Ana Isabel Quintela Rojas
Expediente 1148/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Isabel Quintela Rojas
- Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. CIUDAD.
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de queja número 169/2018, interpuesto por la quejosa Ana Isabel Quintela Rojas, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Ana Isabel Quintela Rojas, contra el auto dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1148/2018" En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad. Ahora bien, estimando que en sesión de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la superioridad declaró infundado el recurso de queja referido en el párrafo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Ana Isabel Quintela Rojas, en contra del auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo que promovió; asimismo, informa que dicho medio de impugnación quedó radicado en ese tribunal bajo el expediente número 169/2018.
- Principal
Notificacion a la parte quejosa en terminos del articulo 27, fraccion I, inciso c) de la Ley de Amparo. Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el 28668/2018 del índice Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que acompaña la demanda de amparo promovida por Ana Isabel Quintela Rojas, contra actos del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, del que se advierte que por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 1138/2018 de su índice, determinó realizar la separación de juicios, toda vez que si bien los quejosos señalaban el mismo acto reclamado, se consideró que cada uno de los promoventes desempeñan funciones diferentes en sus áreas de trabajo. Consecuentemente, tramítese la presente demanda únicamente por cuanto hace a Ana Isabel Quintela Rojas, por su propio derecho, contra actos reclamados al Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, pues así se determinó en el oficio antes referido, así como en la boleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1148/2018. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye lo siguiente: La resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente S-02/2015, relativo al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, negó la toma de nota de alta a Ana Isabel Quintela Rojas. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.); La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." Ahora bien, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII y 5 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, como se ha puesto en evidencia el juicio de amparo sólo puede ser instado por la parte que resiente la afectación en sus derechos, y si bien puede ser continuado por diversas personas, éstas deben contar con las autorizaciones y requisitos que, dependiendo el carácter con que se ostenten o les sea conferido, deban observar. Las mencionadas autorizaciones y cumplimiento de los requisitos respectivos, constituyen una institución procesal que se denomina legitimación procesal activa, la cual se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, esto es, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, constituyendo un requisito para la procedencia del juicio el contar y acreditar tal legitimación. Así lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 75/97, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En ese sentido, para estar en aptitud de promover el juicio de amparo, es necesario que la persona que realice la petición correspondiente para echar a andar el aparato judicial, cuente con la personalidad legal necesaria para iniciar el procedimiento legal que intente, esto es, tenga legitimación procesal activa. En el caso, la promovente Ana Isabel Quintela Rojas, señala como acto reclamado la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, emitida en los autos del expediente S-02/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el cual se negó la petición que realizó el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la que solicitó la toma de nota del alta de la promovente para formar parte del mencionado ente gremial. Así las cosas, si de conformidad con los preceptos legales citados con anterioridad, el juicio de amparo sólo puede ser promovido por el propio afectado, entendiéndose por este quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley, y la promovente por una parte no es quien ostenta la representación legal del mencionado sindicato ni tampoco fue quien realizó directamente la solicitud ante la autoridad que se señala como responsable, resulta incuestionable que la promovente carece de legitimación procesal activa para promover el juicio de amparo. Expuesto lo anterior, es patente que la trabajadora individualmente considerada carece de legitimación para combatir el acto que pretende, porque reclama actos cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato del cual pretende formar parte, pues dichos actos no son susceptibles de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical. En efecto, de las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad y de las documentales allegadas, se obtiene que el Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó diversos escritos por medio de los cuales solicitó se reconociera el derecho de formar parte de tal organización respecto de diversas personas, entre las que se encuentra la promovente Ana Isabel Quintela Rojas. Las solicitudes referidas fueron respondidas por la autoridad que se señala como responsable mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, emitido en los autos del expediente S-02/2015 y en lo que corresponde a la promovente, se determinó que estaba impedida para formar parte del Sindicato solicitante. De modo que la afectación que se reclama, en todo caso, ocasionaría perjuicio a la mencionada organización sindical, por lo que únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro. En tal sentido, controvertir la negativa de la toma de nota de las altas de los empleados, atañe al ente colectivo quien debe acudir al juicio constitucional por conducto de su representante y no sus trabajadores de manera individual. Además, sería absurdo que la representación del sindicato estuviera sujeta a la consideración que cada socio tuviera respecto de los actos y acuerdos de la directiva, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 17 2a./J. 252/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 317, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010. Materia Laboral, Novena Época, Registro 165371, de rubro: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro". Se reitera que la promovente no cuenta con aptitud jurídica para reclamar actos que, en su caso, lesionen a un ente con patrimonio y personalidad jurídico autónomo a ella, ya que los actos de autoridad afectan directamente a la organización sindical; que si bien, por razón natural, se podría producir una afectación indirecta, ello no le confiere legitimación procesal activa a ésta en lo particular para impugnar dichos actos en defensa de los derechos que le corresponden a los representantes del sindicato reconocidos por la ley. Apoya a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 76, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, Registro 232899, de rubro: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO". Y, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, registro 230956, Materia Administrativa, de rubro: "AMPARO, LEGITIMACION PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO)". De igual forma, el criterio del Sexto 23 Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 1223, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, materia laboral, Novena Época, de rubro: "SINDICATOS. EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE TOMA DE NOTA DE SU COMITÉ EJECUTIVO, DEBE SER PROMOVIDO POR TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA QUE LO CONFORMAN". Además, de considerarse que dicha trabajadora cuenta con legitimación para reclamar en amparo indirecto el acuerdo del que se duele, conllevaría a permitir que cualquiera de los restantes trabajadores miembros de ese Sindicato, pudieran concurrir en reclamo de garantías en contra de esa determinación. Y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 36/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la 2 Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Marzo de 2010, página 1041, de rubro: "TOMA DE NOTA DE LA DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. SU NEGATIVA SÓLO AFECTA DERECHOS COLECTIVOS DEL SINDICATO, PERO NO LOS INTERESES PARTICULARES DE SUS ASOCIADOS, POR LO QUE ÉSTOS NO PUEDEN CONSIDERARSE TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE IMPUGNE". En estas condiciones, al haberse acreditado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por Ana Isabel Quintela Rojas, porque carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo indirecto en contra del acto que reclama, dado que no le causa perjuicio directo a su esfera jurídica y por consiguiente, no se puede considerar que la demanda de amparo haya sido promovida a instancia de parte agraviada. Es importante precisar que a juicio del suscrito juzgador no se deja en estado de indefensión a la promovente, porque de la demanda de amparo que dio origen a la separación de juicios ordenada por el homólogo federal, se aprecia que la petición de protección constitucional también fue realizada por el Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien precisó que presentaba dicha demanda de amparo en defensa de los derechos laborales de los trabajadores que formaban parte de esa organización y que en el caso de que no se le reconociera personalidad al secretario general del ente gremial mencionado, se promovía tal demanda de amparo por su propio derecho, entonces si del oficio que originó este juicio de amparo se aprecia que sólo se separó por la trabajadora Ana Isabel Quintela Rojas y que además el juicio de amparo 1138/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se admitió por cuanto al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Fiscalía del Estado de Veracruz, por conducto de Rogelio Ramírez Cárdenas en su carácter de Secretario General a quien se le reconoció la personalidad con la que se ostentó, razones por las que resulta innegable que será en tal juicio en el que se determinará lo conducente al acto que reclama la organización sindical de que se trata. COMO DOMICILIO DEL PROMOVENTE para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados con la restricción que impone el 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Mota Bonilla y Gabriel Orlando Benítez Vázquez, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco acreditaron contar con dichos documentos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Julio Cesar López Céspedes, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe. Doy fe. L´JCLC/iggz
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