Ana Isabel Mendoza Hernández

Expediente 591/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 45 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
591/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Isabel Mendoza Hernández
  • A. Q. D. M
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Documentos originales. Dado que obran en autos documentos originales que fueron anexados a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir el original de la constancia que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el artículo 18, cuarto párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se concedió y negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva en el presente asunto, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del propio acuerdo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: ***** Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia dictada en este asunto. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad Juez Tercero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector dictado por este órgano jurisdiccional, sin que a la fecha haya remitido las constancias que así lo acrediten. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, proceda de inmediato a dejar insubsistente el auto reclamada dictado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el expediente número 344/2017 de su índice. ii) El Juez Familiar deberá ordenar las diligencias necesarias, para asegurar el ejercicio de los derechos de los menores de edad (2) ********************, (3) ********************, (4) ********************, además para que participen, expresen sus opiniones, sean escuchados, y sean tomadas en cuenta sus opiniones y propuestas en las determinaciones que emitirá la citada autoridad judicial, que tengan relación e/o impacten en su desarrollo y forma de vida. iii) De continuar la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y/o riesgos de salud derivado de ello, las diligencias en referencia, incluidas las señaladas en posteriores puntos, deberán ser de forma NO presencial, para no vulnerar derechos de salud y vida de quienes deban asistir, y tendrá que desahogarse a través de medios alternativos al alcance que no impliquen riesgos a la salud y/o a la vida; se estima como medio idóneo videoconferencias, con audio, en vivo y directo, a través de cualquiera de los medios previstos en el Poder Judicial del Estado, y si no está previsto y/o en lo no previsto, a través de cualquier servicio de videoconferencia para reuniones virtuales. iv) Las diligencias concernientes a las entrevistas a los menores de edad, deberán prepararse con anticipación observando los dispositivos legales aludidos en esta resolución y los lineamientos del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", entre éstos: - Se les deberá brindar a los menores de edad, apoyo psicológico para verificar que se encuentren en condiciones de participar en la diligencia, igualmente para que se facilite su testimonio sin temor y se evite en lo posible estresarlos, todo en aras de que fluya una narrativa libre de su parte. - Deberá verificarse que una persona de apoyo esté con los menores de edad en el desarrollo de las diligencias, y procurar que no se trate de adultos que puedan influir en el comportamiento y estabilidad emocional del menor. No tiene que ser la misma persona de apoyo para todos los menores, máxime si las entrevistas se llevan a cabo mediante videoconferencias y en su caso el menor de edad varón sigue para entonces aun en casa de su padre. - Las diligencias deberán llevarse a cabo con asistencia de la representación legal. - La Juez Familiar deberá permitir la narrativa libre por parte de cada menor de edad quejoso; deberá observar una adecuada elaboración de preguntas, tomando en cuenta las características de desarrollo cognitivo, emocional y moral de cada uno de los menores de edad, para el esclarecimiento de lo narrado por cada menor de edad; deberá contemplar estrategias para el manejo de la tensión y estrés de los menores de edad, así´ como la detección y manejo de mecanismos de defensa psicológicos. - Las entrevistas deberán videograbarse con la menor incomodidad posible para los menores de edad, para que quede evidencia de éstas y facilitar su posterior consulta. - Las diligencias deberán ser con todas las medidas de protección a la intimidad, privacidad y bienestar de los menores. v) La autoridad responsable deberá allegarse de mayores elementos y/o reunir más pruebas, para resolver la medida provisional de custodia solicitada por el padre de los menores de edad, todo