Ana Eloisa Morato Mungaray
Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ana Eloisa Morato Mungaray
Actuaciones
- Principal
... se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para que el promovente interpusiera recurso de queja que establece el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo, el que comenzó a computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del proveído en cita, esto es, del veintiocho de junio al dos de julio, ambos del año en curso; lo anterior, toda vez que fue notificado por lista del auto de mérito el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia... se declara que el acuerdo en cita HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivar este expediente como asunto concluido...
- Principal
Se da cuenta con razón actuarial y se ordena notificar por lista a la parte quejosa...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal a la parte quejosa Ana Eloísa Morato Mungaray, el Auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Personería: Visto el escrito de cuenta presentado a nombre de Ana Eloísa Morato Mungara, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos de la Agencia del Ministerio Publico de la Primera Unidad Especializada en Sistema Acusatorio de esta ciudad y otra autoridad, consistente en la omisión de investigar en el caso único 1341900392-3. Formación y registro de expediente. En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 678/2021 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. En el caso, se desprende que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. La transcrita disposición legal prevé el principio de definitividad del juicio de amparo consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Al respecto es aplicable por no contrariar a la Ley de Amparo, la jurisprudencia1 de rubro y texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora, como se estableció en párrafos precedentes, la parte quejosa reclama de la Agencia del Ministerio Publico de la Primera Unidad Especializada en Sistema Acusatorio de esta ciudad, y otra autoridad la omisión de investigar en el caso único 1341900392-3. Así, contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque en su contra el quejoso debió promover el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado a su vez con el 109, fracción XXI, del citado código, que establecen lo siguiente: Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De la interpretación del primer artículo se desprende que contra las determinaciones del ministerio público sobre desahogar o practicar los datos de prueba ofertadas en la indagatoria penal I) la abstención de investigar, II) el archivo temporal, III) la aplicación de un criterio de oportunidad y IV) el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a la víctima, quienes las podrán impugnar ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Asimismo, el diverso numeral establece que la víctima tendrá, entre otros aspectos, derecho a impugnar, las omisiones o negligencia que cometa el fiscal en el desempeño de sus funciones de investigación; por tanto, es dable concluir que las determinaciones del ministerio público, en el desempeño de su labor investigadora, deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Dicha circunstancias, conducen a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (desahogar o practicar los datos de prueba ofertadas en la indagatoria penal y el no dictar sentencia), sino que, en general, se tratan de actuaciones del fiscal que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de las omisiones ministeriales en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el fiscal actúe y de continuidad a la investigación correspondiente, incluyendo desde luego aquellas como la que refiere el promovente, esto es, que se turne la investigación a diverso Ministerio Público. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En las condiciones apuntadas, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto que reclama el quejoso, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla, conforme al numeral 113 de la legislación en cita Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones en Paseo de los Ángeles 99, colonia Tulipanes de esta ciudad. Asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones en términos del artículo 12 ultimo parte de la Ley de Amparo, a Edgar Silva Balcázar, Ramón Erasmo Borquez Valdez y Uriel Duarte Ruiz toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico..."
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