ANA ISABEL ALLENDE CANO y Otros.

Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
548/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • ANA ISABEL ALLENDE CANO y Otros.
  • Ana Isabel Allende Cano

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, mediante el cual informa que por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dicho Tribunal estimó carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana Isabel Allende Cano, por su propio derecho y en representación la menor de identidad reservada I.K.A., por razón de territorio, y, que quien debe conocer de la misma es el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por lo que le remitió el juicio de amparo indirecto 36/2019-I de su índice; de lo anterior, queda enterado el suscrito Juez de Distrito, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE JUNIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 26/2019-VI, de su índice, (donde obra agregado el expediente del juicio de amparo indirecto 548/2019-C de esta estadística), Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Asimismo, del oficio de cuenta se advierte que la Superioridad estimó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, respecto a los actos reclamados: 1 Acto reclamado a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla: "señalo como acto reclamado la orden de cateo [ ] 2 Actos atribuidos al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito: "señalo como acto reclamado las futuras diligencias [ ] que se desprendan de la orden de aprehensión librada en contra de mi esposo [ ]" Al respecto, por cuanto hace al acto reclamado al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre (la orden de cateo), la superioridad estimó que no se surte el supuesto de competencia establecido en el artículo 36, de la Ley de Amparo, virtud a que para que ello acontezca, el acto reclamado debe haberse emitido por diverso Tribunal Unitario del mismo Circuito al que pertenece este órgano, o el más próximo, no así por un Juez de Distrito, además de que -señala- dicho acto resulta desvinculado al reclamado al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito Por otro lado, en relación al acto reclamado al Primer Tribunal Unitario Del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo (las futuras diligencias [ ] que se desprendan de la orden de aprehensión librada en contra de mi esposo), tomando sustento en el testimonio de la resolución emitida el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 44/2019, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, la superioridad oficiante resolvió que una vez que este Juzgado de Distrito determine lo conducente respecto del acto por el que es competente, se deberán remitir los presentes autos al Tribunal Unitario del Circuito al que pertenece (Sexto Circuito), para que éste emita el pronunciamiento correspondiente, acorde con el criterio anteriormente citado La parte conducente dice: ".Circunstancia por la que se estima que una vez que el Juzgado de Distrito declinante determine lo conducente respecto de los actos de su competencia, deberá remitir los autos al Tribunal Unitario del Circuito al que pertenece, con el propósito de que éste emita el pronunciamiento correspondiente, acorde con el criterio citado con anterioridad En consecuencia, por los motivos expuestos, en este momento no se acepta la competencia en la forma planteada." En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO QUE SE ATRIBUYE A LA JUEZA DE DISTRITO ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE (LA ORDEN DE CATEO) Al respecto, como lo precisó la superioridad, en esta instancia se tiene a Ana Isabel Allende Cano, por su propio derecho y en representación la menor de identidad reservada IKA, reclamando la orden de cateo y su ejecución En el caso, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado quedó consumado de modo irreparable Para evidenciar lo anterior, resulta prudente transcribir la fracción y norma de la Ley de Amparo antes invocadas, que disponen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI Contra actos consumados de modo irreparable;" La fracción transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados se han consumado irreparablemente, por lo que no pueden ser protegidos mediante el juicio de amparo Así, por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate, esto es, restituir a la peticionaria de amparo en el pleno goce de sus derechos violados, así como restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de sus derechos fundamentales Luego, es dable afirmar que la consumación irreparable del acto reclamado es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos La razón de ser de esta disposición encuentra su fundamento en la esencia del juicio de amparo, el cual tiene por objeto deshacer la violación cometida por actos de autoridad, restituyendo al agraviado en el goce y disfrute de los derechos fundamentales contravenidos en su perjuicio, mediante la reparación del acto infractor, lo cual volverá las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión del acto reclamado, según lo dispone el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia Por tanto, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable, debe atenderse al hecho de si el gobernado puede gozar jurídica y físicamente del derecho transgredido Es ilustrativa, por lo que en ella se informa, la jurisprudencia 2a/J171/2007, derivada de la contradicción de tesis 136/2007 SS, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 171537, que establece: "ARRESTO SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" En ese contexto, la orden de cateo a que se refiere