Ana Gabriela Ramirez Cisneros

Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
300/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Akemi Pacheco Sanchez
  • Ana Gabriela Ramirez Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, toda vez que con esta fecha se ordenó el archivo el juicio de amparo del que deriva el presente expediente; en consecuencia, al advertirse que se negó y concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico el artículo 35 (Orden de archivo), y numeral 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), este juzgador determina: a). Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo (artículo 20, fracción II, inciso a). b). En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c). Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    PREVIO CITATORIO QUE SE ENTREGÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veinticuatro de junio del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, tomando en consideración que en el presente expediente obran dos discos en formato DVD que la parte quejosa aportó como prueba en su demanda de amparo, infórmesele que puede acudir al presente Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado, apercibida que de no acudir a recogerlos, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Glósese el oficio con anexo suscrito por el Juez de Control en lo Penal del Circuito Judicial de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el cual informa que el fiscal llevador de la causa penal 326/2019 es el licenciado Iván Castillo Velázquez, quien se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto de la región Mixteca, de la Vicefiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca; asimismo, téngasele comunicando el correo electrónico fiscaliamesa08@hotmail.com e informando los trámites realizados correspondientes a efecto de emplazar a los terceros interesados Bryan Stiven Ramírez Pino o Bryan Steven Ramírez Pino y Yeisson Arias o Yeisson Arias Trujillo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 300/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO. ANA GABRIELA RAMÍREZ CISNEROS y AKEMI PACHECO SÁNCHEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Juez de Control de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en: Mismo que estiman violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, previo requerimiento, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del juez de Control de Huajuapan de León, Oaxaca, lo siguiente: La determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 326/2019, mediante la cual, en una parte, resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veinticinco de enero del mismo año, en el que se hizo efectiva una multa en contra de ANA GABRIELA RAMÍREZ CISNEROS; y en otra, el requerimiento efectuado a ANA GABRIELA RAMÍREZ CISNEROS y/o AKEMI PACHECO SÁNCHEZ, para que precisen el día y hora en la cual deberá concluir el peritaje dentro de la referida causa, apercibiéndolas con una multa de doscientas unidades de medida y actualización, en caso de incurrir en desacato a lo ordenado. TERCERO. El juez de Control de Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado conviene en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias anexas al mismo, consistentes en copias certificadas de la causa penal 326/2019, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, la suscrita advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 facción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo; dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En efecto, pues en la especie la quejosa ANA GABRIELA RAMÍREZ CISNEROS señala como acto reclamado la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 326/2019, en la cual determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veinticinco de enero del mismo año, en el que se le hizo efectiva una multa. Ahora, dicha resolución le fue notificada a las quejosas el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, como así se advierte de la constancia correspondiente, por lo que el término para recurrirla transcurrió del veinticinco de febrero al dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, sin contar el veintisiete y veintiocho de febrero, así como el seis, siete, trece, catorce y quince de marzo del mismo año, por ser sábados y domingos, lo anterior en términos del artículo 82 fracción I, inciso c), y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) (.) b) (.) c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) II (.) III (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. En ese sentido, al presentarse la demanda de amparo el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que se contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa en este medio de control, si previamente lo consintió. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal de origen, mediante el cual se requiere ANA GABRIELA RAMÍREZ CISNEROS y/o AKEMI PACHECO SÁNCHEZ, para que precisen el día y hora en la cual deberá concluir el peritaje dentro de la referida causa, apercibiéndolas con una multa de doscientas unidades de medida y actualización, en caso de incurrir en desacato a lo ordenado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 217, de la Ley de Amparo; la jurisprudencia 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, publicada en el Apéndice de 1985, y la sustentada por la Primera Sala de la citada Corte Suprema, visible a página 1740, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI. Tales numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales .". Por su parte, las tesis invocadas, a la letra dicen: "ACTOS FUTUROS, Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Se afirma lo anterior, en virtud de que el solo requerimiento con apercibimiento de multa en caso de no precisar el día y hora en la cual debería concluir el peritaje dentro de la referida causa, no constituye un acto inminente, sino un acto futuro de realización incierta, pues depende de la conducta que al efecto asuma la responsable respecto de hacerla efectiva o no. En otras palabras, la sola existencia del apercibimiento dictado en contra de las quejosas, no tiene como consecuencia necesaria hacer efectiva la multa a que se refiere el auto impugnado, en razón de que, no puede perderse de vista que no necesariamente tendría que hacerse efectiva la misma, pues puede ocurrir que la autoridad no obstante el incumplimiento al requerimiento, omita hacerla efectiva. En ese sentido, el perjuicio a la parte quejosa ocurrirá, en su caso, cuando se le haga efectivo el apercibimiento, mas no antes, pues como se dijo, esa situación bien puede no actualizarse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 55, Tomo 66, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES: El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." Criterio jurisprudencial que a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso concreto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 2177, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, que dice: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." En las relatadas consideraciones, y al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 300/2021 promovido por ANA GABRIELA RAMÍREZ CISNEROS y AKEMI PACHECO SÁNCHEZ. SEGUNDO. En términos del oficio SEPLE./CJD./002/1946/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a las partes que a partir del dieciséis de junio de citado año, la Comisión de Carrera Judicial, autorizó a la licenciada Elia Irma Hernández Antonio, para desempeñar las funciones de jueza de Distrito de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con motivo de la licencia prejubilatoria y retiro voluntario, del licenciado Amado Chiñas Fuentes, anterior titular de este órgano jurisdiccional; lo anterior para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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