Ana Isabel López Peralta
Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 31/05/2022
Partes del expediente
- Ana Isabel López Peralta
Actuaciones
- Principal
SENTENCIA... C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado2. Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, con domicilio dentro del lugar en que este órgano de control constitucional, ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías3, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: ? La resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del 281/2020, del índice del Jugado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en el que resuelve el recurso de revocación promovido en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, que niega ordenar la ejecución del convenio elevado a categoría de sentencia ejecutoria. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ya que reconoció la existencia del mismo (folio 76), por lo que debe tenerse por cierto lo reprochado, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio 281/2020, remitida por la citada autoridad responsable como complemento de su informe justificado; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no5. Luego, al no existir causal de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, ni que las partes hayan hecho valer, procede ahora el análisis del fondo del diverso acto reclamado. QUINTO. Antecedentes. Previo a entrar al estudio de los conceptos de violación, se estima necesario sintetizar los antecedentes del juicio génesis: 1. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veinte, HSBC, México sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, compareció a demandar en la vía civil sumaria hipotecaria a José Roberto Vidaurri Villaseñor (folios 1 a 10 del cuaderno de pruebas). 2. Seguido en las etapas procesales, mediante escritos de fecha veintidós de julio y tres de agosto, ambos 5 "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." de dos mil veinte, las partes ocurrieron a exhibir convenios celebrados ante Notario Público, mediante el cual la autoridad responsable los tuvo por aprobados, elevándolos a categoría de sentencia ejecutoria en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte (folios 33 a 58 de autos). 3. Mediante escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, la parte actora -aquí quejosa-, presentó escrito, en el que manifiesta que José Roberto Vidaurri Villaseñor incumplió con las obligaciones pactadas en los convenios aprobados y elevados a categoría de sentencia, para lo cual, solicitó se requiriera al demandado para que acreditara estar al corriente con el pago de sus obligaciones y se apercibiera que en caso de que no haya realizado los pagos correspondientes, se procediera a la ejecución forzosa de dicho convenio. 4. Por acuerdo de veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, la autoridad responsable concedió al demandado en el juicio de origen un término de cinco días para que cumpliera voluntariamente con lo pactado en el convenio, o acreditara estar al corriente con el pago de las obligaciones contraídas, apercibiéndolo, que de no hacerlo, se procedería a la ejecución de los convenios aprobados a categoría de sentencia ejecutoriada (folio 59 del cuaderno de pruebas). 5. En acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, José Roberto Vidaurri Villaseñor desahoga la vista concedida, en la que manifestó que el crédito se encontraba bloqueado para la recepción del pago, así también exhibió el billete de depósito A-53963645 por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a favor de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC" (folios 97 y 98 del cuaderno de pruebas). 6. En proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado de la parte actora manifestó que la parte demandada -aquí tercero interesado-, incumplió con lo pactado y que la única forma de cumplir, era mediante la liquidación total del adeudo (folios 101 a 108 ibídem). 7. En virtud de diversas oposiciones que manifestó la parte actora, mediante escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, solicita la ejecución forzosa de los convenios aprobados y elevados a categoría de sentencia ejecutoriada (folios 139 a 140 ibídem). 8. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable determina que no era procedente ordenar la ejecución forzosa solicitada, en razón a que la parte demandada había realizado diversas consignaciones de las mensualidades erogadas (folios 141 a 143 ibídem). 9. Inconforme con lo determinado por la autoridad responsable, la parte actora interpuso recurso de revocación y el ocho de octubre de dos mil veintiuno, fue admitido y resuelto el mismo, el cual se calificó de infundados e inoperantes los agravios vertidos y, por ende, se confirmó el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (folios 157 a 160 ídem). Dicha determinación es la impugnada en esta instancia. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló los motivos de inconformidad que estimó pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a las partes en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente6. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, procede entrar al estudio de los conceptos de violación, mismos que, por cuestión de técnica, se analizaran en un orden diverso al propuesto. En ese sentido, la parte quejosa esgrime una serie de argumentos que giran en torno a las siguientes ideas fundamentales: 1. La autoridad responsable no interpreta conforme lo que establecen los artículos 1321 al 1327 del Código Civil para el Estado de Jalisco lo pactado por las partes en los convenios aprobados y elevados a categoría de sentencias ejecutoriadas en el juicio de origen, por lo que erróneamente las interpretó. 1.1 Lo anterior, dado que si bien es cierto, las partes pactaron que en el caso de que la parte actora aceptara algún pago parcial y la parte demandada se pusiera al corriente en sus pagos mensuales, la actora podría suspender la ejecución mediante escrito presentado ante la propia autoridad responsable, lo cierto es que por un lado, no se obligó a que tenía que aceptar pagos parciales, y la Institución de Crédito, en ningún momento aceptó ninguno de los pagos parciales que realizó la parte demandada, mediante consignaciones de billetes de depósito, sino que por el contrario, en todo momento rechazó los mismos y se opuso a dichas consignaciones 2. El juez responsable no resuelve conforme al principio de congruencia, previsto en el artículo 87 del Enjuiciamiento Civil Local, ya que las cláusulas del convenio son claras y por lo tanto, se debe de estar a la literalidad de las mismas. 2.1 La autoridad responsable fue omisa en manifestarse respecto a la procedencia o improcedencia del agravio quinto, vertido en el recurso de revocación relativo a verificar si la demandada cumplía o no de acuerdo con el convenio con las consignaciones presentadas los pagos a los que se obligó. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación hecho valer y suficientes para conceder el amparo solicitado. El artículo 16 Constitucional prevé el derecho de seguridad jurídica a favor de los gobernados, la cual exige los siguientes requisitos, para la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una relación pública de suprasubordinación: 1. Que provenga de autoridad competente; 2. Que se encuentre fundado y motivado; y, 3. Que conste por escrito. El primero de los requisitos en cuestión, indudablemente, es la positivización del principio de legalidad que rige dentro de nuestro sistema jurídico, donde las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, por lo que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Por su parte, el requisito formal de fundamentación y motivación implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Los requisitos precisados, constituyen un derecho fundamental de los gobernados, con la finalidad de que dispongan de los elementos necesarios para su oportuna defensa. Sobre esa base, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto (falta de fundamentación y motivación) se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá decretar la nulidad del acto impugnado en el juicio administrativo para el efecto de que la demandada emita uno nuevo pero invocando los fundamentos y motivos que sustentaron su actuar. En cuanto al segundo caso (indebida fundamentación y motivación) consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a la declaratoria de nulidad lisa y llana del acto impugnado, pero sin obligar o impedir a la autoridad para que de estimarlo procedente, emita uno nuevo pero aportando los fundamentos y motivos diferentes a los que se estimaron indebidos. Por su parte, el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dispone: "Artículo 87. - Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ..." Del numeral transcrito, en lo concerniente, se desprende que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas a tiempo y con las pruebas exhibidas, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido objeto de debate. Ahora, como se dijo, la parte quejosa combate la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno emitida en el juicio civil sumario hipotecario 281/2020 por el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por la cual resolvió infundado el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa en contra del diverso auto por el cual se negó su solicitud de ordenar la ejecución forzosa del convenio suscrito por las partes. Sobre dicho aspecto, cabe precisar que en el escrito en el que la parte quejosa interpuso recurso de revocación hizo valer en lo que interesa (folios 145 a 156 del cuaderno de pruebas): De lo anterior, se desprende que la parte quejosa hizo valer como agravio, en el número cinco, lo relativo a que la autoridad responsable había sido omisa en verificar si con las consignaciones se cumplió o no a lo que se había obligado a pagar a favor de la actora. Ahora, en el acto reclamado, la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa, atendiendo lo siguiente: 1. Que contrario a lo que alegaba la parte actora -aquí quejosa-, de la interpretación de las claúsulas decimoprimera y decimosegunda del convenio suscrito por las partes, se desprendía que, al haber consignado pagos parciales la demandada se cumplía con el convenio y con ello la ejecución de la sentencia. 