Ana Cecilia Maciel Tapia
Expediente 617/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2018
Partes del expediente
- Ana Cecilia Maciel Tapia
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable; Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, y previo desglose que se haga de la carátula del tomo de pruebas formado a propósito del mismo. Sin que estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo, al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse...III
- Principal
COMPETENCIA Y DEMANDA. V I S T O el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite las constancias de cuenta, entre las cuales se encuentra la demanda de amparo promovida por ********; luego de que mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito en el amparo directo civil 239/2017 y declinó competencia para conocer de dicha demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, en turno, la cual correspondió a este Juzgado Federal; en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento de la superioridad que con fundamento en los artículos 1, 33 y 35 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y al efecto, se provee lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida ********, por violación a sus derechos humanos; en consecuencia: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 617/2018-III; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Bajo ese contexto, cabe señalar que los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se actualice alguna causa de excepción para agotar el recurso o medio de defensa correspondiente. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, previéndose únicamente como casos de excepción los que señala el texto normativo en cita. Ahora, en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser revocado. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, combate el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada Ponente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 1334/2017 M, mediante el cual declaró sin materia el recurso de apelación que interpuso en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el entonces juicio ordinario civil sobre reivindicatoria de inmueble 1544/2012 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro (ahora juicio 225/2017 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro), a través del cual se desechó el incidente de falta de personalidad que promovió en contra de la parte actora. Dicho lo anterior, como se anticipó, el acto que aquí se controvierte puede ser revocado total o parcialmente a través del recurso de reposición que prevé el dispositivo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dice: "Artículo 726. De los decretos y autos del Tribunal Superior de Justicia, aún de aquellos que, dictados en primera instancia, sería apelables, puede pedirse reposición que se substanciará en la misma forma que la revocación". Por su parte, respecto del trámite de revocación, los numerales 721 a 725, y 727 del citado ordenamiento establecen lo siguiente: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 722. La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación y su tramitación no suspende el procedimiento. Artículo 723. En el escrito en que se interponga la revocación, el recurrente expresará con toda precisión y con la separación debida los agravios que en su concepto le causa la resolución impugnada y acompañará las copias para el traslado al colitigante; de no cumplir con estos requisitos se desechará de plano el recurso. Artículo 724. Admitido el recurso, se mandará correr traslado a la contraparte para que lo conteste dentro de tres días; concluido este plazo, el juez, sin necesidad de petición, dictará la resolución que corresponda dentro de los tres días siguientes. Artículo 725. La resolución que se dicte con motivo de la revocación, no admite más recurso que el de responsabilidad." "Artículo 727. En los juicios sumarios la revocación se resolverá de plano." De igual modo, el dispositivo 82 del mismo cuerpo legal estatuye: "Artículo 82. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Decisiones sobre materia que no sea de puro trámite y entonces se llamarán autos, debiendo contener los fundamentos legales en que se apoyen; y III. Sentencias definitivas o interlocutorias. [.]." De los numerales transcritos se desprende, en lo que aquí interesa, que respecto de los decretos y autos que dicte el Tribunal Superior de Justicia, las partes podrán pedir su reposición, que se substanciará en los mismos términos previstos para la revocación; que en su caso la resolución que se dicte con motivo de la reposición, no admite más recurso que el de responsabilidad; y que por autos se entienden aquellas resoluciones que no deciden sobre cuestiones de mero trámite, los cuales deben de tener los fundamentos legales en que se apoyen. En otras palabras, la reposición es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles y procede contra decretos y autos dictados en aquélla, aun de aquellos que serían apelables si se tratara de primera instancia, esto es, la reposición procede aun contra autos que en primera instancia serían apelables, lo cual excluye totalmente al recurso de apelación de la segunda instancia. Por tanto, se colige que la reposición es un recurso horizontal mediante el cual la propia autoridad emisora del acto puede enmendar su actuación, mediante la revocación total o parcial de la decisión contenida en un auto o decreto, en el caso, el auto que declaró sin materia el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de origen. En ese tenor, se hace patente que se encuentra previsto el recurso de reposición como medio de impugnación, en contra del auto dictado por la Sala responsable, que aquí se reclama, ya que a través de su sustanciación se puede modificar, revocar o nulificar el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, para con ello posiblemente admitir a trámite el recurso de apelación que la parte quejosa interpuso en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de origen y, en su caso, obtener la modificación, revocación o modificación de éste, a fin de que el Juez de origen dé trámite incidente de falta de personalidad que promovió en los autos del juicio natural. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 76/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, con número de registro 2004580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, visible en la página 918, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." Bajo esa premisa, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación que se encuentra previsto en la ley que rige la materia, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, ya que es parte procesal dentro de los autos del juicio de origen y ha participado activamente, resulta incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; lo cual torna improcedente el presente juicio biinstancial. Lo anterior se considera así, pues en el caso se configuran los requisitos para actualizar la causa de improcedencia en comento, ya que: El acto reclamado proviene de un tribunal judicial, a saber, fue emitido por la Magistrada Ponente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca civil 1334/2017 M; En la ley que rige el acto se prevé el medio de defensa en su contra, a saber, el recurso de reposición previsto en el artículo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; Ese medio de defensa se da dentro del procedimiento en que, se emitió la resolución reclamada; Por virtud de ese medio de defensa el auto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado; y, No se actualiza ninguna causa de excepción para agotar ese medio de defensa porque no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no es una orden de aprehensión o reaprehensión, ni se trata de un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco se trata de una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o bien, aquélla que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; la quejosa no es tercero extraña al juicio; y, tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 1a./J. 85/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, con número de registro 171930, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, visible en la página 159, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." Asimismo, orienta en el particular, la tesis VIII.2o.38 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la Novena Época, con número de registro 196467, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, visible en la página 773, que a la letra dice: "RECURSO DE REPOSICIÓN. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). El recurso de reposición previsto en los artículos 137 bis y 675 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango tiene por objeto revocar la resolución judicial combatida; por esa razón, debe agotarse previamente al ejercicio de la acción constitucional. Esto es así, en atención a que cuando la ley establece un recurso, implícitamente reconoce que con su interposición podrá revisarse el acto que se impugna, por ser éste un medio legal a través del cual se atacan las resoluciones judiciales que las partes en un juicio estiman les causan agravios, ya sea que se denomine apelación, revocación o reposición; además, generalmente, salvo disposición expresa de la ley, como sucede en el recurso de responsabilidad, el referido medio legal de defensa lleva ínsita la posibilidad de que la determinación judicial impugnada quede sin efecto; así, con la resolución que se dicte en el recurso de apelación se podrá confirmar, revocar o modificar el acto judicial combatido, y con la que se emita en los recursos de revocación y reposición se podrá revocar total o parcialmente el acto impugnado; esto es porque en el recurso de reposición, que tiene el mismo efecto que el de revocación, existe como única diferencia, entre uno y otro, su denominación; de tal suerte que, como para el trámite de la reposición la legislación remite a las disposiciones que rigen el de revocación, resulta innecesario que se prevea su objeto, ya que su efecto es el mismo, lo que no es otra cosa que lograr que el acto impugnado quede inexistente. Consecuentemente, cuando la ley consigna que en contra de un determinado acto judicial existe un medio de defensa legal mediante el cual puede obtenerse alguno de los resultados antes referidos, esto será suficiente para que las partes en el juicio tengan la obligación de agotar el recurso previsto en la ley ordinaria antes de acudir al juicio constitucional, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, mismo que establece la procedencia de este medio extraordinario de defensa únicamente respecto de actos definitivos." Por otra parte, cabe señalar que es insostenible desconocer el medio de defensa específicamente establecido por el legislador en perjuicio de la seguridad jurídica de los participantes de un proceso, sin desconocer que obligar, en el caso, a observar el principio de definitividad, se ocasiona perjuicio a la parte quejosa, pues debe estimarse que la observancia de los requisitos de procedencia no contraviene los principios de pro persona y derecho a un recurso efectivo. Apoya a lo dicho la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo, materia común, número de registro 2005717, visible en el la página 487, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, ante la actualización de la causa de inejercitabilidad de la vía de amparo prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley. TOMOS DE PRUEBA. Atento a lo anterior, y dada la voluminosidad de las constancias remitidas, para un mejor manejo del caso, fórmense cuatro tomos de pruebas por cuerda separada, entre los cuales el identificado con el número 4, contienen los ocho legajos de copias simples que fueron remitidos por la superioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ************, y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la diversa persona que se refiere. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...III NP
