Ana Guadalupe del Ángel Pérez y Otros.
Expediente 1299/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ana Guadalupe del Ángel Pérez y Otros.
- A.N. G. D.A. y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se recibe exhorto diligenciado, se rinde informe del recurso interpuesto en autos, y se ordena remitir el recurso al tribunal colegiado en curso
- Incidental
De conformidad con el artículo 27, fracción I, y diverso 29, de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejos el proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, que es del tenor literal siguiente: Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Darío Ruiz Alegría, contra actos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 343/2022. II. ANÁLISIS Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º fracción I y 5° fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías Individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten los derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto, que la fracción I del numeral 1°, de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está´ ante un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Estudio de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de indicarse que, tradicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del amparo, son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, quien no reúne esos atributos, no puede ser autoridad responsable; y el juicio de amparo contra los actos que emita resulta improcedente Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que dice: Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar si los actos reclamados son de aquellos que se encuentran considerados por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si quienes los realizan se encuentran actuando con el imperio de la ley, para lo cual se debe atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes plano Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Expuesto lo anterior, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo2 , se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el cobro indebido de la cantidad de $1,846.74 (mil ochocientos cuarenta y seis pesos 74/100) y la carta compromiso de pago del suministro del servicio público de agua potable y alcantarillado de la casa que posee el aquí quejoso, por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el estado de Tamaulipas, con sede esta ciudad. Asimismo, de la lectura de la demanda el promovente manifiesta que existe contrato de servicio de suministro del servicio público de agua potable y alcantarillado, mismo que refiere se presta en su domicilio particular. En consecuencia, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fracción XIII, en relación al 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que los actos reclamados no son de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ello, puesto que la responsable actúa en un plano de coordinación con el impetrante, al derivar su relación con la que refiere como autoridad responsable, de un contrato de reconocimiento forma de pago y prestación de servicios de suministro de agua potable portuario. Lo anterior, se afirma, pues es evidente que la relación establecida entre la parte quejosa y la autoridad que señaló como responsable la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tampico, en la especie, no es de supra a subordinación, como afirma, sino de coordinación pues deriva de una relación contractual entre las partes celebrada con motivo de la concertación de un convenio de reconocimiento forma de pago y prestación de servicios de suministro de agua potable, por lo que los actos reclamados, no son actos de autoridad. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el estado de Tamaulipas, con sede esta ciudad, no son actos de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, se insiste, no actúa en un plano superior al del peticionario de amparo, ni la consideraron como gobernado; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión derivada de una relación contractual. Por las razones que la informan se invoca la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente; En efecto, la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, consistente en el cobro del suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado, respecto del domicilio particular de la parte quejosa, efectuada por la responsable, desde el punto de vista de los tipos de relación, se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea del acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de agua potable y alcantarillado que proporciona la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el estado de Tamaulipas, con sede esta ciudad, que celebraron las partes, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y como parte en el contrato suscrito entre el aquí quejoso y autoridad responsable, y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Finalmente, no se soslaya que la doctrina constitucional ha venido evolucionando en beneficio de los derechos humanos, y si bien el derecho humano a la provisión de agua potable, constituye una obligación del Estado que, constituye se garantice el acceso al agua potable de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, de las personas; tal como dispone el artículo 4° constitucional, en el párrafo sexto, que disponen: Artículo 4o. [.] Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Y sobre ese tema, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, emitió el veintiocho de julio de dos mil diez la resolución 64/292 titulada "El derecho humano al agua y el saneamiento", que reconoce que "El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". A su vez, la Carta Social de las Américas, en su artículo 20 del Capítulo III, afirma lo siguiente: Artículo 20: Los Estados Miembros reconocen que el agua es fundamental para la vida y básica para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental y que el acceso no discriminatorio de la población al agua potable y a los servicios de saneamiento, en el marco de las legislaciones y políticas nacionales, contribuye al objetivo de combatir la pobreza. Los Estados Miembros, con base en sus realidades nacionales, se comprometen a continuar trabajando para garantizar el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento para las presentes y futuras generaciones. Lo cierto es que en el caso el adeudo con el que cuenta la casa habitación que posee y usufrutua el aquí quejoso, no se trata de una privación del vital líquido para consumo personal y doméstico, no obstante que al día de la presentación de la demanda no se ejecutaba el corte del suministro de agua potable, tal circunstancia no varía la determinación aquí adoptada, en razón que como se señaló, los actos reclamados se encuentran relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de agua potable y alcantarillado que proporciona la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el estado de Tamaulipas, con sede esta ciudad, a la aquí quejosa, con base en las cláusulas que estipularon en el contrato de origen y no como ente gubernamental, por lo que, se insiste tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda, más no en esta vía constitucional. En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Darío Ruiz Alegría. III. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que índica en su demanda de amparo. No obstante, se le apercibe que de ser inexacto; no existir; encontrarse deshabitado o por manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a su autorizado para recibir notificaciones, éstas, e incluso las que deban ser personales, se le realizarán por lista de acuerdos, en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Ramón Martínez Gutiérrez, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y a la restante persona únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que no se encuentra registrado en el sistema en mención.
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