Ana Consuelo Contreras Pimentel
Expediente 657/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ana Consuelo Contreras Pimentel
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos en funciones de Juez por ministerio de ley y Secretario de Acuerdos ambos adscritos al Juzgado Mercantil en Manzanillo, Colima, mediante los cuales acusan recibo de los oficios 15796, 16284 y 16285, a través de los cuales se les notificó el auto de 19 de octubre de 2020, relativo al cambio de titular de este Juzgado de Distrito, constancias que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, la determinación de veintiuno de octubre, que en lo conducente, dice: "Visto lo de cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa Segunda de Investigación de la ciudad de Colima. Formación de expediente físico y electrónico. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 657/2020-V-V. Ahora bien, en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en la falta de resolución que determine el ejercicio o no de la acción penal en la carpeta de investigación 1233/2019. Ahora bien, es cierto que en el presente asunto, de los hechos relatados en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa tiene el carácter de imputada en la carpeta de investigación, y el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone literalmente que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control, lo cierto es que, dicha disposición le es aplicable de igual manera a la inconforme. Se afirma lo anterior, pues de la interpretación conjunta de dicho numeral con los artículos 1° y 21 de la Constitución, a la luz de los razonamientos plasmados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dictó al resolver la prealudida contradicción de tesis 233/2017, se desprende que tales determinaciones del Ministerio Público también afectan la esfera jurídica del inculpado al dejarlo en estado de incertidumbre sobre su situación jurídica respecto de los resultados arrojados por la investigación realizada por el representante social, ya que desconoce si las conductas por él realizadas se adecuan a algún tipo penal establecido en la ley o si, por el contrario, no hay elementos suficientes que acrediten el hecho que la ley cataloga como delito y su presunta responsabilidad en los hechos denunciados. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del citado cuerpo legal, se desecha de plano la demanda de que se trata.
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