ello, a la brevedad posible, pues no pasan desapercibidas las observaciones de aparente riesgo, a efecto que se evite en lo posible una innecesaria injerencia en la vida privada de los menores de edad, o por el contrario, de actualizarse urgente y necesaria tal injerencia, se realice de manera justa y equitativa, siempre anteponiendo el interés superior de la niña y adolescentes quejosos. vi) Para tal efecto, la autoridad responsable deberá realizar de oficio a la brevedad posible, las indagatorias que estime convenientes, tendientes a conocer entre otros rubros: - la situación y condiciones que prevalecen en el domicilio en el que aún cohabitan las menores de edad de sexo femenino con su madre; - e igualmente la situación y condiciones que prevalecen en el domicilio del padre, en el que actualmente vive el adolescente de sexo masculino; - entrevistar a los padres (madre y padre); entrevistar a las actuales parejas de estos últimos, respectivamente; con una guía previamente preparada de preguntas a formular idóneas según las circunstancias del caso en concreto, a reserva de las demás preguntas que surjan durante la entrevista de que se trate. vii) En lo que la Juez familiar lleva a cabo las diligencias para resolver lo conducente respecto la custodia de los menores de edad, deberá ordenar a los padres (madre y padre) de los menores de edad, observar y cumplir con TODAS LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA SALVAGUARDAR EL BIENESTAR E INTEGRIDAD FISICA Y EMOCIONAL DE SUS HIJOS, entre ellas, de manera enunciativa mas no limitativa: 1. Que de inmediato la casa habitación en la que viven los menores, esté libre de armas de fuego; en particular la casa de la madre, pues de las constancias del procedimiento natural se desprende la manifestación por parte de uno de los menores de edad, de la existencia de una pistola aparentemente a su alcance y referida en situaciones de confrontación entre la actual pareja de su madre y su padre; 2. Que la casa habitación en la que viven los menores, esté libre de narcóticos, drogas, sustancias tóxicas ilegales y bebidas alcohólicas; 3. La madre de los menores, deberá en todo momento asumir la responsabilidad y cuidados respecto a sus hijas, de ninguna manera la podrá delegar a su pareja, éste no podrá interferir en las decisiones en torno a las niñas; la madre quejosa no deberá dejar a las niñas bajo el cuidado y/o supervisión de su pareja, ni permitir que éstas en forma conjunta e/o individual salgan con él, salvo que sean acompañadas por la propia madre y/o algún familiar femenino mayor de edad responsable y de la absoluta confianza de madre e hijas, que cuide a estas últimas; igualmente aplicarán tales medidas respecto al adolescente en caso que regrese a vivir con la madre. viii) En atención a que se advierte la necesidad de que padre, madre e hijos, reciban terapia y apoyo psicológico para mejorar su desarrollo integral, pues los menores de edad tienen derecho a convivir entre ellos, así como con sus progénitores y familias de estos últimos, en armonía, sin contaminación de los problemas existentes entre adultos, como parte de la satisfacción de esas necesidades básicas, se actualiza imperativo el apoyo psicológico para tal efecto, e incluso en su caso para la forma de integración de las parejas de los padres de los menores al entorno de éstos, de no representar éstos un riesgo para los menores de edad, lo cual deberán constatar los profesionales que brinden la terapia y apoyo e informarlo a la Juez Familiar. ix) Por lo cual la Juez de lo Familiar, deberá decretar lo conducente para que los menores de edad quejosos en efecto gocen de dichos derechos con la orientación psicologica adecuada, y se vaya estableciendo un calendario de convivencia adecuado y conveniente según las necesidades y actividades de los involucrados, observando todas las medidas en torno a la contingencia sanitaria, para evitar poner en riesgo principalmente a los menores de edad, según la situación que impere, conforme lo que se precisa en el siguiente punto. x) Mientras siga la contingencia sanitaria y/o riesgo de contagio: - por cuanto al apoyo psicológico, éste deberá ser a través de videoconferencias, con los lineamientos que satisfagan el interés superior de los menores de edad, y deberán videograbarse, para que el Juez Familiar cuente con evidencia que se le deberá dar tratamiento conforme al protocolo ya mencionado; - por cuanto al derecho de visitas y de convivencias, deberá considerarse a través de cualquier forma de comunicación, en su amplia gama de posibilidades, llamadas