Ana Isabel Carranco Perez
Expediente 2/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/05/2018
Partes del expediente
- Ana Isabel Carranco Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devolvió el juicio de amparo 2/2018, asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 82/2018 y 1 tomo. Al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otro lado, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad señalada como responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente el sello de la autoridad de referencia el cual hará las veces de acuse. Finalmente, en cuanto a las restantes constancias del cuaderno de antecedentes, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se acusa recibo del oficio 9049, asimismo, se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, que quedó registrado con el orden R.P. 82/2018.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual la quejosa interpone recurso de revisión contra la sentencia; con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia de dicho ocurso y agréguese una al juicio, asimismo, en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente, remítase este último al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, así como el original del escrito relativo, para la sustanciación del medio de impugnación de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 2/2018, promovido por Ana Isabel Carranco Pérez, contra el acto reclamado del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil dieciocho, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, la cual a su vez por cuestión de turno envió a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgreden sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 21 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 2/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en una ocasión. IV. En su oportunidad se emplazó a los terceros interesados. V. Por último, se realizó la audiencia de ley, en sus primeras dos etapas, probatorio y de alegatos, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias, se precisa que el acto reclamado del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es el siguiente: * El acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que estimó improcedente la reapertura de la averiguación previa 31/2065/00-05. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de dicha indagatoria, entre cuyas constancias se encuentra el acuerdo controvertido; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de fondo del asunto, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados, por una parte, e inoperantes, en la restante, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Para sustentar el sentido de esta resolución, es necesario establecer el hecho por el que se inició la indagatoria, como a continuación se precisa: La quejosa y Francisco Javier Rodríguez Méndez denunciaron que el veintisiete de febrero de dos mil, Leonardo y Eliot, ambos de apellidos Rodríguez Saldívar, se introdujeron, de manera violenta, al domicilio de los dos primeros, ubicado en calle José María Rico número 123, edificio "B", departamento 401, colonia Actipan, delegación Benito Juárez en esta ciudad, diciéndole a Francisco Javier "te vas a morir hijo de la chingada, a ti y a tu familia de los va llevar la chingada, presta lo que traes pendejo, para que no vuelvas a ofender a mi mama", luego lo golpearon en el abdomen, testículos y cabeza; posteriormente, la peticionaria de amparo dijo que lo dejaran "en paz"; acto continuo, aquéllos los amagaron con una navaja y un pica hielo, amenazándolos de muerte; uno de ellos se apoderó de un reloj "Armani" y una pulsera de oro, propiedad de la amparista, así como de un "Walkman" con grabadora Sony. Hechos respecto de los cuales el Fiscal de Coordinación y Supervisión de Averiguaciones Previas Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, mediante resolución de diez de marzo de dos mil tres, estimó procedente el no ejercicio de la acción penal, al considerar que los medios de prueba desahogados eran insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Ahora, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que la impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Establecido lo anterior, se advierte que el acuerdo reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues el subprocurador responsable citó el precepto legal que consideró aplicable e indicó las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo, además expuso la adecuación entre los motivos expuestos y la norma aplicable. Así se considera porque, en principio, la quejosa solicitó la reapertura de la indagatoria de origen con base en los siguientes planteamientos: 1. Se incorporara la ampliación de declaración de los denunciantes. 2. Se girara oficio a efecto de que peritos en la materia realizaran la valuación de los objetos robados. 3. Se recabara la ampliación de declaración de los testigos de descargo ofrecidos por los probables responsables, "ya que no corroboran el dicho de los mismos". 4. Se permitiera a los denunciantes fueran nombrados coadyuvantes; y 5. Se girara oficio a la policía de investigación, a fin de que se realizara una minuciosa investigación de los hechos, "toda vez, que de las declaraciones de los probables responsables, refieren estar en otro lugar, específicamente trabajando, pero no lo corroboran con alguna otra prueba, solamente niegan haber estado en mi domicilio, de modo que no se acredita ni con sus declaraciones, que efectivamente trabajen en el lugar que refieren y si fuera el caso tampoco acreditan que el día del hecho que se les atribuye estuvieran laborando". Luego, en respuesta a dicha solicitud, la autoridad responsable expuso que de conformidad con el artículo 18, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, era improcedente la reapertura de la indagatoria de origen, medularmente, acorde con los argumentos que a continuación se indican: 1. Que la quejosa no aportó elementos de prueba o datos suficientes que justificaran su petición, porque la respectiva ampliación de declaración de esta última, así como de Francisco Javier, no eran diligencias novedosas, dado que "comparecieron en diversas ocasiones", aunado a que la amparista no señaló cuáles eran las pruebas o datos que aportarían a la investigación, además de que habían pasado diecisiete años de los hechos denunciados. 