el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en inspeccionar un domicilio o propiedad privada, con el fin de aprehender a alguna persona o de localizar un determinado objeto El fundamento constitucional de la medida de referencia, emerge del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo primer párrafo establece como regla general que todo acto de molestia realizado por la autoridad debe constar en un mandamiento por escrito de manera fundada y motivada La orden de cateo, una vez ejecutada, será introducida como elemento probatorio, por tanto, corresponde al Ministerio Público y al Juez Penal, respectivamente, verificar si la diligencia de cateo cumple con las exigencias del artículo 16 constitucional, así como las previstas en el capítulo relativo del Código Nacional de Procedimientos Penales Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a/J22/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento once, del tomo XXVI, agosto de dos mil siete, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 171836, que dispone: "CATEO EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA Con la finalidad de tutelar efectivamente la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones de los gobernados, el Constituyente estableció en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las órdenes de cateo única y exclusivamente puede expedirlas la autoridad judicial cumpliendo los siguientes requisitos: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia En ese sentido, el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, establece que si no se cumple con alguno de los requisitos del octavo párrafo del citado precepto constitucional, la diligencia carece de valor probatorio Por tanto, las pruebas obtenidas con vulneración a dicha garantía, esto es, los objetos y personas que se localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, así como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria En efecto, las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales y por tanto, sin valor probatorio en términos del señalado artículo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido" En concordancia con lo anterior, tratándose de las órdenes de cateos, el derecho fundamental involucrado constituye el de la inviolabilidad del domicilio, pues, en ese supuesto, se molesta al gobernado para el efecto de que permita la entrada de la autoridad en un sitio en el que tiene su residencia habitual o desarrolla actos privados Es así, pues el acto de molestia en comento consiste, se reitera, en el registro o inspección de sitios o lugares determinados Lo anterior, tomando en cuenta que, en su caso, corresponderá al Ministerio Público o al Juez Penal analizar la legalidad de la diligencia en relación con su eficacia probatoria Por tanto, una vez que la orden de cateo ha sido ejecutada, ésta se consuma de forma irreparable, pues el juicio de amparo no podría tener el efecto de impedir ni restituir la intromisión al domicilio del quejoso, dado que tal transgresión ya aconteció, por lo que sería físicamente imposible retrotraer las cosas hasta antes de dicha diligencia Es apoyo para lo anterior, la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y cuatro, del tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211211, que dice: "CATEO EJECUTADO AMPARO IMPROCEDENTE Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se Surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo" Al respecto, cabe destacar, que la orden de cateo reclamada se ejecutó el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve Esto es así, en virtud de que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda señaló: ".El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las 02:45 horas, llegaron a nuestro domicilio, mismo que se encuentra ubicado en el número cuatro mil trescientos seis de la calle treinta y nueve A sur, del Fraccionamiento La Providencia, en esta ciudad de Puebla, personas con el rostro cubierto y con armas de grueso calibre, las cuales no se identificaron rompiendo cerraduras y la puerta del citado domicilio, con la finalidad de dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de mi esposo HUGO ADOLFO KARAM BELTRÁN." Al respecto, la parte quejosa anexó a su escrito de demanda la copia autorizada de dicha técnica de investigación (cateo) que autorizó la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Joanna Karina Perea Cano (foja 20), a efecto de dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada el once de abril de dos mil diecinueve en el toca penal 4/2019-IV, emitida por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, en contra de Hugo Adolfo Karam Beltrán, por así solicitarlo el Agente del Ministerio Público de la Federación De lo expuesto, se sigue que la orden de cateo reclamada en esta vía de control constitucional, fue ejecutada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, de ahí que dicho acto se encuentra consumado de manera irreparable Es así, porque la posible violación al domicilio ya aconteció, y los efectos de la sentencia de amparo no podrían retrotraerse en el tiempo para impedir esa violación En consecuencia, procede desechar por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo por lo que hace al acto precisado al principio de este apartado, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo Igual criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por ejecutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de queja Q-123/2018 de su índice, respecto del juicio de amparo 1085/2018 de nuestro índice En virtud de lo anterior, a nada práctico conduciría pronunciarse a este juzgado de Distrito respecto a la personalidad de la parte quejosa