Ana Isabel López Cornejo
Expediente 2191/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2191/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2019
Partes del expediente
- Ana Isabel López Cornejo
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el telegrama de cuenta remitido por el Juez Primero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia Puerto Vallarta, Jalisco, a través del cual del cual acusa de recibido el oficio 44110/2019 en el que, entre otras cosas, se hizo de su conocimiento el resultado de la sentencia pronunciada en el presente sumario constitucional; en tal virtud, agréguese la comunicación de referencia para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, de seis de septiembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el nueve de septiembre del año actual (fojas 109 a 111), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de diez de septiembre de la presente anualidad (foja 112), se dio vista a la parte quejosa con el oficio aludido y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el diecisiete de septiembre del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el tres de julio del año en curso (fojas 41 a 57), se determinó conceder a Maximino Meza Guerrero, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Los artículos 24, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social, para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en los preceptos normativos declarados inconstitucionales. c) Para que dicho Recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y por consecuencia, hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos con antelación. d) De igual modo, las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. e) Sin que lo anterior, incluyera la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley, toda vez que el recurso de revisión interpuesto contra dicha sentencia fue desechado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad el siete de agosto del año en curso, dentro del amparo en revisión 497/2019 (foja 98), mismo que causó estado el catorce de agosto posterior (foja 101). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, de seis de septiembre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el nueve de septiembre del año actual (fojas 109 a 111), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se entregó el cheque 1399, a la parte quejosa, valioso por la cantidad de $10,500.25 (diez mil quinientos pesos 25/100 moneda nacional); devolución que se realizó el seis de septiembre del año actual; de igual manera, informó la forma en que se realizaron las operaciones para dar cumplimiento al fallo protector. En ese tenor, al monto total de $10,481.88 (diez mil cuatrocientos ochenta y un pesos 88/100 moneda nacional), debía descontarse el concepto "comisión bancaria" por la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa, por lo que al restar esa cantidad al monto total se obtiene el valor de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional) y esa cantidad debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil diecinueve, y el seis de septiembre de ese mismo año se efectúo la devolución mediante cheque a la parte peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de este año fue 103.476; y para el mes de agosto del año en curso 103.670. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0018748. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de 10,498.52 (diez mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 52/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $10,500.25 (diez mil quinientos pesos 25/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de refrendo alcoholes, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Sin que pase inadvertido que la responsable devolvió a la quejosa un excedente por la cantidad de $1.73 (un peso 73/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al solicitante de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta signado por la quejosa María de la Luz Mendoza Salas, mediante el cual proporciona como domicilio de la tercero interesada Cecilia Valdez Silva el ubicado en calle **Ahora, visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 83), se reconoció el carácter de tercero interesado a Carlos, Cecilia, José Vidal y Bernardo, todos de apellidos Valdez Silva dado que es parte actora en el contradictorio de origen. Luego, el artículo 5 fracción III, inciso b, establece lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso." Del precepto transcrito se advierte que cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso le reviste el carácter de tercero interesado; en el caso, el acto reclamado consistente en la dilación procesal de emplazar a todas las partes en el juicio 3/2011, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 19. En virtud de lo anterior, es evidente que si los terceros en cita, tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen de donde emana el acto reclamado por la quejosa, es inconcuso que el reconocimiento de la persona previa cita, como terceros interesados no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 5 de la Ley de Amparo, fracción III, inciso b, es decir, que las personas no tiene interés contrario a la parte quejosa; en consecuencia, a fin de no incurrir en violaciones al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º, se ordena regularizar tal cuestión y por ende se les desconoce el carácter de terceros interesados que se le designó en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 83). Resulta aplicable la tesis VIII.3o.22 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página mil ochocientos cincuenta y siete, Tomo XXV, Abril de mil siete, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ** De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la tesis con número de registro 231848, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página setecientos veintidós, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, Materia Común, Óctava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "**Luego, del estado de autos se advierte que la responsable señaló las once horas del doce de septiembre de la presente anualidad para que tenga verificativo la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria en el contradictorio 3/2011 de su índice; en consecuencia, de conformidad con los artículos 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, remita copia certificada, ordenada, completa y legible del resultado de la citada audiencia, o bien, informe el impedimento que tenga para realizarlo, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que ésta tenga verificativo. **
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