Ana Elsa Murillo Silva

Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
329/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Ana Elsa Murillo Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado electrónicamente por la Actuaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por este juzgado federal y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, Secretaria de Apoyo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material, únicamente con las constancias que resulten necesarias, en cuanto a las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza; por tanto, archívese el presente asunto como concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se decretó carecer de competencia para conocer del asunto y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico implementado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, Secretaria de Apoyo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 329/2023-VI y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, toda vez que la competencia es la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, que las cuestiones relativas a ella constituyen un presupuesto procesal, cuyo estudio es preferente a cualquier otro, por lo que en acatamiento a lo expuesto este juzgador, considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, Secretaria de Apoyo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo. Lo anterior, es así pues los actos reclamados se hacen consistir en esencia en la expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que cuenta con una naturaleza de norma autoaplicativa, la cual tiene como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y cuya ejecución comienza en la estructura y operación de los órganos del Instituto Nacional Electoral que se encuentran regulados en dichos ordenamientos. Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura integra de la demanda de amparo promovida por ********************, se observa que bajo protesta de decir verdad la quejosa manifestó que es Secretaria de Apoyo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, integrante del personal de honorarios permanentes, con contrato con número de folio ********************, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración de dicho instituto, mismo que anexa a su demanda para acreditar su dicho. En ese tenor, la ubicación de la Junta Distrital Ejecutiva a la cual se encuentra adscrita la quejosa y en el cual tendría aplicación el decreto impugnado, se encuentra en Navojoa, Sonora, tal y como se aprecia en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, que se puede consultar en la liga siguiente*************, es decir fuera del ámbito de competencia territorial de este juzgado, de conformidad con los artículos 1°, 2° y 3°, fracción XVII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 adicionado por el primero 3/2015 y el diverso 12/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de Juzgados de Distrito, por ende como se dijo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el juicio de garantías que se genera con la presentación de la demanda con que se da cuenta. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;". De los preceptos legales reproducidos, se fija que la competencia por territorio en materia de amparo, entendida ésta como el ámbito especial cuya esfera de acción pueden producir los actos y sus efectos jurídicos, obedece a un criterio unitario que lo es la naturaleza del acto reclamado, por lo cual en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de actos meramente declarativos y posteriormente se analizan las características de la ejecución. Tal análisis de la ejecución del acto reclamado, se lleva a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En tales condiciones, se actualiza la última hipótesis del párrafo primero del citado artículo 37, de la ley de la materia, por lo que como se dijo esta autoridad carece de competencia legal por cuestión de territorio para conocer de la presente demanda; ya que se reclama la expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ordenamiento que se estaría aplicando a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, a la cual la quejosa se encuentra adscrita con el puesto de Secretaria de Apoyo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Por tanto, cuando se reclama en el juicio una ley de naturaleza autoaplicativa que lleva una obligatoriedad a cumplir fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se llevaría a cabo su aplicación, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Esto es así, ya que en el caso concreto por tratarse de la reclamación de un decreto de naturaleza autoaplicativa, la ejecución se lleva a cabo precisamente en el lugar en que se ubica la Junta Distrital Ejecutiva a la que se encuentra adscrita la quejosa; por tal razón, se considera que el Juez legalmente competente, resulta ser aquel que ejerce jurisdicción en el territorio en el cual se da cumplimiento a los preceptos legales que contiene el decreto reclamado. Lo expuesto tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos humanos. Por consiguiente y como se dijo, este juzgador considera carecer de competencia legal por cuestión de territorio para conocer el presente juicio, por lo que con fundamento en el artículo 48, de la ley de la materia, ésta se declina en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, lo anterior en términos del Acuerdo General 3/2013 adicionado por los diversos 3/2015 y 12/2016 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito, al efecto previas las anotaciones en el libro electrónico respectivo, remítasele la demanda de amparo, recibida en línea a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en turno mencionado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, a efecto de que decida si acepta o no la competencia de la demanda de que se trata. Para mayor celeridad, se ordena enviar las constancias por el servicio de paquetería y mensajería acelerada (ESTAFETA). De la manera más atenta se solicita al juez de distrito que de no tener inconveniente legal alguno, acuse de recibo y comunique a este juzgado, si aceptó o no la competencia declinada por este juzgado federal. Por otro lado, en atención a lo solicitado por la quejosa, se autoriza la notificación y consulta del expediente electrónico al usuario "********************"; por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A", a efecto de que realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario proporcionado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo el secretario cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico coincida con el expediente electrónico.

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