Ana Consuelo Martínez Bistrain
Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ana Consuelo Martínez Bistrain
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia, dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 81, fracción I inciso d) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación en el Estado de Hidalgo, con el cual informa que el día seis de julio del año en curso, dictó auto admisorio de pruebas dentro del expediente 1386/2019 y se realizó la notificación del mismo el tres del mes y año en curso, y remite copia certificada para acreditar su dicho. Ahora, del contenido del escrito de demanda, y del informe justificado que rindió la responsable, así como de las constancias que anteceden, se advierte que la parte quejosa ***, señaló como autoridad responsable, a la Junta Local de Conciliación en el Estado de Hidalgo; y como acto reclamado, la dilación excesiva de la autoridad responsable en el dictado de auto admisorio de pruebas y notificación del mismo el tres de diciembre del año que transcurre, a la parte actora, aquí quejosa, dentro del juicio laboral 1386/2019. Por otra parte, la citada autoridad, refirió que el día seis de julio del año en curso, dictó auto admisorio de pruebas dentro del expediente 1386/2019 y se realizó la notificación del mismo el tres del mes y año en curso y remite copia certificada para acreditar su dicho, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de una documental pública, expedida por funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 226, publicada en el tomo VI, página 153, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Esto es, los efectos del acto que se reclamó en el presente juicio de amparo fueron destruidos en forma total en virtud de que el día seis de julio del año en curso, dictó auto admisorio de pruebas dentro del expediente 1386/2019 y se realizó la notificación del mismo el tres de diciembre del año en curso, pues ahora su esfera jurídica se encuentra en una circunstancia idéntica en la que estaba antes de la dilación excesiva de la autoridad responsable en el dictado de auto admisorio de pruebas y notificación del mismo a las partes dentro del juicio laboral 1386/2019, lo cual imposibilita a quien ahora resuelve para examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado y pronunciarse sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues el mismo ya no afecta la esfera jurídica del quejoso en comento. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, es procedente sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, promovido por la parte quejosa Ana Consuelo Martínez Bistrain, pues a nada práctico conduce celebrar la audiencia constitucional respectiva, si llegado el momento de resolver sobre el fondo del asunto, la causal de improcedencia que se actualiza no cambia y, en su caso, no puede ser desvirtuada. Cobra aplicación en la especie, el criterio sostenido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia número 103, visible en las páginas 81 y 82, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, tiene aplicación en la especie la jurisprudencia número 544, publicada en la página 362, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que se debe sobreseer en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable al caso concreto la tesis XIV.1º.13 K, visible en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con las copias simples de cuenta y como se encuentra ordenado en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, con fundamento en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 423/2020-3, promovido por Miguel Ángel Osorio Vargas, contra actos de la Dirección de Verificación Patrimonial B, adscrita a la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, dependiente de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de la Subsecretaria de Combate a la Impunidad, de la Secretaría de la Función Pública, y otras autoridades. SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, solicítese informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informen sus determinaciones mediante esta vía. A su vez, en el informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual forma, de actualizarse dicho supuesto omisivo, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta, en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia. También, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que al rendir su informe previo expresen un hecho falso o nieguen la verdad de los hechos, se les impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, por tanto, de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, atendiendo al plazo fijado en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: "El acuerdo de conclusión de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente VP/085/2019 por el Director de Verificación Patrimonial B, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial, dependiente de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de la Subsecretaria de Combate a la Impunidad, de la Secretaría de la Función Pública, correspondiente al procedimiento de verificación patrimonial de su padre Miguel Ángel Osorio Chong, por presunto incremento en su patrimonio, que las responsables consideran no explicable o justificable, en virtud de su remuneración como servidor público en el cargo de Secretario de Estado de la Secretaría de Gobernación, en el período comprendido del primero de enero de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, por un monto de $14, 057, 404,.07 (Catorce millones cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos 00/07 M.N) -SIC-." Asimismo, la parte quejosa solicita la suspensión para que no se "siga" el procedimiento en el expediente VP/085/2019 hasta que se resuelva el fondo del presente juicio de amparo, dado que señala que con motivo del acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente en cita, se encuentra en riesgo su patrimonio. Luego, como del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso señala que su patrimonio se hace consistir en la cuenta bancaria 0252305722 ligada a la inversión 0252306877 de Banco Mercantil del Norte, S.A. las cuales indica tienen como origen el pago de arrendamiento en copropiedad del inmueble ubicado en Lote 28, de la manzana I, de la sección primera, del Fraccionamiento Valle de San Javier, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; que del diverso inmueble ubicado en calle Residencial Mina La Concepción, Lote 30, Supermanzana II, Lote Condominal 5, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca, Hidalgo indica que las responsables señalaron: "no fue posible relacionar con cuentas bancarias, por lo que se desconoce el origen" y respecto a la adquisición de diez acciones, cada una con valor de $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), que suman un total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) de la empresa Operadora Exercise Olympus, s.a. de c.v.), indica se estableció "no fue posible relacionar el importe de la aportación con los movimientos de las cuentas bancarias, por lo que se desconoce el origen", siendo que señala que las responsables desconocen los derechos del quejoso en relación con bienes objeto de ese procedimiento administrativo, adjudicándolos ilegalmente a su padre Miguel Ángel Osorio Chong. Así, con fundamento en los artículos 128, 138, 147 y 166 de la ley de la materia, se niega la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, debido a que la parte quejosa aduce ser titular de derechos de propiedad y/o posesión de diversos bienes muebles y/o inmuebles citados con antelación; sin embargo, dado que es omiso en exhibir documento alguno que permita evidenciar aún de manera indiciaria la titularidad de los bienes respecto de los que afirma ser propietario y/o poseedor y, respecto de los cuales las responsables pretenden desconocer sus derechos, adjudicándoselos ilegalmente a su padre Miguel Ángel Osorio Chong, de ahí que, válidamente se estime negar la medida cautelar solicitada. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 96/97 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo VI, diciembre de 1997, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, asimismo, téngase como autorizados en términos amplios y restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia a los profesionistas y personas que indica. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo abrogada.
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