Ana Isabel Grajales Lagunes

Expediente 656/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
656/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Ana Isabel Grajales Lagunes

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del Acuerdo normativo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio con el que las autoridades responsables adscritas al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, informan las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y para tal efecto remiten diversas constancias derivadas del expediente XXXXXXXXX de su índice; en consecuencia, agréguense a los autos para que obren como corresponda y estese en espera que comuniquen el cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa *******************, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de ocho de julio del presente año, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *************************, contra actos del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 656/2019 que le corresponde. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. HIPOTÉSIS NORMATIVA Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 6, inciso A, y 116, fracción VIII, ambos de la Constitución Federal. El artículo 61 en su fracción XXIII de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) A su vez los artículos 6, inciso A, y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: "Artículo 6. (.) A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: (.) Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados." "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. (.) VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho." (.) De la lectura de los dispositivos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando los sujetos obligados reclaman resoluciones que dictan los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Por su parte el artículo 220 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece: "Artículo 220. Las resoluciones del Pleno son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Las resoluciones del Instituto podrán señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada obligación de transparencia, de conformidad con el Capítulo II del Título Segundo, de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. Las resoluciones del Instituto se publicarán en un plazo no mayor a diez días, a partir de su aprobación." Del precepto transcrito, se obtiene que las resoluciones del Pleno son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; asimismo, que dichas resoluciones podrán señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada obligación de transparencia, de conformidad con el Capítulo II del Título Segundo, de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones HECHOS En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en:  La resolución emitida por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad, el once de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente número *************************. En ese sentido, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad en el capítulo de hechos que se desempeña como Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y que en fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, recibió un oficio signado por el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, mediante el cual se le solicitó diera respuesta a solicitud de acceso a la información marcada con el número 343319; por lo que el uno de marzo siguiente, dio contestación, misma que fue impugnada y a la que le recayó la resolución reclamada. CONCLUSIÓN Lo anterior permite concluir que la quejosa tiene el carácter de sujeto obligado, por lo que no puede promover juicio de amparo en contra de la resolución que dictó el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad, para satisfacer el derecho a la información pública derivado de una petición de un particular, toda vez que el propio artículo 6 Constitucional, así como el diverso 220 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen que las resoluciones de los organismos garantes son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, como en el caso acontece. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente; Registro: 176273 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS MORALES OFICIALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE SUS RESOLUCIONES. Asimismo, debe precisarse que la actualización de dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que aun cuando se tramite en todas sus etapas el juicio de amparo no podría llegarse a diversa conclusión, puesto que, como se precisó anteriormente, no existe duda en que la quejosa, acude a solicitar la protección constitucional en su carácter de sujeto obligado; consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, inciso A, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. Sin que pase inadvertido que la quejosa refiere que la autoridad responsable le está aplicando una sanción y solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto que no se le imponga dicha sanción; sin embargo, de la transcripción que efectúa del acto reclamado en su escrito de demanda se advierte que se ordena dar vista al Titular de la Contraloría del Poder Judicial del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones aplique, en su caso, las sanciones correspondientes a la Subdirectora de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo que no se advierte la existencia de dicha sanción e incluso que se hubiera iniciado el procedimiento que refiere, para fincar su responsabilidad. En ese sentido, cuando se le inicie un procedimiento y se le aplique una sanción a la quejosa será cuando pudiera resentir una afectación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, donde oír y recibir notificaciones, el que precisa, ubicado en esta ciudad. No pasa desapercibido que en el segundo petitorio de la demanda la quejosa solicita se autorice a las personas mencionadas en el cuerpo de su escrito; sin embargo, del contenido de la misma se advierte que no señala a nadie. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

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