ANA GARCIA MONTERO y Otros.
Expediente 340/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana Garcia Montero
- ANA GARCIA MONTERO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa *****....***, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *******..***; visto su contenido, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, devuélvansele las documentales, que anexó a su escrito de demanda, consistente en: Copia simple del comprobante pago de luz de doce de enero de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa *********....*; y, Copia simple del acta de nacimiento con número de control 404704, de la menor de iniciales *******...*********. Lo anterior, dejando en su lugar folio de sustitución, de igual forma téngase por autorizadas para recibir dichas documentales a la persona que indica en el escrito de cuenta, previa identificación y razón que de su entrega se asiente en autos. Para lo anterior, la parte solicitante deberá tomar en cuenta el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reanuda las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, concluyendo el esquema establecido en los Acuerdos Generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19; y comparecer a las instalaciones de este Juzgado en horas de atención al público (9:30 a 14:30 horas). Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Número de expediente: 340/2022 Acuerdo: "..MESA IV* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *** (de quien se omite su nombre y apellidos, de conformidad con el artículo 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes1), fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 340/2022. Acto reclamado En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Comisión Federal de Electricidad, División Sureste Oaxaca, la parte quejosa realmente reclama: El corte de suministro eléctrico de su domicilio ubicado en el Andador **, Condominio nueve, casa número diez, Fraccionamiento***. No pasa desapercibido que la quejosa señala como actos destacados la omisión y/o negativa de preservar la vida, salud e integridad personal de la mencionada menor; así como, la violación al derecho humano fundamental a la educación de la referida menor. Sin embargo, como ya se dijo, se puede advertir que el acto reclamado es el corte de suministro eléctrico de su domicilio, por lo que dichas manifestaciones se traducen en conceptos de violación, al formar parte de su pretensión constitucional, de ahí que no se tengan como tal los mismos. Causa de improcedencia 1Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: (.) IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que en contra del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de la materia. Los artículos referidos establecen: ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el término de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Una vez fijados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el acto reclamado lo constituye, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parteaguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, tiene sustento en los artículos 25, párrafos primero, cuarto y último, 27, párrafos primero y sexto y 28, párrafos primero, cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor literal siguiente: ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 2 Visible en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. (.) Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. (.) La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. (.) No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. De la transcripción anterior se advierte que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad, de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: Ley de la Industria Eléctrica Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades. Ley de la Comisión Federal de Electricidad Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. (.). De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esos términos la regla general implica que tales actos consistentes en las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad; c) cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable, d) contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, e) cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. En esas condiciones, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Así, es evidente que la competencia pertenece a los Tribunales Federales; además, que resultan de naturaleza mercantil todas las actuaciones que realicen o se le imputen a la Comisión Federal de Electricidad, excepto los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo cuales tendrán naturaleza administrativa. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad tienen naturaleza mercantil; por tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza, debido a que el acto materia de reclamo tiene su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a través del contrato de suministro de energía eléctrica que el aquí quejoso celebró con dicha Comisión.. Lo anterior, en virtud a que de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 10493, en relación con el 75, fracciones V y XXV4, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Ello es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en el corte de suministro eléctrico de su 3 Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. 4 Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) - - - V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) - - - XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. domicilio ubicado en el Andador ***, Condominio nueve, casa número diez, Fraccionamiento ****, Oaxaca. Y de los antecedentes narrados por la impetrante bajo protesta de decir verdad, se conoce que el catorce enero de dos mil veintidós, se presentaron hasta su domicilio personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes le entregaron unos papeles y a partir de ese momento le cortaron el suministro de la luz en el domicilio de la quejosa, a pesar de que el doce de enero realizó el pago correspondiente al servicio de luz. Por tanto, es evidente que no constituye un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, pues deriva de una relación contractual mercantil que tiene con la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, con Registro digital: 2016656, con datos de localización: Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, Tipo: Jurisprudencia, que es del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Cabe agregar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia anterior, esto es, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la contradicción de tesis 198/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, en la parte de interés, lo siguiente: "(.) En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), (28) ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CRE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable ..." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "... el alumbrado, y almacenamiento de alimentos ..." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al fondo de servicio universal eléctrico;(29) cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.(30) Dicho fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el mercado eléctrico mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones.(31) La distribución, transmisión y, por ende, el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el fondo de servicio universal eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las redes generales de distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda.(32)" Como es de observarse, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables (regla general). Sin embargo, la Segunda Sala del Alto Tribunal, no descartó la posibilidad de que, en algunos casos, la Comisión Federal de Electricidad, sí pueda ser considerada como una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto cuando lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos (excepción). Sin embargo, en el caso particular, se estima que los actos reclamados de la Comisión Federal de Electricidad por conducto del Suministrador de Servicios Básicos, no la equiparan con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. En efecto, debe destacarse que no todos los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, la equiparan con una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, aunque en todos los casos pudiera verse afectado el derecho humano del usuario a una vivienda digna que requiere del suministro de energía eléctrica, sino que debe analizarse en cada caso concreto, si tales actos comprometen los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. En el caso concreto, no se reclama la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, caso que ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, como se desprende de la demanda de amparo, particularmente de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa acepto que es usuario de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad, pues es evidente que reclama el corte del servicio de energía eléctrica de su domicilio ubicado en el Andador**, Condominio nueve, casa número diez, Fraccionamiento *** , Oaxaca. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo, no se desprende que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables), caso que también ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, no se advierte que la demanda de amparo sea promovida por personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros), otro caso que también ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, no se aprecia que se trate del caso en el que se haya solicitado el suministro de energía eléctrica y no se haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica, pues, como se dijo, la parte quejosa es usuario de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Bajo ese orden de ideas, analizando el caso concreto, se considera que los actos reclamados de la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS y DISTRIBUCIÓN, no la equiparan con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. Desechamiento En esas condiciones, como existe jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la Comisión Federal de Electricidad, derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de enero de dos mil diecinueve, con Registro digital: 2019230, con datos de localización Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, Tipo: Jurisprudencia, que es del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizadas para recibir notificaciones, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así solicitarlo el promovente. Proporciona número telefónico Ahora, toda vez que también indica como diverso domicilio para oír y recibir notificaciones personales el número telefónico que proporciona; por tanto, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante Acuerdo 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las parte quejosa, para que, al imponerse de los autos, pueda utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
"..MESA IV* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales *** (de quien se omite su nombre y apellidos, de conformidad con el artículo 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes1), fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 340/2022. Acto reclamado En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Comisión Federal de Electricidad, División Sureste Oaxaca, la parte quejosa realmente reclama: El corte de suministro eléctrico de su domicilio ubicado en el Andador **, Condominio nueve, casa número diez, Fraccionamiento***. No pasa desapercibido que la quejosa señala como actos destacados la omisión y/o negativa de preservar la vida, salud e integridad personal de la mencionada menor; así como, la violación al derecho humano fundamental a la educación de la referida menor. Sin embargo, como ya se dijo, se puede advertir que el acto reclamado es el corte de suministro eléctrico de su domicilio, por lo que dichas manifestaciones se traducen en conceptos de violación, al formar parte de su pretensión constitucional, de ahí que no se tengan como tal los mismos. Causa de improcedencia 1Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: (.) IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que en contra del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de la materia. Los artículos referidos establecen: ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el término de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Una vez fijados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el acto reclamado lo constituye, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parteaguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, tiene sustento en los artículos 25, párrafos primero, cuarto y último, 27, párrafos primero y sexto y 28, párrafos primero, cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor literal siguiente: ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 2 Visible en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. (.) Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. (.) La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. (.) No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. De la transcripción anterior se advierte que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad, de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: Ley de la Industria Eléctrica Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades. Ley de la Comisión Federal de Electricidad Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. (.). De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esos términos la regla general implica que tales actos consistentes en las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad; c) cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable, d) contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, e) cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. En esas condiciones, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Así, es evidente que la competencia pertenece a los Tribunales Federales; además, que resultan de naturaleza mercantil todas las actuaciones que realicen o se le imputen a la Comisión Federal de Electricidad, excepto los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo cuales tendrán naturaleza administrativa. