Ana Elba Reyes Figueroa

Expediente 1563/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1563/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Nasheli Ruvalcaba Flores
  • Ana Elba Reyes Figueroa
  • Eva Guzman Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, procede calificar este expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 3 destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de enero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 1563/2022, promovido por Fabiola Jaqueline Madrid Santiago, en favor de Guadalupe Nasheli Rubalcaba Flores, Ana Elba Reyes Figueroa y Eva Guzmán Sandoval, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, asistida por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1563/2022, Secretario con quien actúa, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 1 - 53 2 Auto admisorio. 127 - 133 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 220 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía de Justicia del Estado. Niega 176. 2 Subdirector de la Fiscalía de Inmigrante de la Fiscalía General de Justicia del Estado. NIEGA 177 3 Jefe de grupo Encargado de la Comandancia Operativa de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes. NIEGA 191 4 Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula B-III-3, Tapachula. NIEGA 195 - 196 5 Encargado de la Policía Federal Ministerial Subsede Tapachula, Chiapas. NIEGA 247 - 250 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 Parte quejosa DOCUMENTALES 120 - 125 2 Jefe de grupo Encargado de la Comandancia Operativa de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes. DOCUMENTALES 82 - 108 3 Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula B-III-3, Tapachula DOCUMENTALES 139- 146, 149-159, 162-172, 182- 190, 197- 215, 231- 240, 4 Encargado de la Policía Federal Ministerial Subsede Tapachula, Chiapas. 251-268 La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, El secretario hace constar que únicamente los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, agregado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas sus manifestaciones en forma de alegatos para los efectos legales procedentes; ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase. Posteriormente, se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acordar, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1563/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Fabiola Jaqueline Madrid Santiago, en favor de Guadalupe Nasheli Rubalcaba Flores, Ana Elba Reyes Figueroa y Eva Guzmán Sandoval, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. En esa misma fecha, se formó expediente de amparo 1563/2022, con la demanda promovida, concediendo la suspensión de plano contra los actos señalados, ordenándose la ratificación de la demanda de amparo, y mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, previa ratificación, se admitió a trámite la referida demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La detención ilegal, aprehensión, privación ilegal de la libertad, orden de cateo, tortura, amenazas e incomunicación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la detención ilegal, aprehensión, privación ilegal de la libertad, orden de cateo y amenazas. El Titular de la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía de Justicia del Estado, Subdirector de la Fiscalía de Inmigrante de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Comandante Encargado de la Comandancia Operativa de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3 y Encargado de la Policía Federal Ministerial Subsede Tapachula, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados al momento de rendir su informe justificado. En se sentido, tomando en consideración el contenido de los citados informes justificados y las documentales que exhibieron las autoridades responsables, como complemento de los mismos, deben tenerse por inexistentes los citados actos reclamados. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la orden de cateo, todas y cada una de las autoridades negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Sin que pase por desapercibido las pruebas documentales que presentó la parte quejosa consistentes en placas fotográficas y videograbaciones donde pretende demostrar la existencia del acto reclamado; las cuales carecen de todo valor probatorio, pues dada la manera que se obtienen, no se tiene la certeza jurídica de lo ahí plasmado. Sirve de apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 71/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede ser consultada en la página 33, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". También es aplicable, la jurisprudencia 193, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 132, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Sin embargo de las documentales que remitió el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3, consistente en la resolución de plazo constitucional, dictado por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se advierte que la detención de las quejosas Guadalupe Nasheli Rubalcaba Flores, Ana Elba Reyes Figueroa y Eva Guzmán Sandoval, se debió por considerar el órgano técnico investigador de la federación que se tipificaba los delitos que se les imputaban y que se llevaron a cabo en flagrancia, mismos que el Juez de Control calificó de ilegal, ordenado la libertad inmediata de las referidas peticionarias de amparo. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución del referido acto reclamado; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto de los actos de tortura, amenazas e incomunicación, la carga de la prueba recae en el Estado y no en la parte quejosa. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, párrafo tercero, señala cuáles son las obligaciones del Estado frente a la posible violación a Derechos Humanos, como se advierte de la transcripción siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [.] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.]" Por su parte, en el primer párrafo del artículo 22 del Pacto Federal, establece que la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante, son prácticas que se encuentran proscritas de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]" Tomando en cuenta lo anterior, es posible sostener entonces que, de conformidad con los artículos 1 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen en general, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Así, la posible existencia de los malos tratos o actos de tortura obligan a cualquier autoridad, con independencia del fuero al que pertenezca, -federal, estatal o municipal-, a dar seguimiento de oficio y velar porque dichos actos sean reprimidos y castigados, así como conseguir que se repare el daño a la víctima de dichos tratos inhumanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2018533, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. [lo resaltado es propio]. De igual manera, es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2006483, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. En este sentido, cuando las