Ana Griselle González Espinoza

Expediente 1262/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1262/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Ana Griselle González Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días, que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintitrés de diciembre dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por ..., contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con relación con los numerales 1, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la materia, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. De lo anterior se puede concluir que se obtiene lo siguiente: a) Que no todos los hechos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y, b) Que no todos aquellos actos que el órgano del Estado realice, tendrán la naturaleza de un acto de autoridad, sino sólo aquellos que involucran actuación o abstención frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten derechos sustantivos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Apoya el anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado al, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en el siguiente: ".El descuento excesivo que el Instituto señalado como Autoridad Responsable se sirve realizar en referencia al salario que percibo, considerando que tal acto vulnera mis derechos humanos relativos a la subsistencia humana, toda vez que del descuento que se realiza me deja en estado de indefensión por no encontrarme en aptas condiciones para sufragar los accesos a los servicios más indispensables para subsistir (agua, luz, comida, vestido), descuento que si bien es cierto se realiza por motivo de un crédito de vivienda que fue contratado entre la ahora quejosa y el Instituto señalado como Autoridad Responsable, más cierto que en aquél momento la suscrita percibía un salario superior al actual; lo anterior es así, en virtud de que la promovente actualmente soy empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo como ingreso quincenal el total de percepciones la cantidad de $3,409.31 (tres mil cuatrocientos nueve pesos 31/100 M. N.), descontándose la cantidad de $2.226.80 (dos mil doscientos veintiséis pesos 80/100 M. N.) es decir, más de la mitad del total de mis percepciones, que sumadas con los otras deducciones de ley, mi pago salarial neto y/o líquido lo es de $374.00 (trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) cantidad líquida por demás INSUFICIENTE para poder cubrir las necesidad más básicas de subsistencia humana, por tal motivo del desmiento excesivo es que considero la vulneración a tales derechos .". Bajo ese contexto, debe decirse que, en la especie, el acto que la promovente pretende reclamar del aludido instituto, no tiene la naturaleza de acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo, en virtud de que, no obstante que la parte quejosa lo considere contrario a su interés, no puede considerarse como tal, en razón a que a la relación de coordinación que tiene la que pretende atribuirle la calidad de autoridad responsable y la promovente del amparo. la citada directora, quien no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad. Lo anterior, tomando en consideración que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una contienda entre particulares, al tratarse de asuntos relacionados con contratos hipotecarios entre el Infonavit y la aquí quejosa, y cualquier hecho suscitado entre éstos no genera que se transforme en una relación de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable al emitir el acto reclamado -cancelación del crédito hipotecario otorgado a su favor-, actúa en el ámbito laboral, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, manifiesta que la misma celebró un contrato hipotecario con el Infonavit, por lo que cualquier contienda que se suscite entre los mismos, como lo sería la disminución del pago mensual del referido crédito hipotecario del que se duele la parte quejosa, tendría que resolverse ante los tribunales competentes, al actuar en un mismo plano como particulares. Dado que "bajo protesta de decir verdad", manifestó que los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, son ciertos. Es decir, los actos que contravierte la peticionaria son consecuencia de una relación contractual que mantiene con la autoridad que señala como responsable. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, sino que se encuentran en un mismo nivel, en el cual podrían actuar en coordinación; por tanto, carece de las particularidades para ser calificado como actos de autoridad. Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el acto que aquí se reclama, en virtud que el inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad de trabajo competente, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ellos y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.93/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, localizable en la página 201 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Se cita también la tesis II.2o.T.7 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Libro 3, Julio de dos mil veintiuno, Tomo II, página dos mil trescientos setenta y siete, Undecima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO CUANDO REALIZA LOS DESCUENTOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA. El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de los trabajadores de contar con una vivienda digna y decorosa, reservándose a la ley la regulación de las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones a que tienen derecho; por su parte, de los artículos 2o., 3o., 5o., 41, 42, fracción II, 43 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte que el citado instituto es un organismo de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es administrar los recursos del fondo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean, o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores; por tanto, la relación entre el instituto y el trabajador derivada de un contrato de otorgamiento de crédito para la adquisición de un bien inmueble se da en un plano de igualdad, porque se celebra libre y voluntariamente entre las partes; en consecuencia, cuando el instituto aludido actúa en cumplimiento de sus obligaciones de ente administrador y realiza descuentos al salario de los trabajadores para el pago de esos créditos, la relación jurídica se origina en un plano de coordinación, por lo que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Iretiticateme, número 306, colonia Félix Ireta, de esta ciudad de Morelia, Michoacán y autorizando únicamente para que en su nombre y representación las reciban y se impongan de los autos indistintamente a Jesús Fernando Navarro Higareda, Karina Patiño Niño, Pedro Iván Martínez González, Alejandra García Sánchez, Gabriela Alegre Arreola, Marlem Tovar Cortés y Miranda Sampedro Gálvez, toda vez que los autorizó para ese efecto. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si e toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por ..., contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con relación con los numerales 1, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la materia, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. De lo anterior se puede concluir que se obtiene lo siguiente: a) Que no todos los hechos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y, b) Que no todos aquellos actos que el órgano del Estado realice, tendrán la naturaleza de un acto de autoridad, sino sólo aquellos que involucran actuación o abstención frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten derechos sustantivos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí, que aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Apoya el anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado al, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en el siguiente: ".El descuento excesivo que el Instituto señalado como Autoridad Responsable se sirve realizar en referencia al salario que percibo, considerando que tal acto vulnera mis derechos humanos relativos a la subsistencia humana, toda vez que del descuento que se realiza me deja en estado de indefensión por no encontrarme en aptas condiciones para sufragar los accesos a los servicios más indispensables para subsistir (agua, luz, comida, vestido), descuento que si bien es cierto se realiza por motivo de un crédito de vivienda que fue contratado entre la ahora quejosa y el Instituto señalado como Autoridad Responsable, más cierto que en aquél momento la suscrita percibía un salario superior al actual; lo anterior es así, en virtud de que la promovente actualmente soy empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo como ingreso quincenal el total de percepciones la cantidad de $3,409.31 (tres mil cuatrocientos nueve pesos 31/100 M. N.), descontándose la cantidad de $2.226.80 (dos mil doscientos veintiséis pesos 80/100 M. N.) es decir, más de la mitad del total de mis percepciones, que sumadas con los otras deducciones de ley, mi pago salarial neto y/o líquido lo es de $374.00 (trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) cantidad líquida por demás INSUFICIENTE para poder cubrir las necesidad más básicas de subsistencia humana, por tal motivo del desmiento excesivo es que considero la vulneración a tales derechos .". Bajo ese contexto, debe decirse que, en la especie, el acto que la promovente pretende reclamar del aludido instituto, no tiene la naturaleza de acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo, en virtud de que, no obstante que la parte quejosa lo considere contrario a su interés, no puede considerarse como tal, en razón a que a la relación de coordinación que tiene la que pretende atribuirle la calidad de autoridad responsable y la promovente del amparo. la citada directora, quien no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad. Lo anterior, tomando en consideración que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una contienda entre particulares, al tratarse de asuntos relacionados con contratos hipotecarios entre el Infonavit y la aquí quejosa, y cualquier hecho suscitado entre éstos no genera que se transforme en una relación de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable al emitir el acto reclamado -cancelación del crédito hipotecario otorgado a su favor-, actúa en el ámbito laboral, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, manifiesta que la misma celebró un contrato hipotecario con el Infonavit, por lo que cualquier contienda que se suscite entre los mismos, como lo sería la disminución del pago mensual del referido crédito hipotecario del que se duele la parte quejosa, tendría que resolverse ante los tribunales competentes, al actuar en un mismo plano como particulares. Dado que "bajo protesta de decir verdad", manifestó que los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, son ciertos. Es decir, los actos que contravierte la peticionaria son consecuencia de una relación contractual que mantiene con la autoridad que señala como responsable. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, sino que se encuentran en un mismo nivel, en el cual podrían actuar en coordinación; por tanto, carece de las particularidades para ser calificado como actos de autoridad. Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el acto que aquí se reclama, en virtud que el inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad de trabajo competente, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ellos y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.93/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, localizable en la página 201 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Se cita también la tesis II.2o.T.7 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Libro 3, Julio de dos mil veintiuno, Tomo II, página dos mil trescientos setenta y siete, Undecima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO CUANDO REALIZA LOS DESCUENTOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA. El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de los trabajadores de contar con una vivienda digna y decorosa, reservándose a la ley la regulación de las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones a que tienen derecho; por su parte, de los artículos 2o., 3o., 5o., 41, 42, fracción II, 43 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte que el citado instituto es un organismo de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es administrar los recursos del fondo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean, o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores; por tanto, la relación entre el instituto y el trabajador derivada de un contrato de otorgamiento de crédito para la adquisición de un bien inmueble se da en un plano de igualdad, porque se celebra libre y voluntariamente entre las partes; en consecuencia, cuando el instituto aludido actúa en cumplimiento de sus obligaciones de ente administrador y realiza descuentos al salario de los trabajadores para el pago de esos créditos, la relación jurídica se origina en un plano de coordinación, por lo que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Iretiticateme, número 306, colonia Félix Ireta, de esta ciudad de Morelia, Michoacán y autorizando únicamente para que en su nombre y representación las reciban y se impongan de los autos indistintamente a Jesús Fernando Navarro Higareda, Karina Patiño Niño, Pedro Iván Martínez González, Alejandra García Sánchez, Gabriela Alegre Arreola, Marlem Tovar Cortés y Miranda Sampedro Gálvez, toda vez que los autorizó para ese efecto. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si e toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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