2. Que, de acuerdo con los artículos 1266, 1271, 1321 al 1327 del Código Civil del Estado de Jalisco, y tomando como premisa válida el principio de conservación de los contratos y de buena fe contractual, llegó a la conclusión que debe prevalecer la intención de los contratantes, es decir, no hacer efectivo la ejecución del convenio, ya que la parte demandada de realizó los pagos correspondientes de sus amortizaciones, ya que de determinar lo contrario, sería tendente a dar por concluido el convenio, en perjuicio del demandado, contraviniendo el principio de interpretación de conservación de los contratos, a pesar de que se advierte ha realizado los pagos de manera periódica. 3. Que la demandada había presentado diversos ocursos consignando las cantidades respectivas, así como que alegó que al presentarse en las instalaciones de la sucursal de la Institución de Crédito actora, a efecto de llevar a cabo el pago de las obligaciones a su cargo, se percató de que el crédito para realizar los pagos correspondientes se encontraba bloqueada, por lo que en la documental que anexó al juicio de origen, se observaba la leyenda: "Transacción rechazada, crédito bloqueado para pagos", por tal motivo, la parte demandada consignó los pagos por medio de billetes de depósito antes el Juez responsable, y, con ello, es claro que el deudor, mantiene el interés de cumplir con las obligaciones obtenidas con la parte actora, esto es, con el cumplimiento de los pagos de manera parcial convenidos en el contrato. 4. Que se consideraba que la parte actora, aquí quejosa, pretendió hacer interpretación literal y aislada de las obligaciones y cláusulas pactadas en el convenio aprobado y regulado por el Juez responsable, ya que en el convenio elevado a sentencia ejecutoriada, se dejó al arbitrio de la parte acreedora, la interpretación del contrato, por lo que, no se ajusta a derecho que la Institución de Crédito rechazara el pago parcial de las mensualidades correspondientes, en consecuencia, la parte acreedora no se encuentra atendiendo la debida interpretación del convenio, del que se debe atender las reglas establecidas y en forma toral a los principios de buena fe y conservación de los contratos. 5. Asimismo, respecto de lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que no se realizó pronunciamiento en relación con las consignaciones exhibidas, el juez señaló que la parte actora no realizó manifestación alguna respecto a que los pagos realizados no correspondían a las mensualidades en cantidad exacta que debía cubrir la parte demandada y, sólo se limitó a oponerse a las mismas bajo el argumento que no podía aceptar pagos parciales, al requerir el pago de la totalidad del adeudo. 6. Por lo que el juez concluyó que, al no haber realizado manifestaciones la parte quejosa sobre las cantidades exactas que debía cumplir José Roberto Vidaurri Villaseñor, -aquí tercero interesado-, conlleva una aceptación en cuando a la cantidad de pago que realizaba el demandado y, sobre todo, que el Juez responsable realizó la interpretación adecuada, implementando el principio de conservación de los contratos. De lo anterior, se desprende que, le asiste la razón a la parte quejosa cuando refiere que la autoridad responsable no fundó ni motivó correctamente su resolución al no existir pronunciamiento respecto de que si con las consignaciones se cumplía o no con lo condenado. En efecto, como sostiene la parte quejosa, en su agravio marcado en el número cinco, alegó que la responsable previo a determinar si procedía o no la ejecución forzosa solicitada por la quejosa, había sido omisa en estudiar si con las consignaciones se cumplió o no con lo pactado por las partes. A dicho agravio la responsable refirió que era infundado puesto que la aquí quejosa no refirió tal aspecto sino que solamente se opuso respecto de que no se exhibió la cantidad total del adeudo. En ese sentido, si bien la responsable al contestar lo alegado por la parte quejosa solamente se limitó a desestimar el agravio considerando que, la impetrante no se opuso a que las cantidades consignadas cumplian o no con lo pactado y con ello, las aceptó, lo cierto es que, dicha razón no es objetivamente correcta, puesto que, como lo sostiene la parte quejosa, en todo momento, se opuso a las cantidades exhibidas, por lo que la responsable sí estaba obligada a realizar un estudio respecto de si las cantidades exhibidas correspondían al convenio suscrito por las partes a fin de dilucidar si existía o no cumplimiento parcial, siendo que como rector del procedimiento, tiene la obligación de pronunciarse al respecto, con independencia de que la impetrante no haya manifestado que las cantidades no correspondían a lo obligado. Para mejor comprensión se ilustra la parte conducente: ".." En efecto, aun cuando el juicio de origen se rija por el principio dispositivo, en el caso, como se sostuvo, la parte quejosa, en reiteradas ocasiones se opuso a las cantidades consignadas, a fin de lograr que la ejecución forzosa, siendo que la responsable, previo a pronunciarse a ello, debió verificar si existió o no un cumplimiento parcial, puesto que del acto reclamado no se desprende que se haya pronunciado respecto de las consignaciones correspondían o no a las amortizaciones a las que se obligó la demandada. Sirve para justificar lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO. La circunstancia de que el principio dispositivo impida la actuación oficiosa del juzgador en asuntos en los que la controversia sólo atañe a los particulares, no implica que el juez sea un ente totalmente pasivo, carente de obligaciones que incidan en el impulso del procedimiento, pues si bien la iniciación de éste y su impulso está en manos de los contendientes y no de aquél, no debe soslayarse que él es el director del proceso y como tal, no sólo debe vigilar que se cumplan a cabalidad las reglas del contradictorio, sino que tiene a su cargo diversas obligaciones, tales como seguir el orden previamente establecido en la legislación para el desarrollo del proceso y estar al pendiente de las peticiones formuladas por las partes, a fin de que tengan una respuesta oportuna y congruente, no sólo con el estado procesal en que se encuentre el proceso, sino con lo solicitado, pues ello forma parte de las obligaciones que le incumben. Así, si bien las partes deben ofrecer las pruebas que estimen convenientes, preparándolas para su desahogo, es el juzgador quien debe decidir si su preparación es o no adecuada, si deben o no admitirse, pronunciarse sobre el correspondiente desahogo y, una vez que las partes cumplen con esa carga, debe acatar la obligación que de ella se derive; de ahí que, por regla general, resulta innecesario que las partes insistan en peticiones que a pesar de haberse formulado oportunamente sean omitidas, pues esa omisión representa una traba innecesaria, carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia, en tanto deriva del incumplimiento injustificado de una obligación a cargo del juzgador. " De ahí que, si bien el juez de origen hizo una narración de antecedentes, realizó una interpretación del convenio suscrito por las partes, y consideró que la parte demandada había cumplido parcialmente, lo cierto es que, no se desprende que se haya pronunciado respecto de si las cantidades exhibidas eran acorde a lo obligado, pues únicamente, se insiste, se limitó a señalar que de la interpretación del convenio la aquí quejosa sí estaba obligada a recibir pagos parciales pero sin realizar un estudio respecto de que si dichos pagos cumplían con lo pactado. Así, en ese aspecto, la resolución reclamada es contraria al principio de legalidad, puesto que, el juez de origen no realizó pronunciamiento respecto de que si las cantidades consignadas correspondían a la obligación de la demandada y con ello, determinar si existía un cumplimiento parcial, siendo que como rector del procedimiento ante la oposición de la actora de recibir las cantidades, debió determinar lo conducente y partiendo de lo resuelto, dilucidar si la actora se obligó a recibir pagos parciales y así la viabilidad de ordenar la ejecución forzosa. Ello, tomando consideración que la parte demandada se obligó a pagar diversas amortizaciones en el convenio suscrito, por lo que, el juez al no realizar un estudio sobre si con las consignaciones se estaban cubriendo los pagos conducentes, no fundó ni motivó correctamente su determinación. Consecuentemente, se estima que la autoridad responsable faltó a la obligación impuesta en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de pronunciarse respecto de las cantidades consignadas. Tal circunstancia es trascendente, ya que impide analizar la constitucionalidad del fondo de dicha decisión, puesto que el incumplimiento de esos aspectos formales (congruencia y exhaustividad), no permite verificar la constitucionalidad de la conclusión alcanzada por la responsable. Lo anterior, sin que se prejuzgue sobre la procedencia de lo alegado por la parte quejosa, toda vez que dicha calificación corresponde a la propia autoridad de origen. En consecuencia, la resolución reclamada está fundada y motivada de manera deficiente y, por ende, vulnera el artículo 16 constitucional. Ante lo fundado de los conceptos de violación en estudio, existe un impedimento jurídico para realizar pronunciamiento alguno respecto a los diversos motivos de inconformidad planteados, puesto que, será hasta que la responsable se pronuncie nuevamente sobre los puntos estudiados, cuando se estará en aptitud de verificar si procede o no ordenar la ejecución forzosa. En esas condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, contra la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno dictada por para los efectos que se precisaran enseguida. OCTAVO. Efectos del amparo. En ese sentido, a fin de restituir al accionante en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, se determina que los efectos de la concesión de amparo son para que la autoridad responsable, cumpla con lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio 281/2020, de su índice; y II. Hecho lo anterior, reiterando lo que no es motivo de concesión, de manera fundada y motivada, tomando en consideración lo aquí resuelto, se pronuncie sobre si las cantidades consignadas corresponden a lo pactado por las partes, y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que ha derecho corresponda. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a .--, en su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese personalmente.
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