Ana Elena Correa González
Expediente 2314/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ana Elena Correa González
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en este Juicio de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo que DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRO DE GOBIERNO Y SISE En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y se dio por concluido sin decidirlo en lo principal. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y no tiene de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Al efecto, háganse las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Liliana Margarita Villarreal Medrano, quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del juicio de amparo se advierte la existencia del juicio de amparo 1782/2023-II, promovido por la quejosa Ana Elena Correa González, admitido el diecisiete de julio del año en curso, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual se concedió el amparo y protección solicitados el veintinueve de agosto del año en curso, causando ejecutoria el doce de septiembre siguiente. Ahora bien, analizada la presente demanda, se advierte que igualmente se encuentra promovida por la misma quejosa (Ana Elena Correa González), contra la misma autoridad y el mismo acto reclamado en la demanda a que se refiere el párrafo precedente. En mérito de lo anterior, se provee sobre la procedencia de la demanda de trato, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Los citados dispositivos legales textualmente establecen: "Articulo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." En efecto, del examen de la demanda de amparo se desprende que la quejosa, reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar escrito de cinco de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral de origen 360/5/2018. Asimismo, del análisis del diverso juicio de amparo 1782/2023, del índice de este Juzgado Federal, se advierte que la propia quejosa, reclamó de la misma autoridad responsable, la omisión de proveer su escrito de cinco de junio de dos mil veintitrés, dentro del mismo juicio ordinario laboral. Ahora bien, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anteriormente expuesto, denota que en la especie se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que el presente juicio de amparo se promueve contra actos que fueron materia del juicio de amparo 1782/2023, del índice de este Juzgado Federal, el cual se resolvió el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la nombrada quejosa, la cual quedó firme mediante ejecutoria de doce de septiembre de dos mil veintitrés. Hechos que resultan ser notorios y que se invocan en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza, en términos de lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que pone en evidencia que la accionante de amparo intentó la acción constitucional en iguales condiciones en este juicio de amparo, contra la misma autoridad laboral, así como el propio acto reclamado; habida cuenta que dicho acto fue analizado de fondo y lo resuelto constituye cosa juzgada; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Apoya a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Primera Parte, XCIX, página 41, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual forma, al caso se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, pública en el Semanario Judicial de la Federación, 205-216, Primera Parte, página 142, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Sin que sea necesario glosar copia certificada de las constancias necesarias relativas al juicio de amparo 1782/2023, del índice de este juzgado, las cuales obran en el expediente electrónico -Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE)-. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Carlos Morales Castillo, en tanto que en términos restringidos a Ireri Azeneth Bautista Sánchez; asimismo, se toma nota del correo electrónico así como del teléfono celular, proporcionados como medios alternos de contacto. En atención a la solicitud realizada por la parte quejosa, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico; dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para tales efectos a Luis Carlos Morales Castillo, a quien corresponde el nombre de usuario "luiscarlos1986", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Julio César Cruz García, quien autoriza y da fe.
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