Ana Cristina Peraza Medina

Expediente 1450/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1450/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Ana Cristina Peraza Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley, en contra del acuerdo de cinco de los corrientes, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo se tiene a ANA CRISTINA PERAZA MEDINA, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La omisión de dar contestación a los escritos presentados el doce de agosto y diecisiete de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, en autos del expediente 662/2018. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1450/2019-VI-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer adecuadamente en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 fracción II, 112 y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito aclare su demanda en los siguientes términos: Proporcione el nombre y domicilio donde pueda ser debidamente emplazada al presente juicio de amparo la parte tercero interesada, pues contrario a lo manifestado por la quejosa en el escrito de demanda ("no hay en el presente amparo"), le asistiría dicho carácter en el presente asunto, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo a la parte demandada en el expediente de origen. Ello, ya que la figura del tercero interesado no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, y su intervención como tal en el juicio constitucional es un derecho procesal legalmente tutelado. Lo anterior, en razón de que se advierte que el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario familiar de concesión de guardia y custodia, radicado con el número 662/2019, del índice del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por ende, es clara la existencia de la parte tercero interesada, de conformidad con el dispositivo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por las razones expuestas en la jurisprudencia que se citará más adelante. Prevención que se formula a la promovente del amparo, a fin de estar en aptitud de emplazar a la parte tercero interesada a este juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia con Registro: 162,965, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Enero de 2011, Tesis: 1a./J. 90/2010, Página: 448, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase saber a la parte impetrante, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexo (3), para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia; las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, otra para la parte tercero interesada, y un tanto más, para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 36/2001 y la tesis VII/2001, por analogía, aprobadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles con los números de registro 189977 y 189978, publicadas en las páginas 79 y 325, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que respectivamente establecen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Así, como la tesis jurisprudencial 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 177046, en el IUS Intranet, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Efraín Antonio Encalada Burgos, así como a las restantes personas en los términos que precisa dicho libelo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este asunto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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