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO DE 24/05/2018 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 23/05/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: COMPETENCIA Y DEMANDA. V I S T O el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite las constancias de cuenta, entre las cuales se encuentra la demanda de amparo promovida por ********; luego de que mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito en el amparo directo civil 239/2017 y declinó competencia para conocer de dicha demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, en turno, la cual correspondió a este Juzgado Federal; en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento de la superioridad que con fundamento en los artículos 1, 33 y 35 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y al efecto, se provee lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida ********, por violación a sus derechos humanos; en consecuencia: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 617/2018-III; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Bajo ese contexto, cabe señalar que los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se actualice alguna causa de excepción para agotar el recurso o medio de defensa correspondiente. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, previéndose únicamente como casos de excepción los que señala el texto normativo en cita. Ahora, en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser revocado. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, combate el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada Ponente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 1334/2017 M, mediante el cual declaró sin materia el recurso de apelación que interpuso en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el entonces juicio ordinario civil sobre reivindicatoria de inmueble 1544/2012 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro (ahora juicio 225/2017 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro), a través del cual se desechó el incidente de falta de personalidad que promovió en contra de la parte actora. Dicho lo anterior, como se anticipó, el acto que aquí se controvierte puede ser revocado total o parcialmente a través del recurso de reposición que prevé el dispositivo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dice: "Artículo 726. De los decretos y autos del Tribunal Superior de Justicia, aún de aquellos que, dictados en primera instancia, sería apelables, puede pedirse reposición que se substanciará en la misma forma que la revocación". Por su parte, respecto del trámite de revocación, los numerales 721 a 725, y 727 del citado ordenamiento establecen lo siguiente: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 722. La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación y su tramitación no suspende el procedimiento. Artículo 723. En el escrito en que se interponga la revocación, el recurrente expresará con toda precisión y con la separación debida los agravios que en su concepto le causa la resolución impugnada y acompañará las copias para el traslado al colitigante; de no cumplir con estos requisitos se desechará de plano el recurso. Artículo 724. Admitido el recurso, se mandará correr traslado a la contraparte para que lo conteste dentro de tres días; concluido este plazo, el juez, sin necesidad de petición, dictará la resolución que corresponda dentro de los tres días siguientes. Artículo 725. La resolución que se dicte con motivo de la revocación, no admite más recurso que el de responsabilidad." "Artículo 727. En los juicios sumarios la revocación se resolverá de plano." De igual modo, el dispositivo 82 del mismo cuerpo legal estatuye: "Artículo 82. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Decisiones sobre materia que no sea de puro trámite y entonces se llamarán autos, debiendo contener los fundamentos legales en que se apoyen; y III. Sentencias definitivas o interlocutorias. [.]." De los numerales transcritos se desprende, en lo que aquí interesa, que respecto de los decretos y autos que dicte el Tribunal Superior de Justicia, las partes podrán pedir su reposición, que se substanciará en los mismos términos previstos para la revocación; que en su caso la resolución que se dicte con motivo de la reposición, no admite más recurso que el de responsabilidad; y que por autos se entienden aquellas resoluciones que no deciden sobre cuestiones de mero trámite, los cuales deben de tener los fundamentos legales en que se apoyen. En otras palabras, la reposición es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles y procede contra decretos y autos dictados en aquélla, aun de aquellos que serían apelables si se tratara de primera instancia, esto es, la reposición procede aun contra autos que en primera instancia serían apelables, lo cual excluye totalmente al recurso de apelación de la segunda instancia. Por tanto, se colige que la reposición es un recurso horizontal mediante el cual la propia autoridad emisora del acto puede enmendar su actuación, mediante la revocación total o parcial de la decisión contenida en un auto o decreto, en el caso, el auto que declaró sin materia el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de origen. En ese tenor, se hace patente que se encuentra previsto el recurso de reposición como medio de impugnación, en contra del auto dictado por la Sala responsable, que aquí se reclama, ya que a través de su sustanciación se puede modificar, revocar o nulificar el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, para con ello posiblemente admitir a trámite el recurso de apelación que la parte quejosa interpuso en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de origen y, en su caso, obtener la modificación, revocación o modificación de éste, a fin de que el Juez de origen dé trámite incidente de falta de personalidad que promovió en los autos del juicio natural. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 76/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, con número de registro 2004580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, visible en la página 918, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." Bajo esa premisa, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación que se encuentra previsto en la ley que rige la materia, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, ya que es parte procesal dentro de los autos del juicio de origen y ha participado activamente, resulta incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; lo cual torna improcedente el presente juicio biinstancial. Lo anterior se considera así, pues en el caso se configuran los requisitos para actualizar la causa de improcedencia en comento, ya que: El acto reclamado proviene de un tribunal judicial, a saber, fue emitido por la Magistrada Ponente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca civil 1334/2017 M; En la ley que rige el acto se prevé el medio de defensa en su contra, a saber, el recurso de reposición previsto en el artículo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; Ese medio de defensa se da dentro del procedimiento en que, se emitió la resolución reclamada; Por virtud de ese medio de defensa el auto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado; y, No se actualiza ninguna causa de excepción para agotar ese medio de defensa porque no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no es una orden de aprehensión o reaprehensión, ni se trata de un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco se trata de una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o bien, aquélla que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; la quejosa no es tercero extraña al juicio; y, tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 1a./J. 85/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, con número de registro 171930, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, visible en la página 159, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." Asimismo, orienta en el particular, la tesis VIII.2o.38 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la Novena Época, con número de registro 196467, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, visible en la página 773, que a la letra dice: "RECURSO DE REPOSICIÓN. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). El recurso de reposición previsto en los artículos 137 bis y 675 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango tiene por objeto revocar la resolución judicial combatida; por esa razón, debe agotarse previamente al ejercicio de la acción constitucional. Esto es así, en atención a que cuando la ley establece un recurso, implícitamente reconoce que con su interposición podrá revisarse el acto que se impugna, por ser éste un medio legal a través del cual se atacan las resoluciones judiciales que las partes en un juicio estiman les causan agravios, ya sea que se denomine apelación, revocación o reposición; además, generalmente, salvo disposición expresa de la ley, como sucede en el recurso de responsabilidad, el referido medio legal de defensa lleva ínsita la posibilidad de que la determinación judicial impugnada quede sin efecto; así, con la resolución que se dicte en el recurso de apelación se podrá confirmar, revocar o modificar el acto judicial combatido, y con la que se emita en los recursos de revocación y reposición se podrá revocar total o parcialmente el acto impugnado; esto es porque en el recurso de reposición, que tiene el mismo efecto que el de revocación, existe como única diferencia, entre uno y otro, su denominación; de tal suerte que, como para el trámite de la reposición la legislación remite a las disposiciones que rigen el de revocación, resulta innecesario que se prevea su objeto, ya que su efecto es el mismo, lo que no es otra cosa que lograr que el acto impugnado quede inexistente. Consecuentemente, cuando la ley consigna que en contra de un determinado acto judicial existe un medio de defensa legal mediante el cual puede obtenerse alguno de los resultados antes referidos, esto será suficiente para que las partes en el juicio tengan la obligación de agotar el recurso previsto en la ley ordinaria antes de acudir al juicio constitucional, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, mismo que establece la procedencia de este medio extraordinario de defensa únicamente respecto de actos definitivos." Por otra parte, cabe señalar que es insostenible desconocer el medio de defensa específicamente establecido por el legislador en perjuicio de la seguridad jurídica de los participantes de un proceso, sin desconocer que obligar, en el caso, a observar el principio de definitividad, se ocasiona perjuicio a la parte quejosa, pues debe estimarse que la observancia de los requisitos de procedencia no contraviene los principios de pro persona y derecho a un recurso efectivo. Apoya a lo dicho la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo, materia común, número de registro 2005717, visible en el la página 487, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, ante la actualización de la causa de inejercitabilidad de la vía de amparo prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley. TOMOS DE PRUEBA. Atento a lo anterior, y dada la voluminosidad de las constancias remitidas, para un mejor manejo del caso, fórmense cuatro tomos de pruebas por cuerda separada, entre los cuales el identificado con el número 4, contienen los ocho legajos de copias simples que fueron remitidos por la superioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ************, y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la diversa persona que se refiere. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro
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