Ana Elena Ibarra Loyola

Expediente 963/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
963/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Ana Elena Ibarra Loyola
  • Juez Segundo de lo Civil del Estado.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es destruible, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, cuenta habida que en interlocutoria de diez de octubre de dos mil dieciocho, se negó la medida precautoria. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VI)

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa Ana Elena Ibarra Loyola, la determinación de veinticuatro de octubre del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal...(Visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El quince de agosto del dos mil dieciocho,.presentó demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, misma que fue turnada a este juzgado al día hábil siguiente, dicha demanda se promovió en contra de los actos reclamados al Juez Segundo Civil del Estado, así como del Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ejecutoríes del Poder Judicial del Estado. b) Por auto del diecisiete de agosto del año en curso, una vez analizada la demanda, se determinó desechar la misma, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia de litispendencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. c) Inconforme con la determinación, la autorizada legal de la quejosa, promovió recurso de queja contra el citado auto, radicándose la misma en el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito bajo el número., dicho órgano jurisdiccional por sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió revocar el acuerdo recurrido, y se ordenó a este juzgado se proveyera de nueva cuenta sobre su admisión. d) El tres de octubre del presente año, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil., y se ordenó admitir la demanda de amparo promovida por la quejosa., solicitándose a las autoridades responsables su informe justificado. e) El cinco de octubre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio signado por el Juez Segundo de lo Civil en el Estado, por el cual rindió su informe justificado, en el que aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 63 y 64). En dicho informe la autoridad responsable señaló que el acto reclamado derivaba del expediente .de su índice, y que la quejosa ya había promovido diverso juicio de amparo, el cual se radicó en este juzgado con el número., que si bien existían nuevos actos de molestia, estos derivaban del mismo juicio en el que se ordenó requerir de pago y/o embargo a.... Asimismo, exhibió como prueba de su intención copias certificadas de diversas actuaciones realizadas a partir del diecisiete de julio de dos mil dieciocho en el juicio único civil .de su índice (fojas 65 a 73). Documental que merece valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que se actualiza una causal de improcedencia en forma patente y clara, como se analizará enseguida, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" En términos de la disposición normativa precedente, el juicio constitucional resulta improcedente contra actos normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El motivo de improcedencia aludido, se refiere a la imposibilidad jurídica de realizar un estudio de aquellos actos que son materia de otro juicio de amparo. Lo cual implica que cuando el propio quejoso, hubiere promovido juicio de garantías contra un acto determinado de autoridad, por regla general, no puede ejercer la acción constitucional en un ulterior procedimiento donde reclame la misma actuación u omisión de la propia responsable, en atención a que las sentencias que se llegaren a pronunciar pudieran resultar contradictorias. En el caso, la aquí quejosa señaló como acto reclamado los autos o resoluciones que contienen la orden de embargo de bienes de su propiedad o posesión, así como la autorización del uso de la fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras en el inmueble que alega es de su propiedad ubicado en., ordenado por el Juez Segundo de lo Civil en el Estado. En relación con ello, la autoridad responsable al rendir su informe con justificación señaló: ...Ahora bien, según lo permite el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, es facultad del Juez de Distrito tomar en consideración las actuaciones que integran los diversos juicios de amparo de su conocimiento, cuando tengan injerencia en el asunto que se está resolviendo, lo que se ve corroborado con lo establecido en la Jurisprudencia número XXII. J/12, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que lleva por rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Atento lo anterior, es para este Juzgador un hecho notorio las actuaciones del diverso juicio de amparo . de la estadística de este órgano (asunto que fue sobreseído en sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho), promovido por . del que se advierte que también reclamó la orden de molestia en su domicilio, la privación de sus posesiones y derechos, así como el uso de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, señalando que los actos de molestia derivaban del expediente . del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en el Estado. Es verdad que mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, este juzgado desechó la presente demanda de amparo, al considerar que se actualizaba la figura de la litispendiencia, pues los actos reclamados en el juicio de amparo . y el presente asunto eran los mismos, resolución que fue revocada por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el recurso de queja civil ., al señalar dicho Tribunal que hasta ese momento no se podía considerar que el citatorio de trece de agosto del año en curso, que motivó el presente juicio de amparo, provenía del expediente . del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado, ya que no podía concluirse que el acto de ejecución emitido por el referido Juez provenía de ese asunto sólo por tratarse del mismo demandado. Sin embargo, del informe justificado que rindió el Juez Segundo de lo Civil en el Estado, así como los anexos que acompañó, evidencian de forma patente y sin lugar a dudas que los actos de molestia que reclama en el presente juicio de amparo, derivan del expediente . del referido juzgado, por lo que entonces se puede válidamente establecer que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que dicho acto es materia del diverso juicio de amparo . de este índice, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades. En efecto, si en el caso existe un diverso juicio de amparo (619/2018-VI) promovido con anterioridad al sumario en que se actúa, por la misma quejosa, en contra de las mismas autoridades, en el cual se reclamó el mismo acto, el cual se admitió a trámite y actualmente se encuentra sub judice, genera por consecuencia la figura jurídica de litispendencia, y por ende, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, a efecto de evidenciar lo anterior, se precisa el siguiente cuadro comparativo:... Lo anterior, toda vez que si bien es cierto que en el referido juicio de amparo (.) se dictó sentencia; también lo es que, la misma no ha quedado firme, en razón de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de Turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, radicándola con el número .. Al respecto es aplicable en lo conducente, la tesis número XI.2º.8 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 817, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA." Así, la litis constitucional que subsiste, es idéntica en ambos juicios, y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión, pues de lo contrario, se provocaría inseguridad jurídica a las partes, al existir la posibilidad de que en dos asuntos se analice el mismo acto reclamado, con la posibilidad de que resulten dos sentencias contradictorias, lo que no es permisible no sólo en el juicio de amparo, sino en el derecho sustantivo mexicano; situación ajena a los fines de buena fe que persigue el juicio de índole constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265, libro 5, abril de dos mil catorce, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la décima época, cuyo rubro señala: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS." Así como el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 260, del Tomo XV, Enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulada: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en el presente juicio se reclame un auto dictado con posterioridad al señalado en el diverso juicio de amparo ., es decir, que sea de fecha distinta al aquí impugnado, ya que ambos versan sobre lo mismo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 235, visible en la página 641, del Tomo VI, Octubre de 1997 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, materia común, de título: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS." A efecto de evidenciar la causal de improcedencia, resulta conveniente precisar los antecedentes del asunto, los cuales se advierte de las constancias que integran el juicio . del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado, así como las diversas copias certificadas que anexó el tercero interesado al diverso juicio de amparo ., y las que anexó la autoridad responsable al presente juicio de amparo al rendir su informe de ley, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2° de este último ordenamiento legal, de las que se advierte lo siguiente: ...10.- El catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro Ejecutor se constituyó en el domicilio ubicado en. en esta ciudad, para dar cumplimiento al auto de ejecución de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente .del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado. (Acto aquí reclamado) A mayor abundamiento, y como lo señaló el Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez, en el voto particular que emitió en el recurso de queja civil ., debe señalarse que en el diverso juicio de amparo ., la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, la cual mediante resolución interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se le concedió en forma definitiva, para el efecto de que no se ejecutara el acto de molestia o privación en el domicilio ubicado en ., en esta ciudad, dentro del expediente . del índice del Juzgado Segundo de lo Civil, señalándose que dicha medida dejaría de surtir sus efectos si no otorgaba dentro del término de cinco días garantía por la cantidad de ., correspondientes a los daños y perjuicios, que pudiera ocasionársele a la parte tercero interesada. En ese tenor, toda vez que la quejosa no exhibió la garantía antes referida, por auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declaró que la suspensión definitiva dejaba de surtir efectos, dejando expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado. Para acreditar lo antes relatado, recábese copia certificada de las actuaciones atinentes del referido incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ., para que sean glosadas a este en que se actúa. En esa tesitura, es evidente que el citatorio de trece de agosto de dos mil dieciocho, proviene precisamente del juicio . del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado, lo anterior debido a que una vez que dejó de surtir efectos la suspensión otorgada en el diverso juicio de amparo ., la autoridad responsable continuó con el procedimiento de ejecución en el juicio génesis del acto reclamado, por lo que se giró nuevamente un citatorio dirigido a .. A fin de dar mayor claridad, a la causal de improcedencia que se invoca, se digitaliza el citatorio que acompañó la quejosa a su demanda, así como la diligencia practicada con motivo del mismo:. En consecuencia, toda vez que no queda lugar a dudas que en el presente caso se actualiza la figura de la litispendencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En razón de lo acordado en párrafos que antecede, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de la parte quejosa, mediante el cual ofrece diversas pruebas, sin que resulte factible realizar mayor pronunciamiento dado el sobreseimiento fuera de audiencia aquí decretado. Finalmente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.)(VI)

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso, al tercero interesado y al Ministerio Público y, por oficio a las autoridades responsables.(VI)

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al tercero interesado J. Francisco Pedroza Urzúa compareciendo al presente juicio de amparo en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el escrito de cuenta. Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Héctor Salvador Díaz Martínez por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De igual manera, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, por haciendo diversas manifestaciones a manera de alegatos, y causales de sobreseimiento, los cuales serán analizadas al momento de dictar la resolución respectiva.(VI)

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano