Ana Isabel Quintero López
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ana Isabel Quintero López
- Jefe del Servicio de Desarrollo Personal en Sinaloa, Delgación Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General el presente expediente es susceptible de destrucción. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general. Notifíquese. Así lo acordó y firma autógrafa y/o electrónicamente, la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la Secretaria Vianney Andrea Lugo Ahumada, quien actúa y da fe.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el apoderado de la parte tercero interesada, a notificarse personalmente de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la Sección de Actuaría, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que fija en los estrados de las instalaciones del Juzgado y que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa, contra el acto y las señaladas como autoridades, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, la adscripción de la suscrita Paula Liliana Cháirez Parra como Titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión de veinticinco de noviembre del año en curso, por dicho órgano colegiado, en el conflicto competencia , a través del cual declaró legalmente competente a este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo. ACÚSESE EL RECIBO CORRESPONDIENTE, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respecto y hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyanse. Ahora, de las constancias que integran los autos del juicio de mérito se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la Ley de la materia; en ese sentido, en aras del principio de justicia pronta y expedita, procédase a dictar la resolución que en derecho corresponda en el presente juicio. Sin que sea necesario esperar las constancias de notificación a las partes respecto de la radicación del asunto en que se actúa, ya que no se les dará intervención alguna en el dictado de la sentencia, ya que fue celebrada la audiencia de ley tal como se advierte en el párrafo anterior, en la cual se hizo relación de las constancias que obran en el expediente, se abrió periodo probatorio en el cual se tuvieron por recibidos los medios convictivos ofrecidos por las partes, se dio apertura a la etapa de alegatos y se concluyó el acta. En ese sentido, cabe mencionar que el artículo 124, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda". Así pues, de la lectura de ese numeral se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo consta de tres etapas, a saber: La de pruebas, La de alegatos y La sentencia. El desahogo de esas tres etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, lo que significa que se trata un solo acto procesal en el procedimiento judicial, cuyo último periodo va a concluir con el juicio constitucional. Además, ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efectos y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implicaría una infracción a lo dispuesto en el artículo 124 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. Y si en el caso se llevó a cabo la audiencia constitucional lo que procede es dictar la resolución que en derecho corresponda, ya que de no ser así se obligaría a las partes, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Por lo expresado, no resulta indispensable el conocimiento previo de las partes de la radicación del juicio en este órgano, para emitir la sentencia respectiva, dada la participación que tuvieron hasta el dictado de la audiencia de ley. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Publicado en la Página 767, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ CELEBRADA, POR NINGÚN MOTIVO EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DEJARLA SIN EFECTO. Ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efecto y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implica infracción a lo dispuesto en el artículo 155 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. En esa tesitura, dejar sin efecto una audiencia constitucional implica anular los actos procesales relativos a la recepción de pruebas, alegatos y aun el pedimento del Ministerio Público para volver a celebrarla, obligando a las partes, en su caso, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Así, podría suceder, por un lado, que la parte que compareció y ofreció pruebas tenga que repetir su actuación, mientras que para la que no compareció ni ofreció pruebas renazca el derecho para hacerlo en perjuicio de su contraparte, lo cual no es lógico ni jurídico. Además, es principio generalmente reconocido y de aplicación obligatoria en el procedimiento del juicio de amparo, que no es permitido al juzgador de garantías revocar sus propias determinaciones, en procedimientos regidos por leyes que prevén recursos para impugnar las resoluciones dictadas en ellos, ya que la seguridad jurídica que garantiza el orden constitucional, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes, por lo que sólo sería el tribunal revisor el que, de advertir alguna irregularidad procesal, tendría la facultad para revocar la sentencia dictada en esa audiencia y ordenar la reposición del procedimiento, dejando sin efecto, de ser necesario, lo actuado en esa diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual forma se citan las ideas conducentes de la jurisprudencia 36/2009, de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento".
- Principal
En virtud de no haberse presentado el apoderado de la parte tercero interesada, a notificarse personalmente del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la Sección de Actuaría, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que fija en los estrados de las instalaciones del Juzgado y que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión de veinticinco de noviembre del año en curso, por dicho órgano colegiado, en el conflicto competencia , a través del cual declaró legalmente competente a este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo. ACÚSESE EL RECIBO CORRESPONDIENTE, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respecto y hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyanse. Ahora, de las constancias que integran los autos del juicio de mérito se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la Ley de la materia; en ese sentido, en aras del principio de justicia pronta y expedita, procédase a dictar la resolución que en derecho corresponda en el presente juicio. Sin que sea necesario esperar las constancias de notificación a las partes respecto de la radicación del asunto en que se actúa, ya que no se les dará intervención alguna en el dictado de la sentencia, ya que fue celebrada la audiencia de ley tal como se advierte en el párrafo anterior, en la cual se hizo relación de las constancias que obran en el expediente, se abrió periodo probatorio en el cual se tuvieron por recibidos los medios convictivos ofrecidos por las partes, se dio apertura a la etapa de alegatos y se concluyó el acta. En ese sentido, cabe mencionar que el artículo 124, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda". Así pues, de la lectura de ese numeral se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo consta de tres etapas, a saber: La de pruebas, La de alegatos y La sentencia. El desahogo de esas tres etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, lo que significa que se trata un solo acto procesal en el procedimiento judicial, cuyo último periodo va a concluir con el juicio constitucional. Además, ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efectos y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implicaría una infracción a lo dispuesto en el artículo 124 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. Y si en el caso se llevó a cabo la audiencia constitucional lo que procede es dictar la resolución que en derecho corresponda, ya que de no ser así se obligaría a las partes, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Por lo expresado, no resulta indispensable el conocimiento previo de las partes de la radicación del juicio en este órgano, para emitir la sentencia respectiva, dada la participación que tuvieron hasta el dictado de la audiencia de ley. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Publicado en la Página 767, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ CELEBRADA, POR NINGÚN MOTIVO EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DEJARLA SIN EFECTO. Ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efecto y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implica infracción a lo dispuesto en el artículo 155 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. En esa tesitura, dejar sin efecto una audiencia constitucional implica anular los actos procesales relativos a la recepción de pruebas, alegatos y aun el pedimento del Ministerio Público para volver a celebrarla, obligando a las partes, en su caso, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Así, podría suceder, por un lado, que la parte que compareció y ofreció pruebas tenga que repetir su actuación, mientras que para la que no compareció ni ofreció pruebas renazca el derecho para hacerlo en perjuicio de su contraparte, lo cual no es lógico ni jurídico. Además, es principio generalmente reconocido y de aplicación obligatoria en el procedimiento del juicio de amparo, que no es permitido al juzgador de garantías revocar sus propias determinaciones, en procedimientos regidos por leyes que prevén recursos para impugnar las resoluciones dictadas en ellos, ya que la seguridad jurídica que garantiza el orden constitucional, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes, por lo que sólo sería el tribunal revisor el que, de advertir alguna irregularidad procesal, tendría la facultad para revocar la sentencia dictada en esa audiencia y ordenar la reposición del procedimiento, dejando sin efecto, de ser necesario, lo actuado en esa diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual forma se citan las ideas conducentes de la jurisprudencia 36/2009, de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento".
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