Ana Delia Rincon Montoya

Expediente 2897/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2897/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
14/03/2016

Partes del expediente

  • Ana Delia Rincon Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    VISTO EL OFICIO DE CUENTA SE TIENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, CON SU CONTENIDO DESE VISTA A LAS PARTES...

  2. Principal

    VISTO el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede a las partes el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de dos de febrero de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, y aun cuando no obra en autos, constancia con la que se acredite que las autoridades responsables Juez Menor Mixto y Actuario Adscrito al Juzgado Menor Mixto, ambos con residencia en el Municipio de Tolimán Querétaro, hayan quedado debidamente notificadas de la resolución de mérito, dado el sentido de la misma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, no deben recurrirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, página 866, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.- Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir.". Así como la diversa tesis jurisprudencial, consultada en el Tomo 83, Noviembre de 1994, página 84, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." En consecuencia con fundamento en los artículos 356, ******************** y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables. Asimismo, de autos se aprecia que a la fecha no existe trámite pendiente que realizar en este expediente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, como asunto totalmente concluido; en la inteligencia que como se advierte de líneas precedentes el dos de febrero de dos mil dieciséis, se dictó la resolución en el presente juicio, en la que se sobreseyó, por lo que de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo Vigésimo Primero, ******************** se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que en términos de lo previsto por el artículo Décimo Primero del citado Acuerdo, transcurridos tres años a partir de esta fecha, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa acta que se elabore, para que con base en lo antes determinado, una vez que el expediente en que se actúa cuente con más de cinco años de haberse ordenado su archivo, el Centro de Documentación y Análisis proceda a su destrucción. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del acuerdo referido con anterioridad. En su oportunidad háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Vistas las razones actuariales que anteceden, de las que se advierte la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados ***, por las razones asentadas en las mismas, por lo que, previo a acordar lo conducente, se reserva hasta en tanto obre en autos el despacho librado al Juez Menor Mixto de El Marqués, Querétaro, el cual se encuentra en vías de diligenciación.

  4. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. SE HACE NOTAR QUE LA ANTERIOR DECLARACIÓN ES INDEPENDIENTE DE LOS DERECHOS QUE LA PARTE QUEJOSA PUEDE HACER VALER EN LA VÍA ADECUADA. SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE Y SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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