Ana Isabel Jiménez Escobar

Expediente 906/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
906/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Isabel Jiménez Escobar
  • Ana Isabel Jiménez Escobar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Ana Isabel Jiménez Escobar, mediante el cual solicita que se requiera a la autoridad responsable para que remita la resolución de seis de septiembre actual y se ordene el archivo del presente juicio, sin realizarse mayor pronunciamiento, toda vez que en líneas precedentes y en auto de doce de septiembre de dos (foja 99) se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 13671 (fojas 80 a 98), la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente."Por consiguiente, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente:".La resolución de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca número 247-A-1C01/2017 del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 cero uno, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación que interpuso Ana Isabel Jiménez Escobar, con contra de la sentencia interlocutoria de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, dentro del expediente 947/2014."Mediante sentencia de catorce de agosto de dos mil diecisiete (foja 46 a 57), pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el treinta y uno de agosto del año en curso (foja 68 y 69), concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión.EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORALos efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma:".Sexto. Concesión del amparo y efectos. En consecuencia, esencialmente fundados que fueron los conceptos de violación examinados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:a) Deje sin efectos la sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 247-A-1C01/2017; y,b) En su lugar, dicte otra siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia, es decir, tomando como base que la contabilización de los depósitos por concepto de pensión alimenticia realizados por el deudor alimentista de conformidad con el estado de cuenta donde se detallan los movimientos de depósitos y rescates debe ser a partir de la fecha de depósito 27-03-2015 que es la que corresponde al rubro "CONCEPTO DE DEPÓSITO" 01ENE2015 15ENE2015, hasta la última fecha de depósito del 11-10-2016 que es la que corresponde al rubro "CONCEPTO DE DEPÓSITO" 16MAY2016 31MAY2016, y que realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda con respecto al adeudo de pensiones alimenticias vencidas a favor del menor de iniciales *** Sin que la protección constitucional se haga extensiva al pago de alimentos que se hayan acumulado durante la tramitación del presente juicio de garantías como lo solicitó la quejosa en sus conceptos de violación, ya que a esto no fue condenado el deudor alimentista, aunado a que tampoco lo expuso en sus agravios al promover el respectivo incidente de cumplimiento de convenio, sin que ello, implique que se vulneren derechos del menor, ya que la quejosa en su caso podrá promover un nuevo incidente de cumplimiento de convenio en donde reclame tales prestaciones."ACTO DE LA AUTORIDADPor oficios registrados con los folios 13325 y 13671, la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, informó que cumplió con los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el dictado del acto de cuatro de septiembre actual y con la copia certificada de la resolución del seis del citado mes y año, emitidos en el toca de apelación 247-A-1/2016 (fojas 73 a 75 y 96 a 121); documentales que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.ANÁLISIS EVALUATIVOEn efecto, la autoridad responsable en cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de los efectos de la concesión de amparo, dejó sin valor alguno la sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete y con relación al punto b), con libertad de jurisdicción emitió una diversa resolución en la que resolvió lo sometido a su potestad, tomando como base que la contabilización de los depósitos -por concepto de pensión alimenticia realizados por el deudor alimentista- comenzarían a partir de enero de dos mil quince, por lo que, la cuantificación correspondiente partió de la fecha de depósito 27-03-2015 que corresponde al rubro "CONCEPTO DE DEPÓSITO" 01ENE2015 15ENE2015, hasta la última fecha de depósito de 11-10-2016 corresponde al rubro "CONCEPTO DE DEPÓSITO" 16MAY2016 31MAY2016. Con motivo de lo anterior, realizó las operaciones aritméticas correspondientes y modificó la sentencia interlocutoria de veinticuatro de marzo del año en curso, en la que condenó al tercero interesado Elías Escobar Rodríguez, a pagar la cantidad de $12,250.00 (doce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a cuarenta y nueve semanas por el monto de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y que no ha pagado del periodo de uno de enero de dos mil quince al veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.De ahí que al momento en que realizó las operaciones aritméticas, efectuó la contabilización de los treinta y cuatro depósitos realizados por el tercero interesado, lo que se traduce en sesenta y ocho semanas que multiplicadas por la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), arrojan el monto de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional); de este modo, para completar las ciento diecisiete semanas que ascienden a la suma de $29,250.00 (veintinueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), se obtiene un remanente por $12,250.00 (doce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde al saldo que adeuda el tercero interesado.En el caso en concreto, la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial de la ejecutoria, atendiendo a que dejó sin efecto la sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, que constituyó el acto reclamado en esta instancia y emitió una diversa resolución en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, subsanó las violaciones cometidas en perjuicio del accionante de amparo.A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que ésta actúa en el ámbito de su arbitrio jurisdiccional, resultando aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional".CUMPLIDA EJECUTORIAEn las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria.VISTA A LAS PARTESSe da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.Notifíquese, y personalmente.

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