INCOMPETENCIA Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, se determina: Relativo al acto reclamado al Primer Tribunal Unitario Del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, señalado por la parte quejosa en su último escrito aclaratorio de demanda como: ".1 Primer Tribunal Unitario Del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo: Respecto a ésta autoridad, libró una orden de aprehensión contra HUGO ADOLFO KARAM BELTRAN, dentro del toca 4/2019-IV; sin embargo a pesar de es una situación en apariencia no tiene que ver con la suscrita y mi menor hija, si afectó a la inviolabilidad de mi domicilio, ya que la orden de cateo ordenada en consecuencia de la citada aprehensión, se Ilevó a cabo de una manera ilegal sin atender al principio de legalidad en mi domicilio ubicado en calle 39 A sur, número cuatro mil trescientos seis, Fraccionamiento La Providencia CP 72400 en la ciudad de Puebla, afectando la propiedad y el interés superior de mi menor hija Es por lo que en la demanda de garantías presentada ante esta autoridad federal, señalé como acto reclamado las futuras diligencias, aclarando que las citadas futuras diligencias, son las que se desprendan de la orden de aprehensión librada en contra de mi esposo por el PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ya que se hizo una intromisión ilegal a mi domicilio porque la orden de cateo no cumple con los requisitos establecidos en la codificación aplicable; al llevarse a cabo el cateo ordenado en consecuencia de la resolución de la autoridad federal con sede en el estado de Quintana Roo, violaron mis derechos humanos así como el interés superior del menor, y a través de amenazas e intimidación los agentes a cargo que llegaron a mi domicilio, me dijeron que regresarían y si era necesario tumbarían hasta las paredes si fuera necesario, tal y como lo manifesté en mi demanda inicial." Al respeto, este órgano de control constitucional determina carecer de legal competencia para conocer del presente asunto, por los motivos expuestos por la superioridad ".Además, por lo que respecta al acto y autoridad indicados en segundo término, se invoca como hecho notorio, en términos de lo que establece el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo actuado en el diverso juicio de amparo indirecto 18/2019, del índice de este Tribunal En dicho asunto, el trece del mes en curso, se tuvo por recibido testimonio de la resolución emitida el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el toca relativo al recurso de queja 44/2019, por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula Resolución en la que -en lo que interesa-, dicho órgano colegiado determinó en un caso similar a éste, en el que se reclamaron actos del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, que la demanda debía remitirse a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Sexto Circuito, a efecto de que el órgano jurisdiccional que conociera por turno, determinara su competencia por razón de territorio con este Tribunal Circunstancia por la que se estima que una vez que el Juzgado de Distrito declinante determine lo conducente respecto de los actos de su competencia, deberá remitir los autos al Tribunal Unitario del Circuito al que pertenece, con el propósito de que éste emita el pronunciamiento correspondiente, acorde con el criterio citado con anterioridad En consecuencia, por los motivos expuestos, en este momento no se acepta la competencia en la forma planteada." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 36 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre el acto reclamado al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo Consecuentemente, en acatamiento a la resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, se declina a favor del Tribunal Unitario del Sexto Circuito en turno En esas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes del presente expediente con todo lo actuado en él y remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Sexto Circuito, a efecto de que sea turnada al Tribunal Unitario del Sexto Circuito en turno; por los motivos expuestos en este auto y en cumplimiento a la superioridad oficiante; hecho lo cual, se solicita, se sirva informar la determinación que adopte, solicitándole el acuse de recibo correspondiente Sin decidir sobre la suspensión del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el escrito signado por la quejosa Ana Isabel Allende Cano, quien promueve por propio derecho y en representación de su menor hija I.K.A., a través del cual, desahoga el requerimiento formulado en proveído de once de junio de dos mil diecinueve (fojas 19 a 22), por el que se le requirió precisara el acto reclamado a las autoridades ordenadoras 1. Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, y 2. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa, reclama del Primer Tribunal Unitario Del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo y la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, lo siguiente: ".1. Primer Tribunal Unitario Del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo: Respecto a ésta autoridad, libró una orden de aprehensión contra HUGO ADOLFO KARAM BELTRAN, dentro del toca 4/2019-IV; sin embargo a pesar de es una situación en apariencia no tiene que ver con la suscrita y mi menor hija, si afectó a la inviolabilidad de mi domicilio, ya que la orden de cateo ordenada en consecuencia de la citada aprehensión, se Ilevó a cabo de una manera ilegal sin atender al principio de legalidad en mi domicilio ubicado en calle 39 A sur, número cuatro mil trescientos seis, Fraccionamiento La Providencia. C.P. 72400 en la ciudad de Puebla, afectando la propiedad