Ana Esther Veronica Napier Gegg Negrin
Expediente 859/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ana Esther Veronica Napier Gegg Negrin
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veiticuatro de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Ana Esther Verónica Napier Gegg Negrín, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención inmersa en proveído de siete de los corrientes (fojas 14 a 17), realiza lo siguiente: ?Señala los domicilios precisos de los terceros interesados en este asunto. ?Bajo protesta de decir verdad, precisa que tuvo conocimiento respecto del acto reclamado el veintiuno de octubre de dos mil quince. ?Bajo protesta de decir verdad, hace del conocimiento de este juzgado de distrito cuáles son los antecedentes del acto reclamado en este asunto. En ese tenor de ideas, se advierte que la parte quejosa cumple a cabalidad con la prevención de mérito. Así, entre otras cosas, se tiene que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, precisa que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado que por esta vía constitucional combate [la resolución de nueve de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente número S.C.A./P/254/2012, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de la diversa resolución de cuatro de octubre de dos mil doce, recaída al recurso 64/2012, emitida por el Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la cual confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal decretada por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común dentro de la averiguación previa AP/ZS/CAL/06/19/7-2011 y su acumulada AP/ZS/CHE/01/SD/2302/7-2011, así como su ejecución] fue el veintiuno de octubre del año en curso. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se hará interpretando la demanda de amparo en su integridad, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se puede concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado precisado en párrafos que anteceden se ubica dentro de la regla general de quince días antes enunciada, toda vez que la promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintiuno de octubre del año en curso, lo que constituye una confesión expresa de la parte quejosa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. De ese modo, si en el caso particular existe conocimiento del acto reclamado, como ha venido quedando precisado en el cuerpo de este auto, desde el veintiuno de octubre del presente año, -como lo manifestó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad-, es inconcuso que a partir de esa data tuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional; de ahí que, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, mismo que surtió sus efectos el mismo día . Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del veintidós de octubre al doce de noviembre de dos mil quince, sin contar los días previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada ante este órgano jurisdiccional el tres de diciembre del año en curso, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito , que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Ahora, no se soslaya que la parte quejosa hubiese presentado su demanda de amparo indirecto el seis de noviembre del año en curso ante la autoridad que señaló como responsable, esto es, ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, como se advierte del sello de recepción visible a foja tres de autos. Sin embargo, la circunstancia de que Ana Esther Verónica Napier Gegg Negrín haya presentado su demanda ante la Sala Constitucional el seis de noviembre de dos mil quince no es motivo para considerar que la misma fue interpuesta en tiempo; ello, toda vez que la recepción de la demanda de amparo indirecto por la autoridad responsable no produce el efecto de interrumpir el término legal de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo . Esto se explica si en principio se toma en consideración que conforme lo dispuesto por el artículo 103, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda de amparo indirecto debe interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2005 sostuvo que la demanda de amparo indirecto debe presentarse ante su destinatario, el Juez de Distrito, a menos que se esté en los casos de excepción a que se refieren los artículos 37, 38, 40 o 42 de la abrogada Ley de Amparo, cuyas hipótesis corresponden a las contenidas en el artículo 159 de la ley vigente, los cuales facultan al quejoso a presentar la demanda ante las autoridades que en ellos se mencionan, a saber, los Jueces de primera instancia o cualquiera de las autoridades que ejerzan jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad ejecutora. De igual modo, en la parte considerativa de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis antes citada se hizo énfasis al contenido del artículo 165 de la Ley de Amparo abrogada [que corresponde al 175 de la ley vigente], precepto normativo que dispone que la presentación de la demanda de amparo directo ante la autoridad distinta a la responsable no interrumpe el plazo legal. Criterio legal que el Alto Tribunal consideró aplicable por analogía en tratándose de la demanda que se formula como amparo indirecto cumpliendo con los requisitos formales para dicha vía y aun encontrándose dirigida al Juez de Distrito se presenta ante una autoridad distinta a éste, pues no existe precepto alguno donde se autorice que las demandas del amparo biinstancial se presenten por conducto de funcionario diverso a dicho juzgador, incluyendo a la autoridad responsable del acto reclamado. Dicho en otras palabras, la presentación de una demanda de amparo indirecto ante una autoridad distinta al Juez de Distrito no interrumpe el plazo legal de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo . Empero, tal regla general cuenta con una excepción que fue delineada por diversos criterios de interpretación realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se refiere a aquellos casos en los que se presume que hubo por parte del quejoso un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad . Supuesto en el cual, el error por desconocimiento de la vía no debe dejar en estado de indefensión al quejoso, por lo que en caso de que la demanda llegue de manera extemporánea al órgano competente para resolver el asunto, la fecha que se debe tomar en cuenta para analizar la oportunidad del juicio será aquella en la que se promovió originalmente, no obstante que haya sido ante autoridad no competente. Los criterios delineados por el Alto Tribunal -a los que se ha hecho referencia- partieron de la interpretación de los artículos 47, tercer párrafo, y 49 de la Ley de Amparo abrogada, que corresponden al 45 y 47 de la ley vigente según los cuales, cuando un Tribunal Colegiado recibe una demanda de la que debe conocer un Juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y mandará remitirla con sus anexos al que corresponda su conocimiento. Y en sentido contrario, cuando se presenta ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales procede el amparo directo, el artículo 47 de la ley de la materia dispone que dicho juzgador debe declararse incompetente de plano y remitir la demanda al Tribunal Colegiado que corresponda. Sin embargo, dicha excepción únicamente opera cuando en forma evidente y mediante datos objetivos se arribe al convencimiento de que el quejoso efectivamente incurrió en un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad. Así se tiene que si un Tribunal Colegiado de Circuito recibe una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, aquél se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento; en este caso se está en presencia de una equivocación de vía por la parte quejosa al promover un amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto. Supuesto en el cual no es válido considerar que la demanda respectiva fue presentada extemporáneamente aun cuando a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término legal de quince días. En cambio, para el caso de que el quejoso presente demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable, respecto de un acto que se encuentra contemplado en el artículo 107 de la Ley de Amparo , observando los requisitos establecidos para la presentación de la demanda de amparo indirecto contenidos en el numeral 108 del mismo cuerpo normativo, entonces la recepción de la demanda por la autoridad responsable no produce efecto legal de interrumpir el plazo legal de quince días, al no existir desconocimiento del quejoso respecto de la vía relativa al amparo indirecto en el que, entre las reglas para su tramitación, destaca la relativa a que debe presentarse directamente ante el Juez de Distrito y no ante autoridad distinta. En suma, la determinación en torno a si se está en presencia de un error en el ejercicio de la vía o, si la demanda de amparo indirecto, ajustándose a las formalidades establecidas en los artículos 107 y 108 de la Ley de la materia simplemente fue presentada ante una autoridad distinta al Juez de Distrito, deben analizarse los datos objetivos contenidos en la demanda a fin de evidenciar la verdadera intención del quejoso. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. En el caso que nos ocupa existen datos objetivos que permiten evidenciar que la quejosa Ana Esther Verónica Napier Gegg Negrín tuvo la intención de promover demanda de amparo indirecto contra los actos atribuidos a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y el Procurador General de Justicia, ambos del Estado de Quintana Roo, demanda que ajustó a las formalidades establecidas en los artículos 107 y 108, de la Ley de la materia, sin embargo fue presentada ante una autoridad distinta al Juez de Distrito; motivo por el cual no es procedente la interrupción del plazo legal de quince días. Se sustenta dicha afirmación partiendo del análisis del escrito visible a foja 03 de autos, signado por la quejosa, dirigido a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de donde se advierte que acudió ante dicha autoridad señalada como responsable solicitando lo siguiente: "Que con fundamento en el artículo 107 fracción VII de la Ley de Amparo, vengo por conducto de esa Sala Constitucional y Administrativa del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Q. Roo, a presentar la demanda de amparo indirecto que adjunto, promovido en contra de la sentencia dictada con fecha nueve de octubre de 2015, en el expediente al rubro señalado, solicitando se remita la expresada demanda y los autos originales al Juzgado de Distrito en Turno en esta ciudad." Y en el último párrafo expuso: "Se acompañan las copias de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, a efecto de que se corra traslado a los terceros interesados, en los domicilios que tenga designado para oír notificaciones en los autos del juicio que se siguió ante esta Sala." [Lo destacado es de este juzgado]. Del contenido de lo antes transcrito se desprende que Ana Esther Verónica Napier Gegg Negrín presentó expresamente demanda de amparo indirecto contra la resolución de nueve de octubre de dos mil quince por conducto de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que se hace evidente del contenido de los fundamentos legales que invocó como sustento de su pretensión, a saber, el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, precepto legal que dispone la procedencia de la vía indirecta en contra de las omisiones del Ministerio Público en la averiguación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; incluso, solicitó que dicha demanda de amparo fuera turnado al Juzgado de Distrito. Escrito en el que, además, refirió acompañar copias de la demanda de amparo para correr traslado a los terceros interesados, requisito que se encuentra contenido en el artículo 110 de la ley de la materia para aquellas demandas promovidas en la vía indirecta. De igual modo, la quejosa agregó al ocurso antes citado el escrito de demanda de amparo (fojas 4 a 13) dirigido al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, mismo que fue presentado siguiendo las formalidades contenidas en el artículo 108 de la Ley de Amparo. O sea, precisó el nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, las autoridades responsables, los actos reclamados, precisó la fecha de notificación del acto reclamado, señaló cuáles fueron los derechos que a su decir se vulneraron en su perjuicio, formuló la protesta legal relativa a los hechos sustento de sus conceptos de violación, y asimismo formuló los conceptos de violación respectivos; requisitos formales que se encuentran contenidos en el artículo 108 de la ley de la materia para la procedencia del amparo indirecto. Así, con los datos objetivos antes descritos se hace patente que la quejosa no incurrió en un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad. Por el contrario, el contenido integral del escrito de demanda de amparo y el escrito dirigido a la Sala Constitucional y Administrativa hacen evidente que la quejosa en todo momento pretendió promover juicio de amparo indirecto, sin embargo, en lugar de presentar a demanda de derechos humanos ante el Juez de Distrito como lo dispone el artículo 103, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, utilizó a la autoridad responsable como conducto para la presentación de la misma. De ahí que la si la intención de la quejosa fue en todo momento promover juicio de amparo indirecto contra la resolución de nueve de octubre de dos mil quince dictada por la Sala Constitucional y Administrativa en el expediente S.C.A./P/254/2012, debió presentar la demanda directamente ante su destinatario, el Juez de Distrito, dentro del término de quince días hábiles posteriores al veintiuno de octubre de dos mil quince, fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento de la misma, pues, se insiste, no existe precepto alguno donde se autorice que las demandas del amparo biinstancial se presenten por conducto de un funcionario diverso a dicho juzgador incluyendo a la autoridad responsable del acto reclamado. Motivos por los cuales no puede estimarse que existió un error en la vía y con base en el cual pudiera analizarse el cómputo para l presentación de la demanda teniendo en cuenta la fecha en que fue presentada ante la autoridad responsable. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, dado que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente.
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