Ana Cecilia Mendoza Velázquez
Expediente 989/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Ana Cecilia Mendoza Velázquez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades, sin que la quejosa, lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 19 del referido Acuerdo General; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno del numeral 15 del citado Acuerdo. Aunado a lo anterior, se informa a las partes, que de conformidad con los artículos 9 y 16 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, después de ese lapso, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal con base en el artículo 21 del Acuerdo antes citado, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, en su calidad de esposa de **** -quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades; regístrese bajo el número 989/2020-IV. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgado de Distrito, ante todo, examinará la demanda en su integridad y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados la orden de traslado de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida en contra de su cónyuge ****, quien fue externado del Centro Federal y de Readaptación Social número 1 "Altiplano, en Almoloya de Juárez, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, así como su ejecución. En ese orden, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 15, todos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier otra persona en los casos previstos por esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión ????????????? Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los artículos transcritos se aprecia, por un lado, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; y por otro, que tal instancia constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de la propia ley, para lo cual el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, según sea el caso, igualmente, que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse, además, el defensor o cualquier persona en los casos permitidos por la legislación de la materia. Finalmente, el último de los preceptos en cita dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En tal virtud, de la lectura integra de la demanda de amparo, principalmente del capítulo de antecedentes de los actos reclamados y la fijación de estos últimos, se advierte de forma patente que los mismos no constituyen actuaciones de las señaladas en el citado numeral 15 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente caso se desprende que el directamente afectado por la orden de traslado de que se trata y su correspondiente ejecución es el interno ****, al ser en quien recae dicha actuación; por consiguiente, al tratarse de una orden de traslado de un Centro Penitenciario a otro y no de actos que pongan en peligro la vida de dicho interno, su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, no resulta dable que ***-en su calidad de esposa de aquél- haya promovido el presente juicio, pues dicho interno no se encuentre imposibilitado para promover por sí o por conducto de su apoderado o representante legal el juicio de amparo; lo que conlleva a determinar que no se actualiza en la especie la hipótesis prevista en tal precepto 15 de la ley de la materia, pues, se insiste, el directamente afectado tiene expedito su derecho para instar la acción constitucional en términos del artículo 6º, párrafo primero, de la propia legislación. Sentadas las premisas que anteceden, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 15, todos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el diverso precepto 113 de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****y ****.??????????????? Como se solicitó, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica, con el usuario **** correspondiente a **** y ***relativo a ****; por tanto, se comisiona a la analista jurídico SISE de esta adscripción, a fin de que apertura los campos necesarios para la consulta del expediente electrónico, como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo. De igual forma, ténganse por proporcionados el correo electrónico y números telefónicos, en el entendido que cualquier información que se lleve a cabo por esos medios, se tendrá como medio de comunicación no procesal, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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