y el interés superior de mi menor hija. Es por lo que en la demanda de garantías presentada ante esta autoridad federal, señalé como acto reclamado las futuras diligencias, aclarando que las citadas futuras diligencias, son las que se desprendan de la orden de aprehensión librada en contra de mi esposo por el PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ya que se hizo una intromisión ilegal a mi domicilio porque la orden de cateo no cumple con los requisitos establecidos en la codificación aplicable; al llevarse a cabo el cateo ordenado en consecuencia de la resolución de la autoridad federal con sede en el estado de Quintana Roo, violaron mis derechos humanos así como el interés superior del menor, y a través de amenazas e intimidación los agentes a cargo que llegaron a mi domicilio, me dijeron que regresarían y si era necesario tumbarían hasta las paredes si fuera necesario, tal y como lo manifesté en mi demanda inicial. (.) 2. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre. (.) .señalo como acto reclamado la ilegal orden de cateo, al no cumplir con lo establecido en el artículo anterior, ya que como se puede apreciar en la copia certificada que se anexó a la demanda, que fue la que me mostraron y dejaron los agentes que ingresaron a mí domicilio, no contiene los requisitos que se establecen en la codificación federal aplicable." Así como la ejecución de dichos actos a las autoridades responsables: Fiscalía General de la República, Delegación Puebla, Coordinador de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República Delegación Puebla, Fiscalía General del Estado de Puebla y Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Al respeto, este órgano de control constitucional determina carecer de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." No obstante, que el primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. En el caso a estudio, no procede aplicar las reglas a que señala el artículo 37 de la Ley de Amparo, si no aquella regla especial, a que alude el numeral 36 de la misma ley, que señala: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." En efecto, con dicha regla se privilegia el factor de cercanía del Unitario que debe conoce del juicio de amparo indirecto respecto de la autoridad judicial Federal señalada como autoridad responsable, pues establece que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. En efecto, se estima actualizado el supuesto de incompetencia contenido en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en virtud que se combate un acto emitido por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la referida demanda de amparo promovida por Ana Isabel Allende Cano, por propio derecho y representación de su menor hija I.K.A.. Resulta aplicable lo anterior las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA, DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al precepto citado, cuando en el juicio de amparo indirecto se impugnan actos o resoluciones de un Tribunal Unitario de Circuito, deberá conocer del asunto otro Tribunal de la misma naturaleza (jerarquía y circuito), si lo hubiera, o bien, el que se encuentre más próximo de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin necesidad de fundar esa decisión en la aplicación supletoria del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la regla normativa que rige dicha competencia, se encuentra establecida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en el que expresamente se indican los criterios que la definen: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Lo anterior, con independencia de que los actos o resoluciones reclamados pudieran o no tener ejecución material, toda vez que ello no fue considerado por el legislador como parámetro para delimitar la indicada competencia." "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 36 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo. No obsta a lo anterior que también se atribuye uno de los actos reclamados a una diversa autoridad ordenadora, en el caso a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, pues se le reclama la realización del cateo ordenado por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo; ya que al tener dicho acto el mismo sustento y origen no procede desvincular los mismo, ellos, a efecto de respetar la continencia de la causa. Pues la promovente insiste que los actos derivan como consecuencia de: ".una orden de aprehensión contra HUGO ADOLFO KARAM BELTRAN, dentro del toca 4/2019-IV; sin embargo a pesar de es una situación en apariencia no tiene que ver con la suscrita y mi menor hija, si afectó a la inviolabilidad de mi domicilio, ya que la orden de cateo ordenada en consecuencia de la citada aprehensión, se Ilevó a cabo de una manera ilegal sin atender al principio de legalidad en mi domicilio ubicado en calle 39 A sur, número cuatro mil trescientos seis, Fraccionamiento La Providencia. C.P. 72400 en la ciudad de Puebla, afectando la propiedad y el interés superior de mi menor hija. Es por lo que en la demanda de garantías presentada ante esta autoridad federal, señalé como acto reclamado las futuras diligencias, aclarando que las citadas futuras diligencias, son las que se desprendan de la orden de aprehensión librada en contra de mi esposo por el PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ya que se hizo una intromisión ilegal a mi domicilio porque la orden de cateo no cumple con los requisitos establecidos en la codificación aplicable; al llevarse a cabo el cateo ordenado en consecuencia de la resolución de la autoridad federal con sede en el estado de Quintana Roo, violaron mis derechos humanos así como el interés superior del menor, y a través de amenazas e intimidación los agentes a cargo que llegaron a mi domicilio, me dijeron que regresarían y si era necesario tumbarían hasta las paredes si fuera necesario, tal y como lo manifesté en mi demanda inicial." