Ana Cecilia Saldaña Vazquez

Expediente 212/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
212/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Ana Cecilia Saldaña Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veintidós de febrero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2 de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA III SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de derechos fundamentales promovida por Ana Cecilia Saldaña Vázquez, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido la demanda de cuenta; registrase la misma en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 212/2018-III-A. En ese contexto, se tiene a la parte promovente promoviendo amparo en contra del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, y otras autoridades, a quienes les reclama: La resolución incidental de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, pronunciada, dentro del incidente de reglas de convivencia ****, mediante la cual se decreta un arresto de quince horas, así como su ejecución. Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto promovida por Ana Cecilia Saldaña Vázquez, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye:. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión declara que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa óptica, para estar en condiciones de motivar adecuadamente el sentido de la presente determinación, es necesario destacar, que en el juicio de amparo 337/2017-VI-B, de este mismo orden administrativo, el cual en este momento se tiene a la vista por constituir un hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, del que se destacan los siguientes antecedentes: 1 Que el diez de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia concediendo el amparo y la protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa Ana Cecilia Saldaña Vázquez, para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistentes los autos de diecisiete y veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictados en el incidente de reglas de convivencia derivado del juicio de alimentos definitivos ****, únicamente en lo tocante al arresto decretado en contra de aquí quejosa Ana Cecilia Saldaña Vázquez. En la inteligencia que queda facultada para que, en caso de considerarlo necesario, con apego a las disposiciones legales aplicables, dicte otro acuerdo debidamente fundado y motivado, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, pero subsanando los vicios que se precisan en esta resolución. 2 Que dicha sentencia causó ejecutoria por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mismo en el que se requirió a la potestad responsable para que diera cumplimiento a la misma. 3 Que mediante proveído de nueve de enero del año en curso, se dio vista y se le corrió traslado a las partes con el oficio signado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira; al cual se anexó copia certificada de la resolución incidental de catorce de diciembre de dos mil diecisiete -acto reclamado-, lo anterior en cumplimiento a la sentencia dictada en el citado juicio de garantías, notificándose dicho acuerdo a las partes del presente controvertido mediante lista de acuerdos publicada en este órgano jurisdiccional, el quince de enero del dos mil dieciocho. 4 Que mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional determinó que la sentencia pronunciada en el citado litigio de garantías no había quedado cumplida por las razones anotadas, por lo que se requirió nuevamente a la autoridad responsable diera cabal cumplimento a la ejecutoria en cita, lo que así ocurrió por auto de veintiséis de enero del año que trascurre, se ordenó dar vista y correr traslado a la aquí quejosa con las circunstancias relativas al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la pluricitada ejecutoria. 5 Notificaciones que le fueron practicadas, a dichas partes, el quince de febrero del presente año; por lo que respecto de esa resolución, está transcurriendo el plazo que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo. 6 En tales condiciones, resulta notorio y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 192, 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado por la promovente, no ha quedado firme, lo cual conlleva el desechamiento de la demanda de amparo indirecto que se provee. En efecto, los numerales indicados establecen en lo que interesa:. Del análisis armónico y concatenado de los ordinales trascritos, se desprende que el órgano judicial de amparo, una vez que recibe el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; además, que en contra de la resolución que declare cumplida la ejecutoria procede el recurso de inconformidad, el cual se debe interponer dentro del plazo de quince días, contado a partir del día en que quede legalmente notificada la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria. En tales condiciones, como se indicó y así se aprecia de los antecedentes señalados con antelación, el acto que ahora se reclama, consistente en la resolución interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, pronunciada dentro del incidente de reglas de convivencia del expediente ****, mediante la cual impone un arresto de quince horas a la aquí quejosa, fue dictada, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora emitida, en el diverso juicio constitucional 337/2017-VI-B, de este mismo índice, misma que hasta este momento, se encuentra sub judice, esto es, no ha quedado firme, en las condiciones relatadas con antelación, toda vez que es susceptible de quedar sin efectos por parte del Tribunal Colegiado al encontrarse transcurriendo a las partes el plazo de quince días para que interpongan el recurso de inconformidad en contra del auto de cumplimiento dictado por este Juzgado Federal. De ahí que, como se dijo, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia indicada, pues la validez y eficacia del acto que ahora se reclama se encuentra supeditado a la determinación en la que se decrete la firmeza de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria amparadora de previa cita. En tal virtud, al haberse advertido de oficio la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII en relación con los artículos 192, 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA promovida por Ana Cecilia Saldaña Vázquez, en términos del ordinal 113 de la referida legislación. Sin que con lo anterior, se vulnera derecho fundamental alguno de la promovente, pues se considera que el plazo que tendrá para instar un nuevo juicio de garantías en tratándose de un acto dictado en cumplimiento a una sentencia concesoria, en que se haya otorgado libertad de jurisdicción total o parcial a la autoridad responsable para emitir el nuevo acto, comenzará a correr a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación a la parte quejosa de la determinación que declaró que el cumplimiento de la ejecutoria amparadora quedó firme, pues de actuar en contrario, se dejaría a la quejosa en estado de indefensión e incertidumbre, ya que antes de la declaración de firmeza del cumplimiento, no podría saber con precisión, cuáles son las violaciones que deben combatirse a través de la demanda de garantías, aunado a que no se daría oportunidad a la parte tercero interesada a inconformarse el cumplimiento de la ejecutoria. Lo anterior, encuentra su fundamento último en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello otorga certeza jurídica al impetrante de amparo, de que el juicio de amparo será promovido contra un acto que es válido, firme y no sujeto a condición o modificación alguna. Actuar en contrario genera inseguridad para la parte peticionaria de amparo, así como promoción innecesaria de juicios de amparo y saturación del aparato judicial, pues ningún sentido tiene instar la acción constitucional contra una determinación que a la postre podrá ser declarada insubsistente por la potestad competente. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Asimismo se tiene como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Hernández Juárez, Juan José Hernández Rubio, Vicente Valle Miranda y Hugo Alberto Barrios Gallegos, por contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente como sus autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, a Oscar Arturo Hernández Torres, Oscar Iván Rojas García y Luis Antonio Barrios Gallegos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no encontrarse registrados en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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