Ana del Carmen Leon Ramirez

Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
33/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Andrea Aveiga Bonilla
  • Ana del Carmen Leon Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de la parta quejosa Martha Andrea Aveiga Bonilla y Ana del Carmen León Ramírez; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expedienteAhora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no ha ratificado su escrito inicial de demanda, en los términos y plazos concedidos en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 04 a 15), dictado en autos del juicio de amparo 48/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, Córdova y Ordoñez. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida a favor de la parta quejosa Martha Andrea Aveiga Bonilla y Ana del Carmen León Ramírez. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó notificar a las directas quejosas **********, por medio de lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, se aprecia que no se ha notificado el proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo 48/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, Córdova y Ordoñez, a la parte quejosa; en consecuencia, notifíquesele dicha determinación. Villahermosa, Tabasco; nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente sumario se integrará de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, que contiene el auto dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 48/2023, de su índice y copia de la demanda de amparo promovida por Misael Ortiz Cruz a favor de Martha Andrea Aveiga Bonilla y Ana del Carmen León Ramírez, contra actos atribuidos a la Encargada de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tabasco y otras autoridades. SE RESERVA PROVEER RESPECTO DE LA COMPETENCIA Ahora, en el caso, se advierte que el homólogo federal, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo que remite, ya que refiere que los actos reclamados se están ejecutando en el circuito judicial en donde este juzgado ejerce su jurisdicción; sin embargo, no allegó documental alguna que permita inferir que efectivamente los combatidos se encuentran ejecutándose en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Por tanto, este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo conducente en cuanto a la competencia planteada hasta en tanto el órgano declinante informe al respecto. En consecuencia, de no existir inconveniente, se solicita atentamente, al homologo federal para que remita el exhorto que envió al juzgado con sede en esta ciudad, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en cuanto a la competencia planteada. Acúsese recibo y hágase del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, la presente determinación. OBSERVACIÓN EN CUANTO A LA DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el promovente utiliza diversa denominación para referirse a la autoridad residente en esta ciudad, que señala como responsable; sin embargo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en diversos juicios de amparo de la estadística de este juzgado, al rendir su informe de suspensión de plano, la autoridad migratoria en esta ciudad ha informado que su denominación correcta es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones, téngase como autoridad responsable en esta ciudad únicamente a la mencionada. En esa tesitura, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice la anotación correspondiente, en relación a la denominación correcta de la autoridad de mérito. REGISTRO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 33/2023-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No obstante lo anterior, atendiendo a la urgencia del asunto y al advertirse que se omitió proveer respecto de un acto que amerita proveer respecto de la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se procede a proveer; previo a emitir el pronunciamiento correspondiente, es menester destacar que el promovente señaló como actos reclamados los siguientes: 1. Detención fuera del procedimiento; 2. Privación de la libertad, como alojamiento prolongado en la Estación Migratoria; 3. La negativa de dar trámite a la petición verbal de la solicitud de refugio; 4. La negativa a permitir que la parte quejosa obtenga su libertad, para efectos de continuar con su proceso de regularización migratoria; 5. Violación a derechos humanos; y 6. Falta de atención médica. En ese contexto, es menester precisar que resulta innecesario proveer respecto del punto 3, por no ser un acto materia de la suspensión de plano; así como de los diversos 1, 2, 4 y 5, toda vez que dicha medida cautelar fue concedida mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo 48/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA FALTA DE ATENCIÓN MEDICA Debe destacarse que el derecho fundamental de acceso a la salud se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual, sin embargo, la tendencia a la socialización del derecho, existente desde el siglo pasado, le han dado a esta facultad una proyección y contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no sólo formal. Por ello, el derecho de acceso a la salud se ha convertido en un verdadero derecho humano entendida ésta como un valor social que debe ser realizado, con las cualidades ya indicadas. Luego, para que los requisitos de acceso a la salud puedan considerarse constitucionales, deben respetar el contenido de la propia Constitución que preservan otros derechos, bienes o intereses y además guardar una adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. Este derecho de acceso a la salud, también se encuentra tutelado en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y al que México se adhirió el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, por ende, es parte integral del sistema jurídico mexicano. Lo que se tiene, atendiendo a la actual tendencia en materia de control constitucional, creada tanto a nivel constitucional como por el actual criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, cuya ejecutoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil once. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el aludido expediente, estableció la obligación de todos los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación deberían resolver los asuntos de su competencia de la manera más favorable a la persona, analizando los derechos humanos protegidos en los tratados internacionales en que México fuese parte, y siempre haciendo prevalecer el goce de dichos derechos frente a cualquier otra circunstancia. De lo anterior, se destaca que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como una de las obligaciones generadas a partir del cumplimiento a la sentencia en el caso Rosendo Radilla, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que México fue condenado, que los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. En este orden de ideas, y atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa, en el cuerpo del ocurso que se provee, en el que se sostiene que desde su ingreso a la estación migratoria se han sentido mal, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Martha Andrea Aveiga Bonilla y Ana del Carmen León Ramírez, por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados; esto es, que las autoridades responsables: Les brinden la atención médica correspondiente en el lugar donde se encuentren, para lo cual deberán tomar las acciones necesarias para tal fin. Debiendo las autoridades responsables informar en un término no mayor a veinticuatro horas el cumplimiento que den a esta determinación, en la inteligencia que la violación a esta medida entraña la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la invocada ley, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Sirve de apoyo la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951 del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Por tal motivo, gírese de inmediato el oficio a las autoridades señaladas como responsables para el conocimiento de la suspensión decretada y su debido cumplimiento. HABILITACION DE DÍAS Y HORAS. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado de la Coordinación Operativa del Servicio Postal Mexicano en Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, informa en relación a la pieza postal RM013901198MX, relativa al oficio 841/2023; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez, que como se advierte en el oficio de cuenta, el acuse de la citada pieza ya fue recepcionada en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, Córdova y Ordoñez; en el que informa que dio cumplimiento a requerimiento realizado a través de auto de once de enero de dos mil veintitrés; lo anterior, tomando en consideración que se recibió similar información y este órgano jurisdiccional proveyó lo conducente mediante auto de trece de febrero del año que transcurre. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido en auto de trece de febrero del año que transcurre, a la parte promovente de la demanda de amparo para que informara algún dato donde se pudieran localizar a las directas quejosas, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, así como los subsecuentes de carácter personal, a las directas quejosas ********** por medio de lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional. "...Villahermosa, Tabasco; nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid 19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente sumario se integrará de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, que contiene el auto dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 48/2023, de su índice y copia de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos atribuidos a la Encargada de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tabasco y otras autoridades. SE RESERVA PROVEER RESPECTO DE LA COMPETENCIA Ahora, en el caso, se advierte que el homólogo federal, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo que remite, ya que refiere que los actos reclamados se están ejecutando en el circuito judicial en donde este juzgado ejerce su jurisdicción; sin embargo, no allegó documental alguna que permita inferir que efectivamente los combatidos se encuentran ejecutándose en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Por tanto, este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo conducente en cuanto a la competencia planteada hasta en tanto el órgano declinante informe al respecto. En consecuencia, de no existir inconveniente, se solicita atentamente, al homologo federal para que remita el exhorto que envió al juzgado con sede en esta ciudad, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en cuanto a la competencia planteada. Acúsese recibo y hágase del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, la presente determinación. OBSERVACIÓN EN CUANTO A LA DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el promovente utiliza diversa denominación para referirse a la autoridad residente en esta ciudad, que señala como responsable; sin embargo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en diversos juicios de amparo de la estadística de este juzgado, al rendir su informe de suspensión de plano, la autoridad migratoria en esta ciudad ha informado que su denominación correcta es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones, téngase como autoridad responsable en esta ciudad únicamente a la mencionada. En esa tesitura, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice la anotación correspondiente, en relación a la denominación correcta de la autoridad de mérito. REGISTRO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 33/2023 II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No obstante lo anterior, atendiendo a la urgencia del asunto y al advertirse que se omitió proveer respecto de un acto que amerita proveer respecto de la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se procede a proveer; previo a emitir el pronunciamiento correspondiente, es menester destacar que el promovente señaló como actos reclamados los siguientes: 1. Detención fuera del procedimiento; 2. Privación de la libertad, como alojamiento prolongado en la Estación Migratoria; 3. La negativa de dar trámite a la petición verbal de la solicitud de refugio; 4. La negativa a permitir que la parte quejosa obtenga su libertad, para efectos de continuar con su proceso de regularización migratoria; 5. Violación a derechos humanos; y 6. Falta de atención médica. En ese contexto, es menester precisar que resulta innecesario proveer respecto del punto 3, por no ser un acto materia de la suspensión de plano; así como de los diversos 1, 2, 4 y 5, toda vez que dicha medida cautelar fue concedida mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo 48/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA FALTA DE ATENCIÓN MEDICA Debe destacarse que el derecho fundamental de acceso a la salud se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual, sin embargo, la tendencia a la socialización del derecho, existente desde el siglo pasado, le han dado a esta facultad una proyección y contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no sólo formal. Por ello, el derecho de acceso a la salud se ha convertido en un verdadero derecho humano entendida ésta como un valor social que debe ser realizado, con las cualidades ya indicadas. Luego, para que los requisitos de acceso a la salud puedan considerarse constitucionales, deben respetar el contenido de la propia Constitución que preservan otros derechos, bienes o intereses y además guardar una adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. Este derecho de acceso a la salud, también se encuentra tutelado en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y al que México se adhirió el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, por ende, es parte integral del sistema jurídico mexicano. Lo que se tiene, atendiendo a la actual tendencia en materia de control constitucional, creada tanto a nivel constitucional como por el actual criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, cuya ejecutoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil once. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el aludido expediente, estableció la obligación de todos los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación deberían resolver los asuntos de su competencia de la manera más favorable a la persona, analizando los derechos humanos protegidos en los tratados internacionales en que México fuese parte, y siempre haciendo prevalecer el goce de dichos derechos frente a cualquier otra circunstancia. De lo anterior, se destaca que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como una de las obligaciones generadas a partir del cumplimiento a la sentencia en el caso **********, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que México fue condenado, que los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. En este orden de ideas, y atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa, en el cuerpo del ocurso que se provee, en el que se sostiene que desde su ingreso a la estación migratoria se han sentido mal, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a **********, por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados; esto es, que las autoridades responsables: Les brinden la atención médica correspondiente en el lugar donde se encuentren, para lo cual deberán tomar las acciones necesarias para tal fin. Debiendo las autoridades responsables informar en un término no mayor a veinticuatro horas el cumplimiento que den a esta determinación, en la inteligencia que la violación a esta medida entraña la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la invocada ley, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Sirve de apoyo la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951 del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Por tal motivo, gírese de inmediato el oficio a las autoridades señaladas como responsables para el conocimiento de la suspensión decretada y su debido cumplimiento. HABILITACION DE DÍAS Y HORAS. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Notifíquese

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