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad tienen naturaleza mercantil; por tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza, debido a que el acto materia de reclamo tiene su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a través del contrato de suministro de energía eléctrica que el aquí quejoso celebró con dicha Comisión.. Lo anterior, en virtud a que de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 10493, en relación con el 75, fracciones V y XXV4, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Ello es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en el corte de suministro eléctrico de su 3 Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. 4 Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) - - - V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) - - - XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. domicilio ubicado en el Andador ***, Condominio nueve, casa número diez, Fraccionamiento ****, Oaxaca. Y de los antecedentes narrados por la impetrante bajo protesta de decir verdad, se conoce que el catorce enero de dos mil veintidós, se presentaron hasta su domicilio personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes le entregaron unos papeles y a partir de ese momento le cortaron el suministro de la luz en el domicilio de la quejosa, a pesar de que el doce de enero realizó el pago correspondiente al servicio de luz. Por tanto, es evidente que no constituye un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, pues deriva de una relación contractual mercantil que tiene con la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, con Registro digital: 2016656, con datos de localización: Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, Tipo: Jurisprudencia, que es del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Cabe agregar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia anterior, esto es, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la contradicción de tesis 198/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, en la parte de interés, lo siguiente: "(.) En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), (28) ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CRE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable ..." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "... el alumbrado, y almacenamiento de alimentos ..." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al fondo de servicio universal eléctrico;(29) cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.(30) Dicho fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el mercado eléctrico mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones.(31) La distribución, transmisión y, por ende, el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el fondo de servicio universal eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las redes generales de distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda.(32)" Como es de observarse, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables (regla general). Sin embargo, la Segunda Sala del Alto Tribunal, no descartó la posibilidad de que, en algunos casos, la Comisión Federal de Electricidad, sí pueda ser considerada como una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto cuando lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos (excepción). Sin embargo, en el caso particular, se estima que los actos reclamados de la Comisión Federal de Electricidad por conducto del Suministrador de Servicios Básicos, no la equiparan con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. En efecto, debe destacarse que no todos los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, la equiparan con una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, aunque en todos los casos pudiera verse afectado el derecho humano del usuario a una vivienda digna que requiere del suministro de energía eléctrica, sino que debe analizarse en cada caso concreto, si tales actos comprometen los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. En el caso concreto, no se reclama la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, caso que ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, como se desprende de la demanda de amparo, particularmente de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa acepto que es usuario de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad, pues es evidente que reclama el corte del servicio de energía eléctrica de su domicilio ubicado en el Andador**, Condominio nueve, casa número diez, Fraccionamiento *** , Oaxaca. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo, no se desprende que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables), caso que también ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, no se advierte que la demanda de amparo sea promovida por personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros), otro caso que también ejemplificó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, no se aprecia que se trate del caso en el que se haya solicitado el suministro de energía eléctrica y no se haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica, pues, como se dijo, la parte quejosa es usuario de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Bajo ese orden de ideas, analizando el caso concreto, se considera que los actos reclamados de la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS y DISTRIBUCIÓN, no la equiparan con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. Desechamiento En esas condiciones, como existe jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la Comisión Federal de Electricidad, derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de enero de dos mil diecinueve, con Registro digital: 2019230, con datos de localización Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, Tipo: Jurisprudencia, que es del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizadas para recibir notificaciones, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así solicitarlo el promovente. Proporciona número telefónico Ahora, toda vez que también indica como diverso domicilio para oír y recibir notificaciones personales el número telefónico que proporciona; por tanto, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante Acuerdo 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las parte quejosa, para que, al imponerse de los autos, pueda utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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