Ana Guadalupe Alvarado Pérez
Expediente 389/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana Guadalupe Alvarado Pérez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Ana Guadalupe Alvarado Pérez, por el que interpone recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito original del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Tribunales, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a las autoridades señaladas como responsables la interposición de dicho recurso, a efecto de que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. HABILITACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con independencia de lo anterior, se comisiona a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que haga disponible el expediente electrónico de esta incidencia. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Guadalupe Alvarado Pérez, promoviendo por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Salina Cruz Oaxaca y otra autoridad, que hace consistir literalmente en: ************* DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ********** De los antecedentes del acto reclamado, que, bajo protesta de decir verdad, narró la quejosa Ana Guadalupe Alvarado Pérez, se advierte que es parte actora dentro del expediente familiar 137/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz Oaxaca, en el que por auto de veintiséis de junio del año en curso, le impuso como MEDIDA DE APREMIO dos MULTAS equivalentes a $2,040.00 (dos mil cuarenta pesos 00/100 centavos moneda nacional) y $2, 550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional). Circunstancia que constituye el acto reclamado. Ante dicho panorama, SE DESECHA LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La disposición legal referida, encierra uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. Del anterior precepto se desprende la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido el acto reclamado a que se ha hecho alusión no tiene la característica de ser un acto definitivo, auto de veintiséis de junio del año en curso, dictado dentro del expediente familiar 137/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz Oaxaca, en el que se impuso como MEDIDA DE APREMIO DOS MULTAS, toda vez que la peticionaria del amparo, antes de acudir a la presente instancia constitucional, al ser parte actora, debió agotar el recurso de revocación a que se refiere el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." De la transcripción de los citados numerales se advierte que, contra el auto que reclama la parte quejosa (imposición de multas como medios de apremio), no procede el recurso de apelación, por tratarse de un proveído que por sus características no tiene fuerza definitiva, por lo tanto, al no ser apelable, resulta procedente el recurso de revocación. De esta manera, del análisis del precepto invocado se desprende que la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el Juez de origen, revoque si así procede el auto que emitió, en el supuesto de que contra éste no resulte procedente el diverso recurso de apelación. En tales condiciones, la parte quejosa, previamente a la promoción de la demanda de amparo debió interponer contra el acto reclamado, como ya se estableció, el recurso de revocación, previsto en el artículo 666, en relación con el diverso 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, por considerar que el acto que reclama le causa agravio, máxime que, como ya se dijo, es parte procesal dentro del expediente 137/2021 (parte actora); recurso mediante el cual puede obtener la revocación, modificación o nulidad de la determinación del Juez responsable, que por esta vía impugna. En tal virtud, resultaba necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no se está en el supuesto de encontrarse ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de persona extraña al procedimiento ya que es la parte demandada en el juicio natural, el cual fue emplazado a juicio. Lo anterior, sin soslayar de que el acto reclamado puede ser de aquellos que se estiman causan perjuicios de imposible reparación, sin embargo, ello no quiere decir que se deba inobservar el principio de definitividad, salvo en los casos de excepción a que se ha hecho referencia, por lo que si la legislación específica de cada entidad federativa prevé un recurso o medio de defensa, como en el caso en particular, que lo es el recurso de revocación, previsto como ya se estableció en el Código Procesal de la Materia, debe agotarse el mismo, previo a instar el juicio de amparo, ya que a través de éste la quejosa sí puede anular o revocar el auto de veintiséis de junio del año en curso, dictado dentro del expediente familiar 137/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz Oaxaca, en el que se le impuso como MEDIDA DE APREMIO DOS MULTAS. ******** Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la legislación secundaria, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. Es igualmente aplicable, la tesis de jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro 187016 del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Y la jurisprudencia 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Parte SCJN, Página: 297, Época: Quinta Época Registro: 394403, Apéndice de 1995 que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 de dicha legislación, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en tu escrito de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que cita en su escrito inicial de demanda. CORREO ELECTRONICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los Secretarios y Secretarias del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- América Terrazas Montero187/2019
- Amparo Rubalcaba Rubalcaba143/2023
- Ana Alicia López Jiménez87/2018
- Ana Alicia Pacheco Esteva104/2020
- Ana del Carmen Bartolo Gomez480/2015
- Ana Fernanda Barrera Hernández596/2023
- Ana Isabel Ricardo Mustelier219/2022
- Ana Line Pérez Arteaga621/2021
- Ana Luis Cordóva López444/2019
- Ana Luisa Cordova López439/2019
- Ana Luisa Sánchez Castro375/2017
- Ana Luisa Sánchez Castro239/2017