Ana Cristina Valencia Duran
Expediente 781/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ana Cristina Valencia Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
(1) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés (fojas 123 a 126), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha sobreseído, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción I, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro contexto, toda vez que en el presente expediente obra glosada la factura con folio *** correspondiente al vehículo ********, número de serie *** (foja 9), que exhibió la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, debidamente identificada a recibirlo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente juicio.
- Principal
(1)...Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 12 a 16), en el que se autorizó a las partes la expedición de copias durante la tramitación del presente asunto.
- Principal
(1) Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la quejosa ...., a través del cual pretende ampliar su demanda de amparo respecto de nuevos actos reclamados. Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del ocurso de cuenta, se advierte que procede desechar de plano la ampliación de demanda que pretende. Al respecto, cabe mencionar que para tal efecto, es requisito indispensable que se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese contexto, esta juzgadora estima se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." En efecto, el precepto invocado regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 Constitucional, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resultará improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, de lo cual se deriva que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. - Caso concreto: Ahora bien, en el caso que nos ocupa, del contenido íntegro del escrito por el cual la quejosa pretende ampliar su demanda se desprende que el acto reclamado por el cual aduce ampliar, se hace consistir en la notificación del registro de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación ..., seguida ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Mesa Cuatro, de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos y Narcomenudeo. Actuación en contra de la cual, la solicitante del amparo .... tuvo a su alcance el medio ordinario de defensa que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual, la notificación que en esta vía excepcional se combate puede ser nulificada. En efecto, para dilucidar la existencia del medio legal que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido del numeral 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 88. Nulidad de la notificación. La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Del citado precepto, se advierte que, contra las notificaciones llevadas a cabo en contravención a las disposiciones legales aplicables, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las partes puedan solicitar la nulidad de notificaciones, de ahí que el acto por el cual pretende ampliar su reclamo constitucional, consistente en la notificación del registro de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación ..., seguida ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Mesa Cuatro, de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos y Narcomenudeo, así como sus consecuencias, pueden ser nulificados a través de dicho medio legal. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2026467 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 60/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre si previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de una notificación que se estima que causa indefensión y que no cumple con las formalidades legales, es necesario agotar la nulidad de la notificación a que se refiere el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales; o se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, uno de los órganos jurisdiccionales consideró que la citada norma procesal penal no establecía la forma, los términos y el plazo, ni remitía a algún otro precepto legal para la tramitación de la nulidad de la notificación; por lo que la parte quejosa no estaba obligada a interponerla de forma previa a la promoción del juicio constitucional, al actualizarse la excepción al principio de definitividad, prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El otro Tribunal Colegiado estimó que ese supuesto de excepción al principio de definitividad no se actualizaba porque los artículos 88, 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecían los requisitos para tramitar el medio ordinario de defensa, de manera que su procedencia no se encontraba sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal era insuficiente para determinarla. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la nulidad de la notificación prevista en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio ordinario de defensa idóneo para combatir las comunicaciones procesales que se practican en el proceso penal acusatorio y oral; y por tanto, debe agotarse previamente a promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse la causa de excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: La figura jurídica de la nulidad de la notificación que se prevé en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenido en el Título IV, del Libro Primero, denominado: "Actos Procedimentales", dentro del Capítulo V, que se intitula: "Notificaciones y Citaciones", se erige como un medio de defensa idóneo para los efectos del principio de definitividad en el juicio de amparo porque tiene el potencial de nulificar las notificaciones que se practican en el proceso penal acusatorio y oral, y sobre todo, los efectos jurídicos que producen, cuando las partes estimen que las coloca en estado de indefensión y no se ajustan a las correspondientes formalidades legales. Asimismo, ofrece seguridad jurídica porque no requiere que el justiciable acuda a algún ejercicio de interpretación adicional para entender, con suficiente claridad, sobre su procedencia. Ello, porque su sentido gramatical es simple, pues se desprende que su propósito es que las notificaciones que se realicen en el proceso penal acusatorio y oral, se declaren nulas cuando coloquen a los promoventes en estado de indefensión y no se ajusten a las correspondientes formalidades legales. De igual forma, sus requisitos de procedencia se encuentran concreta y suficientemente determinados, ya que para conocerlos, basta con remitirse al capítulo VII, titulado "Nulidad de Actos Procedimentales", que se ubica dentro del mismo Título IV, al que sistemáticamente pertenece el citado artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el legislador federal, a través de los artículos 97, 98, 101 y 102, señala de manera precisa el plazo, la forma, los sujetos legitimados y la autoridad ante quien se tramita la nulidad de los actos procesales en general, a cuya especie pertenece la nulidad de las notificaciones, y por tanto, le resultan perfectamente aplicables. Consecuentemente, no se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que incorpora un régimen especial de excepción al principio de definitividad haciendo optativo para el justiciable hacer valer el medio ordinario de defensa, o bien, acudir directamente a la instancia constitucional porque el fundamento legal de la nulidad de la notificación, no es insuficiente para determinar su procedencia como medio ordinario de defensa y no requiere de una interpretación adicional para determinarla. Así, cuando alguna persona inmersa en un proceso penal acusatorio y oral pretenda impugnar una notificación que estima la coloca en estado de indefensión y no cumpla con las formalidades legales, previo a promover el juicio de amparo indirecto, le es obligatorio agotar el señalado medio ordinario de defensa, a fin de que su pretensión constitucional no se declare improcedente." En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante una notificación que es susceptible de ser nulificada, a través de la solicitud de nulidad de notificaciones, la cual es el medio legal que pueden hacer valer las partes a fin de combatir aquellas actuaciones realizadas en contravención de las disposiciones previstas en el Código Nacional de Procedimiento Penales, es inconcuso que el amparo promovido en contra de los actos reclamados resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. Lo anterior, ya que si bien es cierto, el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa, no menos cierto resulta, que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. En ese contexto, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la ampliación demanda de amparo intentada por la aquí quejosa, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
(1) Vista la certificación de cuenta y el estado de autos del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de catorce de junio del año en curso (fojas 98 y 99), a fin de que se impongan del contenido del informe justificado que en dicha data se tuvo por rendido, trascurre del diecinueve al veintiocho de junio de la presente anualidad; en consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia señalada para esta fecha, señalándose al efecto las diez horas con veinte minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.
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