2. Que aun cuando en el expediente constan dos informes de valuación, en los que se indicó que no fue posible emitir el dictamen relativo "por no contar con elementos técnicos suficientes", la existencia o no dicha experticial "no excluiría que en el mundo fáctico se cometió un delito", aunado a que el artículo 220 del Código Penal para esta ciudad prevé una hipótesis para el caso de que no pueda determinarse el valor de lo robado. 3. Que la respectiva ampliación de declaración de los testigos de descargo no "revisten" el carácter de novedoso y del "elenco probatorio" no se advierte que sean necesarias las mismas, aunado al tiempo que ha transcurrido desde los hechos denunciados. 4. Que la coadyuvancia no tiene el carácter de diligencia, pues es un derecho que la ley confiere a los denunciantes, "situación que aconteció", dado que estos últimos comparecieron en diversas ocasiones y solicitaron la realización de diligencias "que se resolvieron en forma positiva", asimismo, señaló que la solicitud de coadyuvancia no tiene congruencia con su petición de reapertura de la indagatoria; y 5. Que en la indagatoria se realizaron diversas investigaciones, a cargo de la policía, que constan a fojas 16, 35, 37, 52, 74, 114 y 116, por lo que dicha diligencia tampoco era novedosa, aunado a que por el transcurso del tiempo ya no era posible realizar una investigación minuciosa. Razones por las que la autoridad responsable concluyó que la quejosa no ofreció algún medio de prueba útil o dato novedoso, idóneo, suficiente o diferente a los que ya fueron analizados por la autoridad ministerial para "acreditar" el cuerpo de los delitos de robo, lesiones, allanamiento de morada y portación de arma, sin que en el caso estimara que se superó el "obstáculo" que en su momento motivó la autorización del no ejercicio de la acción penal. Consideraciones y conclusión a la que llegó la autoridad responsable que este juzgado de Distrito estima fueron legales, porque de conformidad con el artículo 18, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, que constituye el fundamento del acto reclamado, prevé que cuando se hubiese determinado el no ejercicio de la acción penal podrá autorizarse la reapertura de la investigación, entre otros supuestos, cuando por solicitud del denunciante, querellante, víctima u ofendido presente pruebas o datos suficientes que justifiquen su petición. Supuesto que en el caso no se actualiza, dado que como acertadamente expuso la autoridad responsable, el desahogo de la ampliación de los denunciantes y testigos de descargo no aportan alguna prueba o dato eficaz que justifique la continuación de la investigación, máxime que en relación con dichos testigos, como se estableció en el acuerdo reclamado, en su oportunidad comparecieron y expusieron lo que les constaba en relación con los hechos delictivos denunciados; asimismo, el dictamen en materia de valuación que se solicitó se recabara, no es un medio de prueba eficaz que demuestre la ejecución de la conducta delictiva atribuida a los indiciados; del mismo modo, el reconocimiento de la coadyuvancia que solicitó la quejosa, es un aspecto que no incide en la procedencia o no de la solicitud de reapertura de la averiguación previa. Derivado de lo anterior, es infundado el concepto de violación relativo a que la "normatividad secundaria" no concede atribución al subprocurador responsable para determinar improcedente la reapertura de la averiguación previa, ya que de conformidad con la fracción XXII del numeral 24 de la ley orgánica citada, "interpretado contrario sensu", constituye una facultad no delegable del Procurador General de Justicia de esta ciudad el que resuelva la negativa de dicha reapertura. En efecto, no asiste razón a la quejosa, porque si bien es cierto la fracción de dicho precepto dispone que será facultad no delegable del procurador el ordenar la reapertura de la averiguación previa, también es que en el caso no puede realizarse una interpretación como la que propone la peticionaria de amparo, pues no debe perderse de vista el principio general de derecho que establece "donde la ley no distingue, no se debe distinguir", por lo que en el supuesto de la norma indicada debe entenderse que tal servidor público es el único facultado para determinar dicha reapertura, no así cuando se resuelva en sentido adverso, como en el caso sucedió; circunstancia que incluso tiene congruencia con el párrafo final del artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, que dispone: "La petición de reapertura, se promoverá ante el titular de la Fiscalía en la que se propuso el no ejercicio de la acción penal, quien recabará el expediente respectivo y lo remitirá al titular de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas que corresponda, para que éste, de considerarlo procedente, lo remita al Procurador para que ordene su reapertura en términos de la fracción XXII del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal". (Lo destacado con negritas y subrayado no corresponde al texto original). Porción transcrita de la que se advierte que sólo para el caso de que el subprocurador correspondiente estime que existen condiciones para la reapertura de la indagatoria, la remitirá al procurador, para que ordene, en definitiva, tal reapertura, pues de no actualizarse ese supuesto, es inconcuso que el subprocurador es la autoridad competente para emitir un pronunciamiento en sentido contrario, es decir, la no reapertura de la indagatoria, como en el caso sucedió. También es infundado el motivo de disenso en que la quejosa refirió que la autoridad responsable incurrió en "una falsa apreciación de la realidad" (en relación con la ampliación de declaración de los denunciantes que ofreció), "ya que sólo se denunció y ratificó la denuncia"; lo anterior es así, porque este órgano de control constitucional considera que el ofrecimiento de dichas pruebas no justifica la reapertura de la indagatoria, pues la amparista no indico qué hecho pretendió acreditar, que fuera eficaz para la acreditación de algún elemento del cuerpo de los delitos materia de la indagatoria, o bien, de la probable responsabilidad penal de los indiciados, figuras jurídicas en que se sustenta el ejercicio de la acción penal, principal pretensión de la demandante de amparo. Por otra parte, este juzgado de Distrito no aprecia que la autoridad responsable desatendiera la obligación de investigar los hechos delictivos denunciados, los cuales, a decir de la quejosa, no han prescrito; lo anterior es así, porque se reitera que fue legal que el subprocurador responsable negara la reapertura de la indagatoria de origen, por lo que hasta este momento está justificada esa abstención de investigar. En otro orden, la peticionaria de amparo refirió que la autoridad responsable transgredió el principio de absolución de la instancia, previsto en el artículo 23 constitucional, pues el acuerdo reclamado la deja en "estado de inseguridad de incertidumbre", por lo que interpretando sistemáticamente la Constitución y en atención a una interpretación que sea la que más favorezca al "gobernado", debe concedérsele el amparo. Al respecto, este juzgado determina que no existe violación al principio de absolución de la instancia, en razón de la etapa procedimental en que se emitió el acuerdo reclamado, esto es, en la averiguación previa, pues no debe perderse de vista que la transgresión a dicho principio sólo puede actualizarse cuando se absuelve temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad, es decir, cuando el conocimiento del asunto corresponde a la autoridad judicial en primera instancia, lo que en el caso no sucede. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXIV/2005, emitida por la Primera Sala del Máximo tribunal de justicia del país, consultable en la página 300 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, que dispone: "PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional. En ese tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado. Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que el propio artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio de non bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva absolviendo de la instancia -esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, necesariamente tendrá que absolver al procesado, para que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados los recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada (artículo 23)". (Lo destacado con negritas y subrayado no corresponde al texto original). Sin que la forma de proceder de la autoridad responsable constituya una violación al principio pro persona en agravio de la quejosa, ya que el Alto Tribunal de justicia del país estableció que ese postulado no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de estas, porque al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Dicho criterio está plasmado en la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.) del Alto Tribunal de justicia del país, localizable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". Por otra parte, la quejosa refirió que la autoridad responsable inadvirtió que en la indagatoria, la representación social no se auxilió de alguna otra autoridad para realizar el dictamen de valuación, teniendo dicha obligación. Tal aseveración es inoperante, en razón de que no se relaciona con las consideraciones expuestas por el subprocurador responsable, a partir de las cuales resolvió que era improcedente la reapertura de la indagatoria, aunado a que como se estableció en el acuerdo reclamado, el desahogo de dicha experticial no constituiría una prueba eficaz que demuestre la ejecución de las conductas delictivas atribuidas a los indiciados. En otro orden, la peticionaria de amparo indicó que la autoridad responsable inadvirtió que era necesario el desahogo de la ampliación de los testigos de descargo, porque no corroboran la versión de los probables responsables, así como que se girara oficio a la policía de investigación, para que se realizara una minuciosa investigación de los hechos, "toda vez que de las declaraciones de los probables responsables, refieren estar en otro lugar, específicamente trabajando, pero no lo corroboran con alguna otra prueba". Al respecto, este órgano de control constitucional, al igual que la responsable, estima que dichas pruebas no son novedosas, pues con su desahogo la quejosa pretende desvirtuar la versión de los inculpados, sin embargo, no debe perderse de vista que el no ejercicio de la acción penal que impera en la averiguación previa derivó de la insuficiencia de pruebas de cargo, por ende, sólo serán medios de prueba eficaces para la reapertura de la indagatoria, aquellas que se relacionen o vinculen con la acreditación de algún elemento típico de los delitos de que se trate, situación que no se actualiza en el caso, pues la finalidad de la justiciable al ofrecer tales ampliaciones de declaración es desvirtuar la versión dada por los inculpados, no así para acreditar algunos de los elementos destacados. Por otro lado, la amparista señaló que la autoridad responsable no fundó, ni motivó, la negativa de que se les reconociera como coadyuvantes, por lo que se transgredió en su perjuicio el artículo 20 de la Constitución Federal. Esta última afirmación es inoperante, pues no constituye un aspecto de deba analizarse para la procedencia o no de la reapertura de la averiguación previa. De igual manera, no asiste razón a la peticionaria de amparo al afirmar que el subprocurador responsable sólo refirió apreciaciones subjetivas para evitar la reapertura de la averiguación previa, porque como se expuso anteriormente, la autoridad responsable citó el fundamento y expuso los motivos por los que concluyó en el sentido en que lo hizo, de los que se advierte que existe adecuación entre la hipótesis normativa invocada y las causas particulares referidas, por lo que no se vulneró el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica previsto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional. En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales de la quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Isabel Carranco Pérez contra el acto que reclamó del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se hizo consistir en: * El acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que estimó improcedente la reapertura de la averiguación previa 31/2065/00-05.
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