Ana Hernández Pulido

Expediente 323/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
323/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Ana Hernández Pulido

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso ...; se concluye que no es de relevancia documental. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el sumario es susceptible de destrucción, porque se tuvo por no presentada la acción. No obra documento en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el cuaderno está integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de CINCO días concedido a la promovente, para aclarar su demanda de amparo, sin que hasta estos momentos haya escrito tendente a ello, no obstante se le citó para su comparecencia; consecuentemente, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de prevención, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA promovida por ... NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el oficio del Juez Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado y allega la información solicitada, lo que se tomará en consideración una vez que la quejosa desahogue la prevención formulada en la misma data. Por otro lado, visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que el dieciocho del mes y año que transcurre, se requirió de manera personal a la quejosa para que acudiera al local de este juzgado a ratificar su demanda, sin embargo, la impetrante señaló las listas de este Juzgado como medio para recibir notificaciones, en ese sentido, a fin de no vulnerar sus derechos y que la impetrante tenga acceso efectivo a la justicia como dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario citar a ... para que acuda al local de este Juzgado a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, dejándose en la actuaria de este Juzgado el código respectivo para accesar a este recinto judicial, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 323/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del precepto 3° de la Ley de la materia. Con fundamento en el dispositivo 114 de la Ley de Amparo, a efecto de acordar lo que proceda sobre la demanda, requiérase personalmente a la promovente, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Deberá ratificar su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, para lo cual debe comparecer a este Juzgado de Distrito, debidamente identificada con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Lo anterior, obedece a que la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que rige para una situación jurídica en la que no es parte, lo que se traduciría para los justiciables de la instancia común, en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio y máxima de experiencia, que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, contratos privados -compra-venta, arrendamiento, comodato etcétera- celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que intitulada: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar dicho libelo constitucional y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedora la promovente, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez de amparo que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio de amparo, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad del quejoso la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendida suscriptora, apercibiéndola que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Planteamientos que, además, ya fueron sustancialmente compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil 235/2018. Atendiendo a la naturaleza de la diligencia en que deberá desahogarse este punto de prevención, con fundamento en el artículo 6º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se instruye al Actuario de la adscripción, para que previo a la notificación de este requerimiento, genere la cita y código QR correspondientes, para que la parte quejosa pueda acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a dar cumplimiento al requerimiento que aquí se formula. SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 108 fracción lll de la ley de la materia la quejosa deberá precisar si reclama algún acto en particular a la Actuaria adscrita al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México. Lo anterior, pues en el apartado relativo a las autoridades responsables, indica: "lll.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En su carácter de ordenadora. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En su calidad de ejecutora" Sin embargo, a foja 2 del escrito de cuenta se advierte lo siguiente: "De igual manera, se reclama la indebida acción de la actuaria adscrita al Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, de pretender realizar el desalojo, el cual según su dicho deriva de un juicio de controversia de arrendamiento en contra de ..., del cual se desconoce el estado procesal del mismo [.] ". Por tanto, deberá indicar expresamente si reclama algún acto en particular a la Actuaria adscrita al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, o bien, si fue un error en su demanda. Al respecto, se cita, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, de diciembre de 2011, tomo 5, página 3709, es; "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA." Por otro lado, para mayor certeza y considerando que la quejosa se ostenta tercera extraña al proceso, requiérase al Juez Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, para que, en veinticuatro horas, remita la siguiente información respecto del juicio de arrendamiento inmobiliario 911/2019 de su índice. a) Quiénes son las partes -incluidos sus domicilios-, así como las prestaciones reclamadas; b) Si ya se dictó sentencia definitiva, en caso de ser así, deberá señalar sus puntos resolutivos, para lo cual tendrá que allegar copia de ésta; c) Precise si dicha resolución fue recurrida y, transcriba los puntos resolutivos de ese fallo, allegue copia de ésta, o bien, indique si ya causó ejecutoria; d) El estado procesal que guarda el procedimiento del que deriva el reclamo -pues aduce que existe una orden de lanzamiento respecto del inmueble que pretende defender -; y, e) Si dentro del referido expediente, se han promovido otros juicios de amparo indirecto, aun cuando no hayan sido instados por la quejosa, y en caso afirmativo, precise los datos de identificación correspondientes, tales como el número de expediente, autoridad federal que conoció y cuál fue la actuación sometida al análisis constitucional. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el artículo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y para los mismos efectos a las personas que indica. Por lo que ve a la aclaración a cargo de la quejosa, se deberá formular en original y copias suficientes de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la ley de la materia. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el punto PRIMERO del presente proveído, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Tocante al punto SEGUNDO, dígase que de no dar cumplimiento, no se tendrá como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y precluirá su derecho para señalarla más adelante. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. Respecto de quien autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sólo gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrá por autorizada para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se autoriza para la utilización de medios electrónicos; lo anterior en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

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