Ana Gabriela López Badajos y Otros.

Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
153/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Gabriela López Badajos
  • Ana Gabriela López Badajos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra de la determinación de nueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otro lado, en autos obra documental exhibida por la parte quejosa; en esa medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida. En la inteligencia de que, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar el código QR correspondiente, a fin de comparecer debidamente identificado a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; lo que se realiza en la dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.

  2. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el menor quejoso F.G.G.L. recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech, contra el virus SARS-Cov-2 y anexa copia del comprobante de vacunación para acreditar su dicho. Ahora, con base la documental anexa al oficio que se provee y la que obra en la presente instancia, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que a dicho menor ya le fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar al menor de edad precitado, contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación, se aprecia que el menor de referencia fue inoculado con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El cDe acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días concedido a las partes para que se impongan de los informes justificados que obran en autos. Por tanto, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.-

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que le corresponde, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, sobre la causa de sobreseimiento que invoca, dígasele que será analizada en el momento procesal oportuno.-

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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