Ana Cristina Gutiérrez Torres

Expediente 2986/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2986/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Ana Cristina Gutiérrez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 50529/2018, 50532/2018, 50533/2018 y 50557/2018, girados a las autoridades responsables Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Consejo de la Seguridad Pública, Secretario de Gobernación y Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante los cuales se les hizo del conocimiento el proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se tuvo por recibida la ejecutoria dictada en el toca de revisión principal 720/2016, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Por otra parte, mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días indicara si era su deseo ampliar la demanda de amparo señalando como nuevo acto reclamado el oficio DJ/870/2017 de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director de lo Jurídico de la Comisaria de la Policía de Guadalajara, circunstancia que le fue notificada el veinticinco de octubre de este año, por lo que el término para realizar manifestación alguna al respecto, le transcurrió del veintinueve de octubre al veintidós de noviembre del año que transcurre de dos mil dieciocho; por tanto, al haber fenecido el término otorgado, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y se continua con el trámite del presente asunto con las autoridades y actos reclamados mencionadas en la demanda inicial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Guillermo Aguirre Castañeda, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/GAC/avgd

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo al rubro citado, así como con copia certificada de la resolución pronunciada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del toca de revisión principal número 453/2017, del índice del tribunal colegiado, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por René Alba González, en representación de "Bali de Lagos de Inmobiliaria" y "Desarrolladora Bali", ambas sociedades anónimas de capital variable, contra los actos y autoridades señaladas en el considerando sexto de esta ejecutoria." Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Acúsese el recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, con apoyo en el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, este órgano jurisdiccional considera que este expediente es susceptible de destrucción; lo que se efectuará, una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme al acuerdo en comento que, el duplicado es destruible una vez transcurridos seis meses, en tanto el original es susceptible de depuración una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la suspensión solicitada. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Guillermo Aguirre Castañeda, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/GAC/ prox

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada en autos en la que, por una parte se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación tributaria en la parte normativa declarada inconstitucional tanto en su aplicación presente como en la futura; esto desde luego, mientras persista el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo en la Ley de Ingresos Municipal de referencia para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Tomo X, noviembre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En esas condiciones, como el amparo se concedió sólo respecto de la norma impugnada que prevé la tarifa del tributo reclamado (equidad y proporcionalidad tributaria) y no respecto de los numerales que establecen otros elementos esenciales de la contribución pues no se hizo valer concepto de violación en ese sentido, la concesión del amparo no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago en su totalidad de los derechos mencionados, sino sólo desincorporar de su esfera jurídica la obligación de la parte declarada inconstitucional, por lo que deberá cobrarse la tarifa mínima respectiva -k) En Pulquerías $1,746.00 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)- y hacerse extensiva al acto de aplicación, consistente en el recibo oficial 3887258 AA (fojas 12 de autos), debiendo devolver debidamente actualizadas la cantidades que resulten de la diferencia de aplicar las tarifa mínimas previstas para las licencias de giros de los establecimientos de su género (Cabaret, centro nocturno y giros similares), contenida en el artículo 64, fracción X, del ordenamiento legal en cita." En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad Tesorería del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de diez días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el numeral 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una nueva multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción l, de conformidad con los artículos 238 y 258, de la ley en comento, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. No es óbice para llegar a la anterior determinación que la citada autoridad no haya sido señalada como responsable en el presente juicio de garantías, ya que en razón de sus funciones, dicha autoridad debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la cual está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro del fallo protector, se le remite copia de la demanda y de la sentencia. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia cuyo epígrafe es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, en atención a lo que solicita dígasele que en los párrafos que preceden se proveyó lo peticionado. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/RMG/IIEJ

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 43), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*

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