Ana Dolores Adriana Roque Isais

Expediente 945/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
945/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Ana Dolores Adriana Roque Isais

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Ahora, toda vez que la parte quejosa exhibió en efectivo la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de garantizar la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger la suma referida, apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho documento prescribirá a favor del fisco federal. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Ana Dolores Adriana Roque Isaías, contra la omisión del Ministerio Público adscrito al municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, que estima violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 945/2020-VI. Ahora bien, examinado el escrito inicial de demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: "La omisión por parte de la Autoridad responsable al no haber realizado investigación alguna sobre la querella presentada en fecha 3 DE AGOSTO DE 2018.ante el agente del ministerio PÚBICO JOSÉ EUSEBIO FLORES GALLARDO" En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 109 y 258 del Código Nacional de procedimientos Penales. Acorde con los ya citados preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Agente del Ministerio Público que conozca del asunto, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. De ahí, que la parte quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la parte disconforme tiene la calidad de víctima u ofendido en la carpeta de investigación, de la cual emana el acto de omisión reclamado en esta vía constitucional. En ese sentido, si la promovente del amparo reclama medularmente la omisión de la autoridad ministerial en integrar la carpeta de investigación CDI/PGJE7ZA7SLN700212/18, dicho acto es impugnable a través del recurso que prevé el numeral 258 antes citado. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe hacer valer su derecho de impugnar las omisiones de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. En esa virtud, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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