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa integrado con la papeleta de turno, escrito de demanda, copias simples de la misma, así como del presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, a efecto de que sea turnada al Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo; por los motivos expuestos en este auto; hecho lo cual, se solicita, se sirva informar la determinación que adopte, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sin decidir sobre la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en la medida que reclama una orden de aprehensión. Así mismo, por cuanto hace a la manifestación de la parte promovente en el ocurso de cuenta en el sentido de que: ".Finalmente señalo como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación, ya que llevó a cabo una orden de cateo a pesar de que no se encontraba con los requisitos establecidos en el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Resérvese al tribunal unitario de mérito acordar lo conducente hasta en tanto decida sobre la admisión del presente asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita se autorice el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, toda vez que el presente expediente será remitido al Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, se acuerda procedente dicha petición únicamente en el cuaderno de antecedentes derivado del presente asunto, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 11 DE junio DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 548/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise el acto que le reclama a las autoridades responsables ordenadoras: 1. Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo; y, 2. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, lo anterior es así, pues del capítulo respectivo, manifestó lo siguiente: "El ilegal cumplimiento a la orden de cateo ordenado por el Primer Tribunal Unitario Del Vigésimo Séptimo Circuito con Sede en Cancún, Quintana Roo. La inviolabilidad del domicilio, ya si bien es cierto que existió una orden de cateo, no se llevó a cabo de conformidad con los preceptos legales aplicables. La perturbación de la seguridad de mi menor hija de nombre I.K.A., en virtud de que personal, supuestamente agentes de la fiscalía, la rodearon con armas de alto calibre, poniendo en peligro no solo su seguridad, si no su vida, ya que en el supuesto que los citados funcionarios estén preparados para maniobrar con ese tipo de armas, al momento de no identificarse no tengo la certeza de que no exista algún disparo por algún tipo de accidente o caso fortuito. La violación del principio de legalidad fundado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se ejecutó en los términos precisos de la copia certificada donde se dictaron lo puntos resolutivos. La protección de la familia regulada por el artículo 17 de la Convención Americana se complementa con la garantía de toda persona a ser protegida contra toda injerencia ilegal, arbitraria abusiva en la vida familiar consagrada por diversos instrumentos internacionales, esto es, que al haber ingresado mi domicilio de forma amenazante con armas largas, rodeando a mi menor hija, y tomando fotografías de la misma, viola los principios de seguridad, a la vida, y a una vida ,sin violencia que atiende el interés superior del menor. Las futuras diligencias que se desarrollen en mi domicilio, en virtud de que uno de los agentes, me amenazó diciéndome que regresaría con más personal y de ser necesario tiraría cada pared de mi domicilio con la finalidad de cumplir la orden de aprehensión dictada en contra de mi esposo HUGO ADOLFO KARAM BELTRÁN, por lo que temo por mi seguridad y sobre todo de mi menor hija, ya que a partir de la fecha de la realización del cateo, despierta todas las noches muy alterada, sudando y llorando, situación que no sucedía antes de la diligencia." Más adelante refirió lo siguiente: "Debo manifestar que dicha copia certificada expedida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, se limita únicamente a la realización del multicitado cateo" De lo anteriormente transcrito se advierte que al tribunal Unitario le atribuye el haber ordenado el cateo que reclama, y al juez de Distrito la realización del multicitado cateo. Sin embargo, de la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en el oficio de veintiocho de mayo del año en curso, signado por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, se advierte que dicha juzgadora autorizó la orden de cateo, como acto de investigación, y que el tribunal Unitario emitió una orden de aprehensión en contra de una diversa persona; por tanto deberá aclarar el acto que le reclama a cada una de las autoridades que señala como ordenadoras. La prevención destacada obedece a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados; sin embargo, como se advierte de la lectura integra de la demanda de amparo, tal requisito no se surte, en virtud que la promovente es ambigua al respecto. Ahora bien, hágase del conocimiento a la promovente que la presente prevención es con el fin de que hagan las manifestaciones referentes a tal tópico, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que amplíe la misma. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma y no por conducto de autorizado alguno en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Guillermo Méndez Morales y Gustavo Adolfo Sibaja Soriano, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano