Ana Gabriela Fregoso Vega
Expediente 134/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Gabriela Fregoso Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
México, Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, en la que se hace constar que ha transcurrido el término de diez días para recurrir el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente *************** permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De igual manera, se ordena devolver al Juez Sexto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, las constancias que en su momento acompañó en apoyo a su informe con justificación, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes, con excepción de la parte tercera interesada.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercera interesada XXXXXXXX, en el que se concedió a la parte quejosa el término de tres días hábiles, para que compareciera a recoger los respectivos edictos y el diverso de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que recogiera tales documentos. Así, de actuaciones se advierte que la impetrante de amparo compareció por conducto de autorizado el catorce de marzo de dos mil veintidós a recoger los edictos ordenados en auto de tres de marzo de dos mil veintidós; asimismo, en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa devolviendo los edictos ordenados en autos; sin embargo, en dicho auto los mismos le fueron puestos a su disposición. Ahora bien, no obstante de que se le agendó la cita correspondiente para el veintiuno de abril del año en curso, y se le notificó dicho proveído de manera personal, no compareció a recoger los citados edictos. En esta guisa, tomando en consideración la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de veinte días hábiles concedido a la solicitante del amparo, para que acreditara ante este órgano jurisdiccional con documento idóneo, haber entregado los edictos para su publicación para emplazar a la tercera interesada XXXXXXX, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído, y con fundamento en la fracción II, del artículo 63, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 108, fracción II, y 22 todos de la Ley de Amparo, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Por otra parte, se ordena retirar de la puerta de este órgano jurisdiccional el edicto, ordenado en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de la tercera interesada.
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de la quejosa *****, mediante el cual con relación al auto de tres de marzo de dos mil veintidós -por el que se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada ***** por medio de edictos-, señala que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dicho emplazamiento por medio de edictos, motivo por el cual los devuelve; asimismo, solicita que los edictos ordenados en autos, sean a costa del Consejo de la Judicatura Federal, a lo que se provee: No ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud que de constancias de autos no se aprecia, ni de manera indiciaría que la quejosa se encuentre imposibilitada para cubrir tal erogación a efecto de que se publiquen los respectivos edictos; y por el contrario, de los presentes autos se advierte que en su escrito de demanda acudió a la presente instancia constitucional debidamente asesorada, tan es así que en dicho escrito se tuvo por autorizado a los profesionistas Rodrigo Salvador Ugalde Camizau y Brenda Elizabeth Román Ramírez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, y en todo caso, de carecer de recursos económicos habría acudido a la Defensoría de Oficio y no ante un abogado particular que auxilie en el trámite del presente juicio. De ahí que al no estar probado, ni aun de manera indiciaria la falta de capacidad económica de la quejosa, deberá estarse a lo acordado en el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada por edictos, a cargo de la parte quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 3/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Tesis: 1a./J. 3/2014 (10a.), Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 727, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." A mayor abundamiento, el emplazamiento a la parte tercera interesada dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. Por tanto, quedan a disposición de la quejosa los edictos y el oficio que anexó al ocurso de mérito, para que comparezca ante este juzgado debidamente identificado con credencial oficial vigente a recibirlos; para lo cual se genera el código QR correspondiente registrado con el folio 40458/2022, con el cual podrá ingresar a las diez horas del veintiuno de abril de dos mil veintidós, con la debida anticipación a este órgano jurisdiccional, para cuyo efecto se ordena agregar dicho código a la notificación personal a tal parte. Finalmente, por lo expuesto sigue subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de tres de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables y tercera interesada.
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LSITA A LA QUEOSA EL AUTO DE 08/04/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"México, Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de la quejosa *****, mediante el cual con relación al auto de tres de marzo de dos mil veintidós -por el que se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada ***** por medio de edictos-, señala que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dicho emplazamiento por medio de edictos, motivo por el cual los devuelve; asimismo, solicita que los edictos ordenados en autos, sean a costa del Consejo de la Judicatura Federal, a lo que se provee: No ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud que de constancias de autos no se aprecia, ni de manera indiciaría que la quejosa se encuentre imposibilitada para cubrir tal erogación a efecto de que se publiquen los respectivos edictos; y por el contrario, de los presentes autos se advierte que en su escrito de demanda acudió a la presente instancia constitucional debidamente asesorada, tan es así que en dicho escrito se tuvo por autorizado a los profesionistas Rodrigo Salvador Ugalde Camizau y Brenda Elizabeth Román Ramírez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, y en todo caso, de carecer de recursos económicos habría acudido a la Defensoría de Oficio y no ante un abogado particular que auxilie en el trámite del presente juicio. De ahí que al no estar probado, ni aun de manera indiciaria la falta de capacidad económica de la quejosa, deberá estarse a lo acordado en el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada por edictos, a cargo de la parte quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 3/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Tesis: 1a./J. 3/2014 (10a.), Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 727, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." A mayor abundamiento, el emplazamiento a la parte tercera interesada dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. Por tanto, quedan a disposición de la quejosa los edictos y el oficio que anexó al ocurso de mérito, para que comparezca ante este juzgado debidamente identificado con credencial oficial vigente a recibirlos; para lo cual se genera el código QR correspondiente registrado con el folio 40458/2022, con el cual podrá ingresar a las diez horas del veintiuno de abril de dos mil veintidós, con la debida anticipación a este órgano jurisdiccional, para cuyo efecto se ordena agregar dicho código a la notificación personal a tal parte. Finalmente, por lo expuesto sigue subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de tres de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables y tercera interesada. "
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