Ana Cruz Morales Ramírez

Expediente 1371/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1371/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Ana Cruz Morales Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Cruz Morales Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías. Regístrese en el libro respectivo bajo el número 1371/2019-VIII. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con apoyo en el precepto 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. En términos del numeral 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y, de ser cierto el acto reclamado por la quejosa, enviar las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueves 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la invocada legislación. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, con sustento en el numeral 251 de la referida Ley de Amparo. No se soslaya lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, al considerar de que contra las dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; sin embargo, a criterio de este Juzgado cuando se reclama la omisión de proveer respecto de la admisión de una demanda laboral, se actualiza la paralización del procedimiento, con el consecuente perjuicio de imposible reparación, al afectar materialmente el derecho sustantivo de acceso a la justicia del promovente, por lo que contra ese acto procede el amparo indirecto, en términos del artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, máxime de que dicho acto por su naturaleza no es de aquellos que deriven dentro de un procedimiento. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta minutos del nueve de enero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su demanda de garantías, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Martín Eduardo Silguero Muñoz, cuya cédula se encuentra capturada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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