autoridades tienen conocimiento de que una persona ha sufrido malos tratos o tortura; éstas deben, en primer lugar, llevar a cabo, con celeridad, una investigación imparcial, a fin de esclarecer la verdad de los hechos. Lo anterior, constituye un compromiso internacional que el Estado Mexicano se obligó a ejercer al firmar como Estado parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que en su numeral 8° prevé dicha obligación, a saber: "Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado." Ahora bien, debe precisarse que la tortura se analiza partiendo de dos vertientes, a saber, a) como delito y, b) como violación de derechos humanos -lo que es materia de esta sentencia-, en términos de lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, en la tesis con datos de localización Registro digital: 2006484, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCVI/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 562, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. Precisado lo anterior, debe indicarse que del análisis a las constancias de autos, no existe base objetiva alguna para establecer la existencia de los actos de tortura, amenazas e incomunicación reclamados. Dicha inexistencia se corrobora además con el contenido de las constancias que acompañó el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3, con sede en esta ciudad como apoyo a su informe, a las que se les concede valor probatorio pleno por ser documentales públicas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. A través de ellas la autoridad exhibió copias certificadas de la diligencia de lectura de derechos de las imputadas, llamada telefónica, designación de defensor, de las que se aprecia que la autoridad responsable les hizo saber a las impetrantes los delitos que se les imputaba y a los derechos que tenían; asimismo, designaron a Fabiola Jaqueline Madrid Santiago, como su defensora particular, misma quien es la que promovió la presente demanda de amparo a su favor de las quejosas, aceptando el cargo conferido y firmando de conformidad. Además, en el presente sumario obra la diligencia de notificación personal de quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que la fedataria de este Juzgado de Distrito, hizo constar que a las impetrantes no se les apreció ningún tipo de lesiones (foja 115), mismas que al preguntarles sobre algún acto de tortura que les hubieren ocasionado, manifestaron que no habían sido objeto de malos tratos, por lo cual, no existe medio probatorio alguno que corrobore los actos de tortura, amenazas e incomunicación, reclamados, por lo tanto, resultan ser inexistentes y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Todo ello nos conduce a la jurídica conclusión que la tortura, amenazas e incomunicación de las que se adolecían en el escrito de demanda son inexistentes; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio por lo que hace a tales actos y autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis aislada, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1424, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:: "TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE.-Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, corresponde al juzgador, en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes; de ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha de valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida al dictarse la sentencia definitiva." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3, así como el Encargado de la Comandancia Operativa de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la detención y aprehensión de las quejosas, misma que considera ilegal. Sin embargo, dichas negativas se desvirtúan, toda vez que de los informes justificados rendidos por dichas autoridades, se advierte que las quejosas Guadalupe Nasheli Rubalcaba Flores, Ana Elba Reyes Figueroa y Eva Guzmán Sandoval, fueron detenidas en fecha trece de noviembre de dos mil veintidós, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policías Municipales y Policías Especializada adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes. QUINTO.- Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora bien, analizadas que fueron las citadas constancias, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para ello, es menester citar el contenido del dispositivo legal citado, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I.- (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si nunca hubiere existido, o bien, se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, de tal manera que el acto ya no agravia a las quejosa y disfrutan del derecho fundamental que les fue afectado. Dicho de otra manera, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas se ubican en una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, como si se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a las quejosas en el goce del derecho fundamental violado por la autoridad. En esa medida, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3 de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad, las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justifica Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, decretó la inmediata libertad de las aquí peticionarias de amparo Guadalupe Nasheli Rubalcaba, Ana Elba Reyes Figueroa y Eva Guzmán Sandoval, toda vez que no calificó de legal la detención llevada a cabo a las quejosas de mérito, por lo que, las cosas se ubican en una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan, o bien, como si se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a las quejosas, en el goce del derecho fundamental violado por la autoridad. En esa medida, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, es evidente que los posibles actos reclamados, dejaron de surtir sus efectos jurídicos a partir de que se ordenó la libertad de las multicitadas quejosas, de modo tal, que los efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, de forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de las impetrantes, o bien, como si se les hubiera otorgado la protección Federal solicitada. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que, con base en los razonamientos expuestos, con apoyo en el numeral 61, fracción XXI de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Fabiola Jaqueline Madrid Santiago, en favor de Guadalupe Nasheli Rubalcaba Flores, Ana Elba Reyes Figueroa y Eva Guzmán Sandoval, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados sus alegatos para los efectos legales procedentes, mismos que serán tomados en consideración al resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de diciembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Encargado de la Policía Federal Ministerial Subsede Tapachula, Chiapas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por lo tanto, a fin de no dejar a la citada parte en estado de indefensión y para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para hoy, y se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese.

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