Ana Fernanda Barrera Hernández
Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana Fernanda Barrera Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por medio del cual comunica que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional mediante auto de ocho de noviembre pasado y se avoca al conocimiento del juicio de amparo origen de este cuaderno de antecedentes. I. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 99°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado. III. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional se declaró incompetente por razón de turno, para seguir conociendo de dicho juicio, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 19, inciso b), fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1100/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. Igualmente, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Aspectos preliminares. En virtud que la demanda de amparo debe de analizarse en su integridad como un todo a efecto de desentrañar lo que el promovente del amparo solicita y con ello fijar la litis constitucional de acuerdo a la causa de pedir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.109 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299, Novena Época, con registro 162385, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para resolver el fondo del asunto." Atento a ello, de la lectura integral de la demanda se tiene como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca. La omisión de atender su escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintitrés, relativo a la solicitud de devolución del vehículo de motor tipo camioneta marca Ford, línea Econoline, modelo 2009, color blanco, con tres puertas, con número de serie 1FBSS31LX90A72024. Encargado del Depósito Oficial de Vehículos prestador de servicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca. El cumplimiento del aseguramiento de su vehículo de motor, que se mantiene encerrado a disposición de la autoridad ordenadora en la carpeta de investigación 301/2023. Asimismo, debe tenerse a la vista que de los antecedentes de los actos reclamados la parte quejosa manifiesta que el ocho de mayo de dos mil veintitrés, el bien mueble referido fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca, en virtud que la unidad de motor era conducida por Luis Enrique Ruiz López, el cual fue detenido por el ilícito de tráfico de personas, iniciándose con ello la carpeta de investigación 301/2023; asimismo, que expresamente indica que la omisión que reclama de la representación social precitada, es encaminada a obtener la devolución del vehículo. Incompetencia. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo promovida por Ana Fernanda Barrera Hernández, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca y otra autoridad, este Juzgado advierte la existencia de un impedimento para conocer del juicio de amparo, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse este, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de esta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, ya que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito donde se hubiera presentado la demanda, siempre que este no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). Ahora bien, de una lectura armónica de la demanda de amparo, se advierte que la disidente reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca, la omisión de atender su solicitud de devolución del vehículo de motor identificado como camioneta marca Ford, línea Econoline, modelo 2009, color blanco, con tres puertas, con número de serie 1FBSS31LX90A72024, y del Encargado del Depósito Oficial de Vehículos prestador de servicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca, así como la ejecución del aseguramiento que se traduce en el encierro de la referida unidad motorizada. Conforme a los anteriores razonamientos y numeral transcrito, y dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en la demanda de amparo que nos ocupa, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), pues la omisión del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca, en atender el escrito petitorio de la disidente en relación con la devolución del vehículo de motor que aduce es de su propiedad, requiere de ejecución material, al traducirse en que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de la quejosa que no cesarán hasta en tanto la representación social señalada como responsable no realice un pronunciamiento respecto a la solicitud de restituir a la disidente en el goce de posesión del bien mueble, de ahí que la competencia para conocer del presente amparo, se surta a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que deba emitir esa determinación. Así, de lo expuesto, resulta evidente que la ejecución de los actos que por esta vía se reclama, debe tener verificativo en Santa María Huatulco, lugar donde residen las autoridades responsables-mismo que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve-; y, en ese orden, al tenor del ordinal 36 de la Ley de Amparo, la competencia legal del Juez de Distrito que debe conocer de la demanda, es de aquel que resida en el lugar donde el acto reclamado tiene ejecución material. Es aplicable al caso por analogía, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, agosto de 2023, tomo II, página 1920, undécima época, con registro digital 2026910, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Dentro de ese orden de ideas, podemos establecer que el acto reclamado si bien es omisivo tiene efectos positivos, pues dicha omisión tiene repercusiones fácticas que se traducen en mantener en el encierro el vehículo de motor que aduce la quejosa es de su propiedad. Así, considerando lo que refiere el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Se observa que los Juzgados de Distrito en Oaxaca con sede en Salina Cruz, ejerce jurisdicción en Santa María Huatulco, lugar en donde residen las autoridades responsables y por tanto donde tiene ejecución el acto reclamado, pues es ahí donde se encuentra el bien mueble que la parte quejosa solicita le sea devuelto mediante su escrito presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca, el cinco de mayo de dos mil veintitrés, que refiere no ha sido atendido, y que en vía de consecuencia, se mantiene en el encierro Depósito Oficial de Vehículos prestador de servicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca, a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede Huatulco, delegación Oaxaca en la carpeta de investigación 301/2023. Por tanto, este Juzgado de Distrito se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana Fernanda Barrera Hernández, declinando competencia para conocer de la misma al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Lo anterior por las razones previamente expuestas, pues se insiste que el acto que se combate en esta instancia tiene ejecución en el territorio donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, ya que la pretensión de la parte quejosa es que se le restituya el bien mueble que aduce es de su propiedad. Por tanto, con fundamento en el numeral 48, primer párrafo, y demás relativos de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados: Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda. Asimismo, como de la certificación secretarial se advierte que Anayance Alcudia Landeta y Carlos Daniel Castillo Santos, cuentan con las cedulas profesionales 11531579 y 12983171 dadas de alta en el Registro Nacional de Profesionistas, se tiene como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia y con las restricciones que impone dicho precepto a la persona restantes que señala por así solicitarlo expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a la disidente por señalados el número de teléfono y correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
Notifíquese personalmente.
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