Ana Gabriela Padilla Hernández

Expediente 1060/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1060/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Ana Gabriela Padilla Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dos de julio de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, vigésimo primero, fracción II y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por artículo Décimo Primero del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de junio de dos mil diecinueve. Levanta reserva. Vistos los presentes autos, se advierte que en proveído de tres de mayo del año en curso (fojas 481 y 4852), se reservó proveer lo conducente con relación a la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en su escrito mediante el cual promovió incidente de violación a la suspensión, hasta en tanto se notificara a las partes, situación que ya aconteció, por tanto se provee lo siguiente. Inspección judicial De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de inspección judicial ofrecida; en consecuencia, con apoyo en los artículos 161 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, para lo cual debe tenerse en cuenta que el objeto de esta probanza atiende a lo que se puede percibir a través de los sentidos, es decir, debe tratar únicamente sobre el reconocimiento de hechos, lugar, circunstancias y cosas en la forma en que se encuentren al verificarse la diligencia -en el momento-, con la finalidad de aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieren de conocimientos técnicos especiales. De esta forma, conviene, desde este instante, delimitar los puntos propuestos sobre los que versará este medio probatorio. Pues bien, atendiendo al ofrecimiento de la prueba de trato, ésta deberá desahogarse, en la calle *, municipio de Chapala, Jalisco, únicamente respecto de los hechos que se registren sólo en el momento de la diligencia, a través de los sentidos del Actuario Judicial, tal y como se señala en el escrito de ofrecimiento. Gírese despacho. Por tanto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al JUEZ DE LO CIVIL DE CHAPALA, JALISCO, EN TURNO, con los insertos necesarios, para que por su conducto y por comisión de este Juzgado de Distrito, en auxilio de inmediato señale fecha y hora para el desahogo de la probanza en cuestión, en los términos propuestos por la parte quejosa. En tal virtud se ordena su desahogo quedando la inspección sujeta a sus propias reglas versando únicamente sobre aquellas cuestiones que no requieran de conocimientos técnicos especiales. Ahora bien, se faculta al indicado Juez que corresponda, para que señale fecha para el desahogo de la probanza en cuestión dentro del plazo de diez días, debiendo comunicar vía telegráfica con cinco días de anticipación, a este Juzgado de Distrito, a fin de estar en aptitud de notificar a las partes en este asunto, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa por cincuenta días de salario mínimo vigente, de conformidad con el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento del Juez que corresponda, que los quejosos, la parte tercero interesada y autorizados, en el juicio de amparo, quienes podrán intervenir en la diligencia encomendada son: LA QUEJOSA: AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA: *. LA PARTE TERCERO INTERESADA: "*", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. AUTORIZADOS DE LA PARTE TERCERO INTERESADA: RICARDO VINICIO RODRÍGUEZ PRINTZEN Y BÁRBARA ALDONZA MENDO WHEATON, el primero, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y el último, en términos restringidos de dicho numeral. De igual forma, si es su deseo de las partes tomar fotografías o video deberán generarse y entregarse al fedatario judicial en el momento de la diligencia y no después, a efecto de que tal circunstancia no dé lugar a que se contravenga con lo descrito en el acta que elabore el funcionario correspondiente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Difiérase audiencia. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia incidental de violación a la suspensión señalada para esta fecha, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de junio de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el treinta de mayo de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la cual fue modificada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, concediendo el amparo, para el efecto de que: 1. El Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza: a) Ordene dejar sin efectos el proceso de evaluación de control y confianza que motivó el resultado de "no aprobado", practicado el cuatro y siete de agosto de dos mil diecisiete. b) Deje insubsistentes los oficios CESP/CEECC/RI/NA/1469/2017, de once de septiembre de dos mil diecisiete y CESP/CEECC/RI/NA/4341/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dirigidos al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, mediante los cuales le informó y envió las constancias generadas de la aplicación de los exámenes que integran el control de confianza de que se trata y que dio el resultado de "no aprobado" por el quejoso; así como el resultado único 14782-2R, de once de septiembre de dos mil diecisiete, derivado de las evaluaciones practicadas a *, en el cual concluyó que no aprobó el proceso de evaluación y control de confianza. 2. El Comisario General de la Policía de Guadalajara, Jalisco: a) Deje insubsistentes el acta administrativa y el oficio CGPG/3471/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, que motivaron que se instruyera al Director de lo Jurídico de dicha Comisaría, para instaurar el procedimiento administrativo de separación en contra del elemento de policía evaluado. 3. El Director de lo jurídico de la Policía de Guadalajara, Jalisco: a) Deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente administrativo /CC/2018, en el que se determinó incoar procedimiento administrativo de separación en contra de Rubén Carlos Hernández Hernández; así como, las consecuencias derivadas del mismo. Lo anterior, en la inteligencia de que, la anterior concesión no impide que el peticionario de amparo, pueda ser sometido a un nuevo proceso de evaluación de control y confianza. [.] En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que: El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el Director de lo jurídico de la Policía de Guadalajara, Jalisco, dejó insubsistente el acta administrativa y el oficio CGPG/3471/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; así como el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente administrativo /CC/2018. El veintisiete de mayo del presente año, el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ordenó dejar sin efectos el proceso de evaluación de control y confianza que motivó el resultado de "no aprobado", practicado el cuatro y siete de agosto de dos mil diecisiete; además, dejó insubsistentes los oficios CESP/CEECC/RI/NA/1469/2017, de once de septiembre de dos mil diecisiete y CESP/CEECC/RI/NA/4341/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; así como el resultado único 14782-2R, de once de septiembre de dos mil diecisiete, derivado de las evaluaciones practicadas. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. V. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vías de cumplimiento. Visto el oficio signado por el Procurador Fiscal, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada de diversas actuaciones donde se advierte las gestiones realizadas para cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: Acredite haber realizado un examen al interior de su presupuesto autorizado, y ubicar las partidas presupuestales que sin afectar su operatividad, ni el cumplimiento de sus objetivos como dependencia pública, le permita ceder sus recursos y trasladarlos a la partida presupuestal de laudos laborales, a efecto de cubrir la obligación de pago con motivo de la concesión del presente juicio de amparo, haciéndolo del conocimiento de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, solicitándole la transferencia correspondiente a la partida asignada; remitiendo constancia fehaciente de ello. Asimismo, informe a este Juzgado Federal, lo referente al oficio SHP/DGPPEGP/0469/2019, que le fue girado por la Directora General de Programación, Presupuesto y evaluación del Gasto Público de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, de once de abril de dos mil diecinueve, recibido por usted en la misma data. Lo anterior, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Finalmente, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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