Ana Elena Díaz de Álvarez

Expediente 1202/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1202/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
10/10/2016

Partes del expediente

  • Ana Elena Díaz de Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que la impetrante del amparo Ana Elena Díaz Gómez Tagle, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de veintiuno de septiembre del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en razón de que mediante resoluciones interlocutorias de veintinueve de agosto y seis de septiembre pasado, se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidental) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VI) VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1202/2016-VI, promovido por Ana Elena Díaz Gómez Tagle a través de su apoderado legal Luis Antonio Díaz Llorente, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; y otras autoridades, y R E S U L T A N D O. Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diez de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Luis Antonio Díaz Llorente, apoderado legal de Ana Elena Díaz Gómez Tagle, solicitó el amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS. JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORAS. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN DICTADA CONTRA LA QUEJOSA ANA ELENA DÍAZ GÓMEZ TAGLE Y/O ANA ELENA DÍAZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN." Segundo. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por determinación de veintidós de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48, con relación en el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que confirma, adiciona y deroga el similar 03/2013, ya que los actos que se reclaman se pretenden ejecutar dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es la orden de detención y/o aprehensión dictada contra la quejosa Ana Elena Díaz Gómez Tagle, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Inexistencia del acto reclamado y causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, con registro 212775, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables siguientes: 1) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México; 2) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Comisario General de la Policía Ministerial, y 3) Juez de Control de Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. En su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado por la quejosa Ana Elena Díaz Gómez Tagle. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con número de registro 917818, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde a la solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1202/2016-VI promovido por Ana Elena Díaz Gómez Tagle a través de su apoderado legal Luis Antonio Díaz Llorente, por el acto precisado en el considerando segundo, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  3. Incidental

    VI) VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1202/2016-VI, promovido por Luis Antonio Díaz Llorente, apoderado legal de Ana Elena Díaz Gómez Tagle, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; y otras autoridades, y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el diez de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Luis Antonio Díaz Llorente, apoderado legal de Ana Elena Díaz Gómez Tagle, solicitó el amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS. JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORAS. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN DICTADA EN CONTRA DE LA QUEJOSA ANA ELENA DÍAZ GÓMEZ TAGLE Y/O ANA ELENA DÍAZ ÁLVAREZ, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN." SEGUNDO. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión para proveer respecto de los actos combatidos; se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Mediante interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se resolvió la presente incidencia por cuanto hace a las autoridades precisadas en el considerando tercero de dicha resolución, y se dejó pendiente en lo relativo a la indicada en el considerando cuarto. Por ende, la presente audiencia inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado de las autoridades responsables se hace consistir en la orden de detención y/o aprehensión dictada en contra de la quejosa Ana Elena Díaz Gómez Tagle y/o Ana Elena Díaz Álvarez, así como su ejecución. SEGUNDO. El Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el informe previo negó la existencia del acto reclamado por la agraviada. Consecuentemente, si la impetrante del amparo no aportó prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa, lo procedente es negar la suspensión definitiva al no existir materia a qué aplicarla. En lo conducente se aplica, la jurisprudencia publicada con el número 286, página 237, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Ana Elena Díaz Gómez Tagle y/o Ana Elena Díaz Álvarez, contra el acto precisado en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario que da fe, Emmanuel Ramírez Gómora.

  4. Incidental

    VI) Toluca, Estado de México; uno de septiembre de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, agréguese el informe previo rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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