Ana Cristina Martínez Velóz
Expediente 1430/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/02/2022
Partes del expediente
- Ana Cristina Martínez Velóz
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de febrero de dos mil veintidós . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia protectora, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticinco de enero pasado, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. (.) Ahora bien, debido a que los motivos que llevaron a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento); asimismo, el inciso h)???????????? ??????????????? establece el monto de la tarifa de $5,543.00 (cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), para registrar testimonios procedentes de otras entidades de la República; al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por lo que ve al inciso a), del artículo citado en el párrafo precedente, deberá aplicar a la quejosa la cuota mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso a) reclamado, por lo que ve al inciso h), le sea aplicado en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo a la quejosa las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada de los recibos oficiales A54429520 y A54429521, expedidos el dos de agosto de dos mil veintiuno, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis de rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)" (.) Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio recibido en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del oficio por el cual se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Asimismo, mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se recibió la copia certificada de la orden de pago número 2065254, expedida a favor de la quejosa por concepto de devolución de la cantidad que pagó en exceso. Cabe precisar que en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil que fue emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el?????????????? numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obraran en autos. No obstante lo anterior, la quejosa no cumplió con tal requerimiento, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se procede a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en autos. En ese contexto, de las documentales enviadas por la responsable, se advierte que, aunado a la desincorporación antes aludida, se ordenó la devolución en favor de la parte quejosa de la cantidad que pagó en exceso y que ésta fue notificada de tal circunstancia el veinticinco de enero pasado, por conducto de este juzgado, sin que hubiera acreditado haberse presentado a recoger el mencionado valor; por lo tanto, resulta evidente que la responsable cumplió con el núcleo esencial de la sentencia dictada en autos. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18,??????????? ??????????????? párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, once de febrero de dos mil veintidós . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia protectora, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticinco de enero pasado, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. (.) Ahora bien, debido a que los motivos que llevaron a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento); asimismo, el inciso h)???????????? ??????????????? establece el monto de la tarifa de $5,543.00 (cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), para registrar testimonios procedentes de otras entidades de la República; al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por lo que ve al inciso a), del artículo citado en el párrafo precedente, deberá aplicar a la quejosa la cuota mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso a) reclamado, por lo que ve al inciso h), le sea aplicado en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo a la quejosa las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada de los recibos oficiales A54429520 y A54429521, expedidos el dos de agosto de dos mil veintiuno, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis de rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)" (.) Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio recibido en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del oficio por el cual se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Asimismo, mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se recibió la copia certificada de la orden de pago número 2065254, expedida a favor de la quejosa por concepto de devolución de la cantidad que pagó en exceso. Cabe precisar que en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil que fue emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el?????????????? numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obraran en autos. No obstante lo anterior, la quejosa no cumplió con tal requerimiento, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se procede a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en autos. En ese contexto, de las documentales enviadas por la responsable, se advierte que, aunado a la desincorporación antes aludida, se ordenó la devolución en favor de la parte quejosa de la cantidad que pagó en exceso y que ésta fue notificada de tal circunstancia el veinticinco de enero pasado, por conducto de este juzgado, sin que hubiera acreditado haberse presentado a recoger el mencionado valor; por lo tanto, resulta evidente que la responsable cumplió con el núcleo esencial de la sentencia dictada en autos. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la promoción de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en atención a su contenido, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a fin de que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE SEÑALA: Zapopan, Jalisco, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la promoción de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en atención a su contenido, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a fin de que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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