Ana Elvia Figueroa Castro

Expediente 1583/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1583/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Ana Elvia Figueroa Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Recepción de resolución emitida en el conflicto competencial 15/2022. Agréguese a los autos el testimonio de cuenta, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se observa que, en sesión de treinta y uno de agosto pasado, en el conflicto competencial 15/2022 suscitado entre éste órgano y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, el referido tribunal, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara LEGALMENTE COMPETENTE al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por Ana Elvia Figueroa Valdez." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el conflicto competencial 15/2022, del control del órgano plenario de referencia, así como los autos originales del juicio de amparo 1325/2021 del índice del homólogo federal. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del conflicto competencial de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Elvia Figueroa Valdez, se observa que acude ante esta instancia constitucional contra actos de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades. Precisado lo anterior, este juzgador conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Pues bien, en el caso concreto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, párrafo primero y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establece, a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Los tribunales federales han definido el concepto de autoridad responsable, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, sostuvo el criterio de que eran quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. En el primer supuesto, se identifica la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, mientras en el segundo, quienes disponen de ella tienen calidad de autoridad sin excluir que puedan tener esa naturaleza quienes no dispongan de esa fuerza (particulares). En relación con esto, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. [...] Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...] Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. [.] Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad.". De lo transcrito se advierte que para la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, la identificación del sujeto "autoridad" y del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la Ley de Amparo vigente se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: Subordinación; son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; Supraordinación; debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, Coordinación; son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, se insiste, aquélla que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089; que señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas -norma general- o concretas con efectos particulares -acto en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. En la especie, la quejosa Ana Elvia Figueroa Valdez, en esencia, relama la respuesta contenida en el oficio 279001050100/02135, de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, firmado por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia la Ciudad de Obregón, Sonora, mediante el cual se desestimó su petición para devolución de los montos correspondientes a los conceptos 107 "Provisión Fondo de Jubilación" y 152 "Fondo de Jubilaciones" Asimismo, por vía de consecuencia, la aplicación en dicha respuesta de los artículos 1, 2, 4, 18 fracciones I, II y III, del Contrato Colectivo de Trabajo Bienio (2019-2021), celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato de Trabajadores de dicho Instituto; así como de las cláusulas primera, segunda y tercera inciso a), b) y c), del Convenio Adicional para las Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de Base de Nuevo Ingreso, el cual se encuentra inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo Bienio (2019-2021), además, la aplicación retroactiva de dichas disposiciones y cláusulas. Sin embargo, es preciso destacar que las Unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, no actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia los actos reclamados, no son combatibles a través del juicio constitucional, puesto que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la quejosa como pensionada (asegurada) y el mencionado Instituto, en su carácter de ente asegurador y como patrón, respectivamente. Es decir, el ente que fue señalado como responsable ?Instituto Mexicano del seguro Social y las dependencias que conforman parte de su estructura organizacional? solo actúa en funciones de asegurador, por lo que se encuentra en un plano de igualdad con la quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Bajo las anteriores consideraciones, la negativa a la petición de la quejosa contenida en el oficio 279001050100/02135, de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la responsable y las razones de derecho con que se sustentó ?así como las consecuencias de dicho oficio?, no tienen el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de ella, dado que dicho organismo público, como ente administrador de fondos de seguridad social, carece del carácter de autoridad porque no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de la procedencia de la solicitud hecha, pues es a través del proceso laboral correspondiente donde puede ejercitarse la acción atinente al no ver satisfechas sus expectativas con la respuesta dada a la petición planteada, por ende, las respectivas consecuencias. Máxime que, el artículo 295 de la Ley de Seguro Social, expresamente dispone: "Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presente entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa"; en ese tenor, la relación jurídica no corresponde al ámbito de supra-subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación. Cuyo aspecto se clarifica aún más con lo expuesto en el artículo 5 A, fracción XIV, de la Ley del Seguro Social, que define al pensionado como asegurado de aquella Institución, por lo que indiscutiblemente ingresa en el supuesto jurídico precisado en el numeral citado en el párrafo que antecede, y como consecuencia de ello, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social a promover lo que a su derecho corresponda respecto a sus pretensiones. En ese contexto, se reitera que los actos del órgano público que son susceptibles de escrutinio constitucional a través del juicio de amparo, son aquellos que tienen su origen en las relaciones de supra a subordinación, esto es, en aquellos actos en que, en ejercicio de su potestad, el organismo público emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de derechos fundamentales del gobernado, lo que en la especie no acontece. En esas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1° y 5 fracción II de la Ley de Amparo, lo correspondiente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento jurídico citado. Notifíquese personalmente a Ana Elvia Figueroa Valdez, así como al órgano colegiado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de enero de dos mil veintidós. 1. Incompetencia por razón de territorio. Visto el oficio con anexos de cuenta que suscribe el secretario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, por medio del cual remite el original del juicio 1325/2021-V de su índice promovido por Ana Elvia Figueroa Castro, contra actos de la Dirección Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Ciudad de México y otras autoridades, e informa que mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo y resolver el mencionado juicio de derechos 3. No se acepta la competencia declinada. Con fundamento en los artículos 37 y 48 segundo párrafo de la Ley de Amparo, 103 y 107 Constitucionales, este juzgador no acepta la competencia declinada para el conocimiento de la demanda de amparo, pues el suscrito respetuosamente disiente del criterio adoptado por el homólogo federal Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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