Ana Celia Sanchez Peña

Expediente 167/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
167/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Ana Celia Sanchez Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa XXXXXXXXX, interpusiera recurso de queja contra el auto veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original en su escrito inicial de demanda; con apercibimiento de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la comparecencia de veintitrés de marzo actual, a través de la cual la quejosa ********** ratifica el escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, con fecha cuatro de marzo del año en curso, registrado con número 2556; por tanto, con el citado ocurso, se le tiene cumpliendo en tiempo y forma la prevención formulada en auto de uno de marzo de actual. En consecuencia, se tiene a **********, por propio derecho, formulando demanda de amparo, contra actos del Juez Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa reclama: 1. Del Congreso del Estado de Guanajuato, sancionar y aprobar el dictamen y acuerdo de cuenta pública para el Municipio de Apaseo el Alto, contenido en el oficio 3645 de seis de junio de dos mil dieciséis, donde se determinó que la quejosa ocasionó un daño al erario público del Municipio de Apaseo el Alto; sin que se le diera la oportunidad de defenderse y de ser oída y vencida en ese procedimiento, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (antes Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato) y Congreso del Estado de Guanajuato. 2. De la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de Apaseo el Grande, radicar y ordenar el emplazamiento de la quejosa como responsable de los daños y perjuicios contra el Municipio de Apaseo el Alto, dentro del expediente ***, que tiene su sustento en el procedimiento citado en el punto que antecede y donde no fue oída y vencida en juicio. Al respecto refiere, que el dos de febrero de dos mil dieciocho se le emplazó al juicio civil ***, donde el Ayuntamiento de Apaseo el Alto le reclama varias prestaciones que tienen su origen en el procedimiento incoado por el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, donde realizaron una revisión a la cuenta pública del municipio de Apaseo el Alto, encontrando que la quejosa no cubrió el impuesto sobre nómina de los ejercicios fiscales 2008 y 2009; procedimiento al que no fue llamada para deducir sus derechos y ejercer su derecho de defensa. De igual forma, la quejosa en el escrito aclaratorio manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que le reclama al Congreso del Estado de Guanajuato el dos de febrero del año en curso, a través del Actuario adscrito al Juzgado Civil del Partido Judicial de Apaseo el Grande, cuando le entregó la demanda por daños y perjuicios incoada en su contra, y fue en esa primera ocasión que se enteró de que se inició una investigación y procedimiento en su contra, que culminó con el dictamen reclamado. Manifestación, que la quejosa realizó con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, misma que constituye una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior se desprende que, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de este juzgado, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que la parte quejosa tenía obligación legal de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al que tuvo conocimiento del acto reclamado al Congreso del Estado de Guanajuato, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En efecto, la fracción XIV, del ordinal 61, de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, el artículo 17 de la ley de la materia, estatuye: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado al Congreso del Estado de Guanajuato, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del seis de febrero de dos mil dieciocho y feneció el veintiséis del mismo mes y año, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero del año en curso, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de febrero del presente año, según se aprecia de la hoja de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, esto es, cuando habían transcurrido quince días desde que tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, reputándose consentido el acto reclamado. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, la tesis que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 200, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA." Así las cosas, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la misma Ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. De igual forma, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la radicación y orden de emplazamiento de la quejosa como responsable de los daños y perjuicios contra el Municipio de Apaseo el Alto, dentro del expediente ***, que tiene su sustento en el procedimiento citado en el punto que antecede y donde no fue oída y vencida en juicio, el juicio de amparo también deviene improcedente. En efecto, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. En ese orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. Ahora, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Es aplicable al caso, por mayoría de razón, la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esa tesitura, la actuación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni puede combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. En primer término resulta necesario determinar qué son actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procedía contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debía entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural -o bien, en la última resolución de los medios preparatorios, como en el caso que nos ocupa-. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo rubro establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece reiteró que el amparo indirecto procede contra actos en juicio de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos así como los que podrían perturbar en forma predominante o superior derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos en juicio de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendiendo a la anterior ley de amparo (abrogada) había señalado que procedía el amparo indirecto contra violaciones adjetivas o procesales, como excepción a la regla general, porque afectaban al actor en grado predominante o superior. Sin embargo, ese criterio sustentado en la anterior Ley de Amparo ya no resulta aplicable para la procedencia del juicio de amparo indirecto puesto que la Ley de Amparo precisó de manera expresa que el juicio de amparo sólo procede contra actos en juicio -o dentro de los medios preparatorios a juicio-, que violen materialmente derechos sustantivos. En este sentido, las violaciones de carácter procesal, aun las que se consideraban exorbitantes o superiores, ya no son materia del juicio de amparo indirecto, por disposición expresa de la nueva Ley de Amparo. Con dicha disposición, se advierte que se cumple con la administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues tal precepto legal busca que no se entorpezcan los procedimientos judiciales a través de técnicas dilatorias y además, el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería. Y en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla en el amparo directo correspondiente; de ahí que la nueva normativa equilibra los derechos humanos de las partes en las contiendas jurisdiccionales, con relación a la finalidad primordial que constitucionalmente se ha asignado a los juicios, que estriba en ser el medio procesal para que se diriman las controversias entre las personas, bajo la premisa de una administración de justicia pronta, completa e imparcial. Apoya la anterior determinación, la tesis (III Región) 5o.14 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA.". Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados Parte deben evitar el uso indebido del juicio de amparo, pues dicha Corte supranacional indicó que el recurso de amparo en Guatemala y su uso indebido había impedido materializar su verdadera efectividad, al no haber permitido que produzca el resultado para el cual fue concebido. De acuerdo a lo expuesto la Corte Interamericana en el marco de la legislación en Guatemala, el recurso de amparo se había transformado en un medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial y en un factor para la impunidad (Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211). Así, puesto que el Juez responsable solo determinó admitir a trámite la demanda incoada contra la aquí quejosa ordenando su emplazamiento dentro del juicio C-545/2016, se considera que tal acto procesal no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que su consecuencia es que la hoy quejosa se enfrente en el juicio de origen a su contraparte, quien en su momento deberá probar su acción; sin que se vean afectados los derechos sustantivos de la impetrante, y se continúe con el procedimiento natural, hasta la conclusión del mismo con el dictado de la sentencia correspondiente, que sería hasta entonces cuando la peticionaria de amparo podría reclamar las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación del juicio, la cual como ya se dijo, de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Materia Común, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Al igual que la tesis VII.2o.T.43 L (10a.), localizable en el Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Consecuentemente, al reclamarse en el particular actos dictados dentro del juicio, que no afectan derechos sustantivos ni son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del inciso del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo, por lo cual procede desechar la demanda planteada por ************. En consecuencia, es de concluirse que se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIV y XXIII, del artículo 61, ésta última fracción en relación con la V, del artículo 107 ambos de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese el escrito de cuenta, cuyas firmas difieren de las plasmadas por *********, en el presente asunto, particularmente en la demanda de amparo y escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho (foja 9 y 72) sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía. En esa circunstancia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado. Apercibida que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior determinación la jurisprudencia número 3a./24; emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, primera parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la foja trescientos ochenta y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Así como la diversa II.1º.11/9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: "FIRMA. CUANDO ES NOTORIAMENTE DISTINTA."

  4. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa Ana **********, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa copia simple de las constancias que solicita, previa razón que por su recibo obre en autos, las cuales quedarán a su disposición en la Secretaría.

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