Ana del Carmen Lindsey López
Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana del Carmen Lindsey López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El catorce de octubre de dos mil veintiuno, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifica: a) Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa, del nueve al veintidós de julio del presente año, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra del auto de treinta de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; c) Que no existen tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. d) De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva; y sí se exhibió billete de depósito a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos, así como con las promociones registradas con los folios 11947, 12630 y 15418. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de junio del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es depurable el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Asimismo, en consideración a que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 864961, por la cantidad de tres mil pesos cero centavos, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Múltiple (BANSEFI), a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito a que se alude para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosados en favor de la impetrante del amparo. En el entendido, que cuenta con un lapso de dos años, contados a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterada del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibida que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Ahora, toda vez que obran agregados documentos exhibido por la quejosa en su escrito de derechos; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición del quejoso dicho documento por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, el mismo seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Hágasele del conocimiento del aquí quejosa que podrá generar citas conforme a las reglas previstas en capítulo II del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, e incluso, tratándose de comunicaciones no procesales se le puede brindar atención vía telefónica o mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Finalmente, agréguense a los presentes autos las promociones de cuenta signadas por la autorizada de la quejosa Ana del Carmen Lindsey López; en atención a su contenido, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en este proveído. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. mash
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el delegado de las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, Subdelegada de Prestaciones y Delegado, todas las anteriores de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, así como del Jefe del Departamento de Vivienda en Zacatecas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; mediante el cual remite copia certificada de diversas documentales. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese sentido, es importante precisar que, en esta instancia constitucional, el acto reclamado consiste en: "La ilegal orden de descuento por concepto de crédito hipotecario FOVISSSTE así como su ejecución y el oficio FVI/GRZ/211/2021 emitido por el Departamento de Vivienda en Zacatecas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" Sin embargo, sus efectos han cesado, como enseguida se detallará. En efecto, en primer término, es necesario precisar que el Jefe del Departamento de Vivienda en Zacatecas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado al manifestar que la quejosa contaba con un crédito hipotecario de adquisición de vivienda vigente al no haber realizado el trámite correspondiente y que una vez realizado lo anterior, se realizaría la solicitud de devolución de descuentos indebidos. Por otra parte, mediante auto de dieciocho de junio del año en curso, se tuvo a la quejosa informando que el once de junio anterior, la autoridad responsable Fondo de Vivienda del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado, realizó la devolución de las cantidades pagadas en exceso con motivo del crédito hipotecario número 1180132 mediante transferencia electrónica y que de igual manera, el catorce de junio del año en curso, le fue expedida la carta finiquito respectiva. Por último, en el oficio que se acuerda, el delegado de las autoridades responsables remite copia certificada del estado de cuenta en el cual se aprecia que, en fecha diez de junio del año en curso se realizó una transferencia electrónica a favor de la quejosa, así como de la constancia finiquito emitida en fecha catorce de junio de la presente anualidad en la cual se aprecia la firma de la quejosa. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Así, el acto del que se dolía la parte quejosa ha quedado subsanado con la transferencia electrónica que le fue realizada en fecha diez de junio del año en curso así como la carta finiquito que le fue entregada. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la Agente del Ministerio Público Adscrita. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción con folio 10226 signada por la quejosa Ana del Carmen Lindsey López, mediante la cual refiere que el once de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Fondo de Vivienda del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado, realizó la devolución de las cantidades pagadas en exceso con motivo del crédito hipotecario número 1180132 mediante transferencia electrónica efectuada a la cuenta bancaria de la mencionada quejosa, asimismo, manifiesta que el catorce de junio del año en curso, le fue expedida la carta finiquito respectiva y para justificar lo anterior, remite copia simple de dichas constancias, en razón de que la original resulta indispensable para diversos fines. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen como pruebas de la referida ocusante las documentales que adjunta a su escrito, mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jefe de departamento del Fondo de Vivienda del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias descritas en el primer párrafo del presente acuerdo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o no expresar el impedimento legal que tenga para remitirlas, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por lo tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día; y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Finalmente, agréguese a los autos el pedimento de cuenta con registro 10277 que suscribe la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse formulados los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el veinticuatro del mes y año que transcurre, se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables delegado, subdelegada de Prestaciones, jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal de Zacatecas y jefe del Departamento de Vivienda en Zacatecas del Fondo de Vivienda, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (por conducto de su apoderada); por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. ...
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