telefónicas, correos electrónicos (en el caso de los adolescentes), videoconferencias, visitas con sana distancia del padre y/o la madre (según sea el caso, considerando que actualmente la niña y jovencita adolescente viven con su madre, y el varón adolescente vive con su padre) con las medidas pertinentes, a la casa en la que se encuentre viviendo el menor de que se trate, de tal manera que éste no tenga que salir de su entorno para que no se exponga su salud. Lo cual deberá llevarse a cabo atendiendo las sugerencias y orientación de quien les brinde el apoyo psicologico a que se refieren los puntos anteriores. xi) En especial por cuanto a la valoración de pruebas, la perspectiva de análisis para resolver en torno a la custodia y convivencia, debe abarcar a ambos padres, sus antecedentes, situación en general y entorno, no sólo enfocarse en la madre de los menores. Por otra parte, ante los errores en el contenido de los estudios psicológicos, se actualiza necesario que la autoridad responsable recabe mayores elementos para estar en condiciones de realizar una ponderación integral; en ese contexto, en observancia al derecho a la no revictimización de los menores de edad, para no someterlos propiamente a nuevas valoraciones psicológicas, en lugar de ello, como nuevos elementos de prueba a tomar en cuenta, la Juez familiar deberá apoyarse periodicamente, dando seguimiento, en los informes, evidencia (en su caso las videograbaciones) y la opinión del profesional o profesionales que se designen para la terapia y apoyo psicológico acorde a lo expuesto en puntos anteriores, pues es de esperar que éstos tendrán un panorama mas allegado a la realidad, con un diagnóstico en proceso que igualmente se espera sea más acertado y actualizado, para que así esté la Juez Familiar en aptitud de emitir una resolución armónica y respetuosa de los derechos humanos de los involucrados, privilegiando el interés superior de los menores quejosos, que en efecto se acaten las medidas precisadas en esta sentencia y las que se sirva ordenar, tendientes a salvaguardar el bienestar e integridad fisica y emocional de los menores de edad, y lograr la celebración de las entrevistas en referencia y captación de mayores elementos de prueba a valorar, lo antes posible. xiii) Igualmente, si no obstante las medidas ordenadas, se actualiza alguna conducta que ponga en peligro y/o riesgo a los adolescentes y niña, a todos y/o a cualquiera de ellos; y/o la permanencia del menor de edad de que se trate al lado del padre o madre, según sea el caso, representa riesgo en su salud física y/o psicológica, en tal evento, la Juez Familiar con libertad de jurisdicción resolverá lo conducente a la brevedad atendiendo el interés superior del menor, conforme los dispositivos legales, principios y derechos invocados en esta sentencia. Es decir, la presente resolución de ninguna manera deberá interpretarse como un impedimiento para salvaguardar el bienestar e integridad fisica y emocional de los menores de edad, de manera enunciativa mas no limitativa, ante cualquier evento posterior a la emisión de esta sentencia, que denotare peligro y/o riesgo a los menores de edad. xiv) En tal contexto, la concesión igualmente es para que la Juez Familiar con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos establecidos en el presente fallo constitucional y con especial cuidado al valorar las opiniones de los menores de edad, así como el resto del material probatorio, resuelva respecto a la custodia, convivencia y demás rubros vinculados a los menores de edad, tanto los solicitados y/o planteados por sus padres, como los que advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público e interés socia Los anteriores puntos son coherentes con que el Juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de personas menores de dieciocho años de edad, por lo que puede decretar las medidas provisionales o definitivas, máxime las que en su caso estime urgentes, que tiendan a preservar y proteger siempre el interés superior del menor, previa observancia de los principios rectores que aplican en este tipo de asuntos, mencionados en esta sentencia. De ahí lo precisado en el punto XI) de esta resolución." Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la citada responsable de nueva cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, de cumplimiento al fallo protector, y en su caso remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Apercibida para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

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