Ana Isabel Galicia Bueno
Expediente 339/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/02/2022
Partes del expediente
- Ana Isabel Galicia Bueno
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción; a excepción del original del cuaderno incidental; en tanto que el duplicado de dicho incidente déjese por separado y en su oportunidad, procédase a su destrucción, y hecho lo anterior realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Ana Isabel Galicia Bueno, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas éstas y aquellos en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 683/2018 de su índice, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, así como los dos tomos de los autos originales del juicio de amparo indirecto 2217/2014 y cuatro tomos de prueba; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Comisariado Ejidal del Ejido Los Fresnos, Municipio de Tepic, Nayarit, en contra de los actos reclamados, las autoridades responsables y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Comisariado Ejidal del Ejido Los Fresnos, Municipio de Tepic, Nayarit, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables, para los siguientes efectos: 1.- Se actualice el avaluó por parte de quien hoy sustituye en sus respectivas funciones a la Secretaría de la Reforma Agraria, es decir, a través de la dependencia facultada para ello (Dirección General de Avalúos y Obras del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública), una vez que se le solicite por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, por conducto de la dependencia correspondiente. 2.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, realicen las gestiones pertinentes a las dependencias de la administración pública federal para lograr los trabajos valuatorios ordenados y, en consecuencia, agilizar el respectivo procedimiento indemnizatorio, en el cual deberá participar activamente el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, quien sustituyó al Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 3.- La Directora General Adjunta de Expropiaciones, Ordenamiento y Regulación y el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el Estado de Nayarit, deberán gestionar y atender, a su vez, las gestiones que en el ámbito de su competencia les correspondan para lograr los trabajos valuatorios ordenados en el fallo protector. 4.- Por su parte, las autoridades Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit; Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Director de Catastro e Impuesto Predial de Tepic, Nayarit, de igual manera gestionen o en su caso atiendan las gestiones, y proporcionen en la información y documentación que las diversas dependencias les requieran, en el ámbito de sus facultades, para que se logren efectivamente los trabajos de actualización del avalúo respectivo. 5.- Procedimiento en el cual, el ejido quejoso se encentre en aptitud de ofrecer pruebas y formular alegados en defensa de sus derecho a la indemnización; en el entendido de que el valor que debe tomarse en consideración para fijar el monto de la indemnización es el valor comercial de los bienes en el momento de la expropiación, esto es, en mil novecientos setenta y cuatro. 6.- Una vez actualizado el avaluó respectivo, con la debida participación del ejido quejoso, con plenitud de jurisdicción, se emita el dictamen y, posteriormente, la resolución que en derecho proceda respecto a al indemnización justa que corresponda al ejido quejoso por la expropiación de sus tierras, pero siempre respetando las garantías esenciales del procedimiento a fin de preservar la efectiva observancia del derecho de audiencia respecto a ese procedimiento indemnizatorio. En la inteligencia de que las autoridades responsables no deberán limitarse únicamente a los actos previamente destacados, sino que, de ser necesario, deberán efectuar todos aquellos que en el respectivo ámbito de su competencia les correspondan para lograr que el núcleo agrario impetrante sea restituido en el derecho de propiedad afectado. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, apercibidas que de no dar cumplimiento al requerimiento de que son objeto dentro del plazo que se le indica sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Por último, en virtud que ya no son necesarias las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, devuélvansele, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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