Ana Hernández Malave
Expediente 222/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Hernández Malave
- Ana Hernández Malave y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Así mimo que se aprobó el regreso de labores escalonadas y la reanudación de plazos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. De lo anterior, y como se advierte de la certificación de cuenta, resulta patente que el término de cinco días para recurrir el auto de trece de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del siete al trece de agosto del año en curso; ello es así debido a la suspensión de labores del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, consecuentemente con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En tales condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AVISO JUDICIAL. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TRECE DE MARZO DE ESTE AÑO, EL CUAL, SUSTANCIALMENTE DICE: "Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Subdirector de lo Contencioso del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual en desahogo al requerimiento formulado en proveído de seis de marzo de dos mil veinte, remite información relacionada con la menor quejosa A.V.H, de la que se localizó registro de entrada al país. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que las quejosas ***** y la menor *****, se localizaron registros de entrada al país, sin registros de salida del país. Consecuentemente, visto el estado procesal que guardan los autos, del cual se advierte que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se recibió la demanda de garantías que ***** presentó en nombre de ***** y la menor *****, contra actos de la Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así, atendiendo al acto reclamado, que se hizo consistir en la privación de la libertad, incomunicación, así como la posible deportación, expulsión del país o negativa a permitirles el ingreso de ***** y la menor *****, la suscrita otorgó la suspensión de plano, por lo que el actuario de la adscripción se constituyó ante la responsable, a efecto de hacer de su conocimiento la medida cautelar y poner en libertad a las privadas de su libertad; sin embargo, no fue posible localizarlas por las razones que se expuso en la razón actuarial de dieciocho de febrero de dos mil veinte. En ese sentido, por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se requirió a Cristian Galindo Valdez para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente al en que surtiera efectos su notificación, manifestara bajo protesta de decir verdad, el lugar donde se encontraban arrestadas ***** y la menor *****, o bien, si ya se encuentra en libertad; lo anterior, a efecto de que la suscrita se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Ahora, para proveer al respecto se toma en consideración el artículo 15 de la Ley de Amparo, mismo que es del tenor siguiente: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Del precepto transcrito se observa que el juicio de amparo podrá promoverlo cualquier persona a nombre de otra, aunque sea menor de edad, cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo en los casos siguientes: 1. Actos que importen peligro de privación de la vida. 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. 3. Incomunicado. 4. Deportación o expulsión. 5. Proscripción o destierro. 6. Extradición. 7. Desaparición forzosa de personas. 8. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 9. Incorporación forzosa al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. En consecuencia, dado que no encuadra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento, por lo que es procedente tener por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Principal
POR LA RAZÓN QUE SE EXPONBE, REQUIÉRASE A LAS AUTORIDADES QUE SE PRECISAN PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS CUMPLAN CON LO QUE SE LES INDICA. CON APERCIBIMIENTO.
- Principal
LA AUTORIDAD INDICADA INFORMA LOS TRÁMITES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO.
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