como la aquí combatida, el principio de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del o los preceptos, pues dentro del examen de la litis basta con que se dé o den los razonamientos que involucren propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. Ello implica que no obstante la posible falta de formalidad que pudiera darse de mencionar de manera expresa el o los preceptos en que se funde la decisión que se adopte en un acto de autoridad como el reclamado, ésta puede dispensarse cuando la motivación lleva implícita su fundamento, esto es, cuando de la resolución se desprende con claridad los dispositivos legales en que se basó. Ilustra a esto último, la tesis del Tribunal en Pleno del País, de número P. CXVI/2000, publicada en la página 143, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.". (Se transcribe). Por lo que, en casos como el justiciable donde quien acude a esta instancia constitucional cuenta con el carácter de partes en el procedimiento jurisdiccional de origen, no puede hablarse de falta de fundamentación del acto combatido, porque si bien el principio de legalidad exige que las autoridades deban emitir sus actos de manera fundada, esto es, que se realice cita en el texto del documento en que se plasme el actuar de la autoridad respecto al dispositivo en que se apoye lo decidido por el ente de Estado; su observancia admite ser cumplida de forma diversa para las autoridades jurisdiccionales. Esto, porque los entes especializados como el resolutor de primer grado emiten sus actos dentro de un contexto procesal en que las partes a quienes van dirigidos sus actuaciones conocen la normatividad que sirve de fundamento, de donde sólo se exige que deban expresar los motivos y circunstancias esenciales mediante los cuales se deduzca cuál es el normativo que sirvió de apoyo a la autoridad, lo que en la especie, como se aludió en párrafos precedentes, así se aprecia en la resolución tildada de inconstitucional. Ilustra al particular, por analogía, la jurisprudencia VII.1o.P. J/48 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 837, Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184886, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.". (Se transcribe). Luego, si en la especie justiciable el instructor responsable determinó establecer un régimen provisional de convivencias entre la menor quejosa y su progenitor no custodio; es correcto que su decisión la haya adoptado en términos de los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 19 de la Convención Americana de los Derecho Humanos y Declaración de los Derechos del Niño. Para entender lo anterior conviene a traer a colación algunas notas distintivas del principio del interés superior del menor mencionado, así como del derecho de todo infante a convivir con sus progenitores, en especial, con el no custodio. En cuanto a lo primero, se tiene que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, establece: (Se transcribe). En lo que interesa, el numeral transcrito dispone que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en la ley fundamental, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección. Reconoce la figura de la "interpretación conforme", al señalar que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar de conformidad con los fines y valores presentes en la propia Constitución y tratados internacionales. Al propio tiempo, en el párrafo segundo, el constituyente recogió el principio de interpretación "pro persona", plenamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de su protección y tutela. Este principio supone que, cuando existan diversas interpretaciones posibles de una norma jurídica, debe preferirse aquella que ofrezca una mayor protección al titular de un derecho humano; de igual forma, cuando en un caso concreto puedan aplicarse dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que salvaguarde de mejor manera el derecho protegido, antes que cualquier otra consideración. Ilustra sobre este principio la jurisprudencia 1a.107/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 799, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002000, que se lee: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.". (Se transcribe). Así como la tesis I.4o.A.441 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2385, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180294, cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN." (Se transcribe). Ahora bien, el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, reconoce de manera expresa el principio del interés superior del menor, en los siguientes términos: (Se transcribe). En la norma transcrita el Constituyente estableció que el Estado Mexicano deberá cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de los niños. Por su parte, dicho principio constitucional encuentra congruencia con lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño de cuyo articulado que enseguida se transcribe, se aprecia que cualquier medida que tomen los tribunales, relacionada con infantes, debe tener en cuenta de forma primordial el interés superior de éstos: (Se transcribe). Así también, debe tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número oc-17/2002, intitulada "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", emitida el veintiocho de agosto de dos mil dos, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el interés superior del menor es un ". principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño"; que ". la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento.". De igual forma, dicho organismo interamericano agregó que tal principio se trata de un criterio al que ".han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos", señaló que ".en el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere 'cuidados especiales', y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir 'medidas especiales de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica, en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia" y que "era preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño". Razonamientos que se traen a colación como orientadores en el presente asunto, pues su aplicación resulta más favorable a la persona, según lo establecido por el Pleno del Más Alto Tribunal de Justicia del país en la jurisprudencia P/J. 21/2014 (10ª), visible en la página 204, del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2006225, que dice: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". (Se transcribe). Ahora, en el ámbito interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que: ".en términos de los artículos 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño [.]; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño". Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 159897, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.". (Se transcribe). Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en el campo jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, lo cual implica la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Lo anterior, porque ha referido el citado órgano de Justicia Federal que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Así lo plasmó en la tesis 1a. XV/2011, consultable en la página 616, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162807, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.". (Se transcribe). En ese contexto, el principio del interés superior del niño constituye una garantía de vigencia de la satisfacción de los derechos de éstos, es decir, el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran obligadas por éstos. Por lo que, la función hermenéutica de dicho principio permite interpretar sistemáticamente los derechos propios de la infancia reconociendo su carácter integral, ya que su ejercicio conjunto y satisfacción simultánea son la base para el desarrollo integral del niño y lograr el "nivel de vida adecuado" a que alude el punto 1, del reproducido artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, para alcanzar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Máxime que, la preservación del principio del interés superior del menor se ha visto salvaguardado a nivel federal a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de cuyo articulado que enseguida se transcribe, se revela el deber de todas las autoridades en la observancia de dicho principio: (Se transcribe). Espíritu proteccionista del principio en estudio que encuentra su materialización en el Estado de Querétaro, en los artículos 23, 93, 262 fracción III, 631, 632, 633 del Código Civil del Estado de Querétaro, que disponen lo siguiente: (Se transcribe). Así, las letras las reproducidas, en lo esencial, reiteran lo que ya se había precisado en torno a la prevalencia que debe existir tratándose de la protección del menor cuando deba decidirse sobre la subsistencia o goce de algún derecho relacionado directamente con su persona, de donde -por ello- el legislador de Querétaro autoriza a los juzgadores para que puedan ejercer facultades discrecionales cuando tengan que decidir algún aspecto de la característica señalada, debiendo observar siempre el interés superior del menor, no obstante que se trate de asuntos con la naturaleza de firmes, porque en esos casos pueden alterarse y modificarse las circunstancias que pudieron motivar la decisión adoptada. Robustece lo anterior, por las razones que la informan, el criterio sostenido en la tesis del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada con el número XXXI.12 C (10a.), visible en la página 1295, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003913, que dice: "ALIMENTOS DE MENORES EN EL JUICIO SUMARIO CIVIL. NO PRECLUYE EL DERECHO DE CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE ÉSTOS EN CUALQUIER ETAPA, SE HAYAN IMPUGNADO O NO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).". (Se transcribe). Precisados los alcances de la obligación de todas las autoridades del país de tutelar los derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 1º de la Carta Magna, así como los alcances del principio del interés superior del menor reconocido en el artículo 4º constitucional y en los tratados internacionales; lo conducente es acotar lo referente al derecho de los niños a convivir con sus padres. En efecto, la convivencia del infante con sus progenitores constituye un derecho de ambos que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del niño, para que reciba de ellos afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, cuestión de orden público e interés social. Véase al respecto la jurisprudencia 1a./J. 97/2009, de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en la página 176, del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165495, que dice: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.". (Se transcribe). De ahí que, la consolidación de los sentimientos paterno o materno-filiales, el contacto con sus progenitores, la cohesión efectiva y eficaz de los vínculos familiares de esta índole, propenden, normalmente, a una estructuración más sólida y equilibrada del infante en sus diferentes aspectos (mental, emocional, físico y espiritual). El fundamento de este derecho reside en elementales principios de derecho natural, en la necesidad de cultivar el afecto, de estabilizar los vínculos familiares, buscar su subsistencia real, efectiva y eficaz, mediante él se procura que el vínculo paterno-filial se proyecte desde el mero aspecto formal del título de estado, a la vida real. Así, la figura del padre o madre adquiere una dimensión humana, que le otorga al hijo un progenitor visible, accesible, tangible, que evita que con el correr del tiempo éste se transforme en un extraño, y que sólo lo una un vínculo jurídico sin significación esencial; de lo contrario, de no concebirse así el derecho de todo menor a convivir con sus progenitores, carecerían de sentido todas aquellas disposiciones legales de índole nacional o internacional que aluden al respeto del derecho del infante que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones y contacto directo con sus progenitores de modo regular. Al menos, ese es el sentido que se desentraña del contenido de los reproducidos artículos 262 y 631 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, aplicables al caso justiciable y que en esencia establecen, por un lado, que en la sentencia de divorcio se fijará la situación de los hijos menores de edad, para lo cual deberá contener, entre otros, las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus padres, estableciendo las sanciones correspondientes para el caso de incumplimiento y resistencia; y por el otro, el que los jueces competentes gozarán de facultades discrecionales en todo lo referente a la familia y a los menores, garantizando el interés superior de éstos, con el objeto de que los padres o tutores cumplan con sus deberes familiares, pero siempre fundarán y motivarán las resoluciones y medidas que adopten. Disposiciones locales que en términos generales, se insiste, establecen el derecho de convivencia que tienen tanto los padres como los hijos, siempre en protección del interés superior del menor de edad. De modo que, trasladadas las anteriores consideraciones al caso concreto, al realizarse una interpretación conforme de la fracción III del artículo 262 y el 631 del Código Civil del Estado de Querétaro, en armonía con lo dispuesto en los artículos 4º Constitucional y el diverso arábigo 7º de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se puede concluir que el Estado debe garantizar en todo momento el desarrollo de la convivencia de los niños con sus padres, aun cuando éstos se encuentren separados, con el propósito de contribuir a su sano crecimiento emocional y afectivo. Bajo esa premisa y buscando proteger en todo momento el interés superior del menor, en los términos acotados, se puede sostener que el establecimiento de un régimen provisional de convivencias entre un menor de edad con su progenitor no custodio con la finalidad de lograr el acercamiento de este último con su menor hijo, corresponde a la autoridad jurisdiccional traducida en su obligación de analizar todas las circunstancias particulares del caso, esto es, tiene el deber legal de velar porque el régimen de convivencia deba desarrollarse a plenitud sin condicionamiento alguno, en aras de lograr la protección, estabilidad personal y emocional del niño, para que reciba de sus padres afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad. Lo cual en la especie justiciable, como se adelantó, se revela observado por parte de la autoridad responsable en la determinación reclamada, ya que es obligación de tal tipo de autoridades que en el ámbito de su competencia, velen en todo momento por el interés superior del menor, y que en los casos de éstos que se encuentren involucrados en una contienda judicial como la de origen, dicha obligación constitucional la compelía a garantizar la plena subsistencia del derecho que tienen a mantener una convivencia con sus progenitores (ya sea custodio o no), sin condicionamiento alguno a la realización de medios de prueba, cuando las circunstancias del caso no han variado al menos hasta el momento de instar el presente juicio constitucional. De modo que, deviene infundado el aspecto que alega la quejosa en cuanto a que el juez responsable al momento de dictar el auto combatido desatendió todas las constancias que integran la averiguación previa, el peritaje rendido por la licenciada Obdulia Odeth Arroniz, la declaración ministerial de la menor y la constancia médica; sin embargo, de las referidas constancias no se revelan datos que corroboren los hechos de riesgo en que se pudiera colocar al menor quejoso con el establecimiento de las convivencias supervisadas fijadas con su progenitor, que puedan obligar al juzgador responsable a recabar una diversa prueba pericial para estar en la seguridad de que el padre del menor ha dejado de representar un peligro para éste. Esto, porque en primer término, dentro de la averiguación previa obran los dictámenes en materia de psicología y de trabajo, social, en los cuáles se concluye que no se reportaron la presencia de alteraciones en hábitos de sueño, alimenticios, corporales o comportamientos que pudieran estar relacionados con alguna sistomatología relevante con los hechos que se investigan, asimismo, que la menor no refiere alguna agresión sexual, sólo jugar con su padre; medios de prueba que resultaron concluyentes para la determinación emitida por el Fiscal Especializado en Delitos Sexuales para establecer que se encontraba ante un caso de prueba insuficiente y por tanto, propuso el no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, si bien es cierto que los medios de prueba a que se refiere la quejosa, fueron de primera mano considerados para abrir la carpeta de investigación, también lo es que el fiscal al iniciar al etapa de investigación y allegarse de diversos medios de prueba para buscar la verdad de los hechos, es que recabó otros diversos que lo llevaron a concluir con el auto de no ejercicio de la acción penal; en ese sentido, no se desprenden datos que corroboren la situación se riesgo que la quejosa aduce podría colocarse a su menor hija por convivir con su padre, además no pasó desapercibido el hecho que el resultado de la indagatoria no se encuentre concluida, sin embargo, hasta este momento los medios de prueba que tomó en consideración son los que efectivamente subsisten. En ese sentido, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el Juez del conocimiento si analizó la totalidad de las constancias que bran en la indagatoria, pues ahí se encuentran las periciales a que nos hemos referido, y por lo que hace a la solicitud de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Querétaro, la misma es precisamente una opinión; sin embargo, en contra posición a la misma se encuentran datos de prueba que no la hacen viable. No debe perderse de vista que al menos hasta el estadío procesal analizado de las constancias del natural no se revelan insumos probatorios indicativos de un dato de prueba diverso que obligue a reconsiderar que el padre del menor represente un peligro para éste, en particular, que haya realizado actos de abuso psicológico o físico contra el infante que conlleven una revalorización a través de una nueva prueba psicológica a cargo del infante involucrado. Además, si se toma en consideración que la quejosa pierde de vista que el juez responsable, precisamente para preservar el interés superior del menor involucrado así como su bienes físico y emocional, fijó las convivencias provisionales entre el progenitor no custodio y aquél de forma supervisada, lo que implica que su desarrollo estará en todo momento vigilado por personal capacitado para evaluar tanto el comportamiento del hoy tercero interesado y el del menor quejoso así como la forma de su interacción. Esto denota vital relevancia, de tomar en cuenta que la estipulación del tipo de convivencias establecidas por el juez responsable hace destacar la ponderación que hizo entre el principio del interés superior del menor a ser salvaguardado de cualquier riesgo que implique afectación a su correcto desarrollo psico-emocional, en correlación al derecho que tiene a convivir con su progenitor no custodio; de modo que la decisión de preservar ambos aspectos a través de la fijación de un régimen de convivencias del tipo supervisadas, logran acceder a esa conciliación. Se estima así porque el desarrollo de este tipo de convivencias, como se dijo, implican que se lleven a cabo al interior del Centro de Convivencias Familiares del Estado de Querétaro (CECOFAMQRO), en donde se surte la posibilidad de que el juez responsable en aras de preservar el interés superior del menor está en la aptitud legal de solicitar una mayor y mejor participación del personal profesional que integra esa dependencia con el objetivo de lograr la finalidad apuntada, es decir, que se lleven a cabo tales convivencias en un contexto adecuado al menor salvaguardando en todo momento su bienestar, por encontrarse dentro de su ámbito competencial en términos de los artículos 2º, fracción IV, inciso a); 6º, 11 fracción II y 12, todos del Reglamento del Centro de Convivencias Familiares del Estado de Querétaro, que dicen: (Se transcribe). Lo que así se revela, máxime, que del propio auto reclamado se observa la intención del instructor responsable en preservar el interés superior del menor quejoso, cuando aduce que la variación en el régimen de convivencias implementado (supervisadas), dependerá del reporte que rinda el Departamento de Psicología en donde se informe lo relativo al restablecimiento del vínculo paterno-filial correspondiente entre el menor quejoso y su progenitor, acotando que no será hasta que ello ocurra, que se podrá fijar su desarrollo al exterior del centro de convivencias. De lo que se colige con ello, la previsión del resolutor de origen en no sólo salvaguardar el principio constitucional del interés superior del menor aludido durante la substanciación del procedimiento jurisdiccional en que se encuentra inmerso el menor quejoso, sino además, su obligación de hacer efectivo el derecho que este último tiene a convivir con su padre con la finalidad de construir esa relación filial sin la cual no se podrá materializar tal derecho. Máxime que con la decisión combatida, el juez responsable no sólo está previendo la satisfacción de un derecho natural e intrínseco del menor impetrante a relacionarse con su padre, por virtud de la separación material revelada de autos entre ellos por cuestiones procedimentales surgidas en el natural, que si bien no es el caso analizar por no constituir la materia litis de esta contienda constitucional, no puede hacer soslayar también el derecho del progenitor no custodio a convivir con su menor hija. Ello, ya que tal tipo de derecho se constituye en uno de carácter recíproco que debe ser tutelado por los órganos jurisdiccionales al estimarse como un derecho fundamental para el desarrollo del menor, de donde se sigue que tal derecho debe respetarse y otorgarse provisionalmente en asuntos como el de origen, con la finalidad de verse materializado durante la substanciación del juicio, lo que no implica que no pueda ser revalorizado al momento de dictarse sentencia definitiva en ese respecto, precisamente porque aun en el extremo de que no exista prueba alguna con la que se pueda decidir si tal convivencia es positiva o negativa para el desarrollo del menor, lo cierto es que el sólo transcurso del tiempo en que no se ha propiciado ese derecho, lógicamente trae consigo la existencia de una afectación en la conducta del infante, pero sin que ello sea suficiente para considerar que se pone en riesgo la integridad de la menor involucrada. Ilustra al particular, por las razones que la informan, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con Residencia en Morelia, Michoacán, en la tesis XI.1o.T.Aux.20 C, visible en la página 2383, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162742 que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. CUANDO EL MENOR SUFRA EL ABANDONO DEL PADRE POR UN LAPSO CONSIDERABLE, Y ÉSTE COMPARECE A DEMANDAR LA CONVIVENCIA CON SU HIJO, TAL DERECHO DEBE OTORGARSE PROVISIONALMENTE Y, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEBERÁ REVALORARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).". (Se transcribe). Sin que en el caso cobre eficacia lo alegado por la quejosa, en el sentido de que se vulnera el principio del interés superior del menor quejoso, al colocársele en un riesgo por establecerse un régimen de convivencias con su progenitor no custodio; habida cuenta que si bien el Alto Tribunal del País ha establecido que el aumento de riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la concurrencia de otro, de modo que el riesgo que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero; según se advierte del criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 1a. CVIII/2014 (10a.), visible en la página 538, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005919, que dice: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS.". (Se transcribe). No debe soslayarse, como se dijo con antelación, que en el natural no existe un dato revelador que evidencie que el establecimiento del régimen de convivencias provisionales fijado entre el menor quejoso y su padre constituya un riesgo para su desarrollo físico y psico-emocional, ya que se itera, el mismo se encuentra acotado a que se realicen de forma supervisada, en donde la vigilancia por parte del personal del centro de convivencias relativo se constituye en un medio para procurar su debido desarrollo por contar con personal capacitado (psicólogos), estableciéndose además, como obligación del juez responsable, la de rendir un reporte respecto a la evolución de las convivencias establecidas o cualquier otro aspecto vinculado a ello. Decisión, que por otro lado, como se dijo, se revela adoptada ponderando precisamente los antecedentes del caso derivados de la noticia de la existencia de una averiguación previa seguida contra el hoy tercero interesado por la denuncia de abuso sexual efectuada por la progenitora del menor, de cuya investigación realizada se recabaron diversos medios de prueba (periciales) que si bien no fueron concluyentes en la comprobación de dato alguno que robusteciera la noticia criminal denunciada. Por lo que el establecimiento del régimen de convivencias provisionales fijadas de forma supervisada, en modo alguno puede estar supeditado al desahogo de las probanzas que la quejosa refiere, cuando en el caso las condiciones de apreciación de las pruebas existentes no ha variado por virtud de la tenencia material que la madre de la menor quejosa ha mantenido hasta la fecha, lo cual, tampoco es impedimento para que de estimarlo necesario el juez responsable en uso de sus facultades legales por estarle permitido recabe de oficio las pruebas que crea convenientes para seguir preservando el bienestar físico, psíquico y emocional del menor quejoso. Cobra aplicación en ese respecto, la tesis II.3o.C.4 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1502, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002891, que dice: "RÉGIMEN DEFINITIVO DE CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL. PUEDE DESARROLLARSE FUERA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SI NO CONSTITUYE UN RIESGO PARA EL INFANTE.". (Se transcribe). Así también, ilustra al caso, la jurisprudencia I.5o.C. J/28, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 965, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161869, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR.". (Se transcribe). Máxime que la necesidad de recabar otros medios de prueba para determinar la procedencia de un régimen de convivencias en función de procurar el bienestar de un menor de edad involucrado en una contienda judicial, como lo sería la práctica de una pericial en materia de psicología a cargo de éstos, se concibe como la última ratio para decidir mediante ella y de forma definitiva el establecimiento o vigencia de un derecho -como lo es el de convivir con sus progenitores-, cuando de la propia substanciación del juicio se hayan revelado circunstancias materiales que podrían poner en riesgo la integridad física y emocional del infante con la fijación definitiva de ese derecho, precisamente porque tal determinación se entiende prolongada en el tiempo en donde su establecimiento exige per se un rango de prueba elevado para su fijación, lo que en el caso justiciable no ha acontecido. De modo que si en la especie que se resuelve no existe evidencia palpable que sea indicativa de que las convivencias decretadas en el natural acarrean un riesgo al bienestar del menor, el cual incluso, como se dijo, en todo caso se revela previsto por el instructor al haberlas ordenado de manera supervisada, y sí por el contrario, se advierte que las así implementadas tienen el carácter provisional y no así de definitivas; es inconcuso que su establecimiento no requiere hasta el momento de mayor elemento probatorio diverso a los ya existentes, y en esa medida, deviene ineficaz el motivo de disenso así esgrimido. Orientan este respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia II.2o.C. J/17 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1548, del Tomo XIX, Mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181529, que dice: "MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).". (Se transcribe). En ese contexto, al estimarse ineficaces los motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Ana Isabel Raymond Iglesias, en representación de su menor hija de iniciales M.M.R., en contra del acto que reclamó del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, con sede en esta ciudad. ." 3. En contra de dicha determinación, la progenitora y la menor quejosa promovieron recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con el número 228/2017, donde por sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo que fuera solicitado. 4. En mérito de lo anterior y ante la solicitud realizada por el aquí tercero interesado, el Juez responsable el once de octubre de dos mil diecisiete, determinó restablecer el régimen de convivencias entre el progenitor no custodio y la menor quejosa que fuera decretado el trece de enero de la propia anualidad. 5. En auto de diez de enero de dos mil dieciocho, se reiteró el régimen de convivencias decretadas en auto de once de octubre de dos mil diecisiete. Acto que representa el reclamado en forma destacada en esta instancia. De lo relatado se obtiene, que el Juez responsable, emitió el auto de diez de enero de dos mil dieciocho (acto reclamado), en el que reiteró lo decretado en el diverso de once de octubre de dos mil diecisiete, en ejecución de una diversa sentencia de amparo, a saber lo resuelto en el juicio biinstancial 77/2017 del índice de este órgano jurisdiccional. Se dice lo anterior, en razón de que el órgano constitucional no dejó plenitud de jurisdicción al juez de origen para resolver, sino que en forma indirecta lo constriñó a restablecer el régimen de convivencias que fuera decretado el trece de enero del año en curso, pues después de analizar el fondo de la contienda se determinó que su pronunciamiento fue legal. En ese sentido, si el auto de diez de enero de dos mil dieciocho, reclamado en este juicio de amparo, se reiteró el régimen de convivencias decretadas en el diverso de once de octubre de dos mil diecisiete, necesariamente se emitió en acato a lo resuelto en la ejecutoria de amparo en revisión 228/2017, en la cual se negó el amparo respecto el pronunciamiento de las convivencias de la menor quejosa con su progenitor no custodio, y en dicho auto no se varió lo ahí determinado, sino que únicamente se restablecieron las ya pronunciadas; resulta incuestionable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicho acto ya no puede ser objeto de análisis a través del presente juicio de amparo, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de estudio en un juicio anterior, de tal manera que examinarlo en este nuevo amparo afectaría el principio de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para los gobernados. Sirve de apoyo, por referirse al tema analizado de la causa de improcedencia, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil quinientos veinticuatro, Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2001857, que textualmente establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ANÁLISIS Y EFECTOS CUANDO SE EXPRESAN CONTRA UN LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando se interpone demanda de amparo directo contra un laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la cual no limitó expresamente la libertad jurisdiccional de la autoridad responsable, los conceptos de violación encaminados a controvertir alguna consideración o condena que únicamente fue reiterada en el nuevo laudo, ante la falta de impugnación por la parte afectada, deben desestimarse por inoperantes, pues el hecho de que el quejoso no la haya combatido la primera vez que se resolvió contra sus intereses, implica su consentimiento tácito; sin embargo, ello no conlleva la improcedencia del juicio de amparo porque el nuevo laudo no es consecuencia de la anterior resolución -aun cuando no haya sido recurrida- sino propiamente de la sentencia que ordenó su emisión, en cuyo cumplimiento el laudo anterior debió -necesariamente- dejarse insubsistente; entonces, un acto que ya no tiene vida jurídica no puede ser causa legal de sobreseimiento; además, en este caso, la nueva resolución podría abordar aspectos novedosos, por lo que no puede vedarse a las partes el derecho a inconformarse contra estos últimos. Por esas razones, independientemente del resultado del análisis de esos conceptos de violación, su estudio debe conducir a una resolución de fondo, esto es, a una en la que se niegue o conceda la protección federal solicitada. En cambio, cuando el laudo se emite en acatamiento de una ejecutoria de amparo respecto de la que no se dejó libertad jurisdiccional alguna a la autoridad responsable, una vez admitida la demanda -al no ser notoria su improcedencia- se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción II del numeral 73, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (Lo subrayado es propio). También ilustra lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2010008, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página: 307, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." Por tanto, si el acto reclamado es una reiteración a lo ordenado en la ejecutoria de amparo pronunciada en el diverso juicio biinstancial 77/2017, confirmada en el recurso de revisión civil número 228/2017, en la que no se dejó plenitud de jurisdicción al juzgador de origen, sino que al haberse negado se establecieron los lineamientos en los que el régimen de convivencias deben permanecer hasta en tanto prevalezca la misma situación, se actualiza la causa de improcedencia analizada y con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Ana Isabel Raymond Iglesias, por sí y en representación de su menor hija de iniciales M.M.R., con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos seis, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de diecinueve de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido que subsiste el domicilio para oír y recibir notificaciones así como los autorizados precisados en el auto inicial. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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