Ana Castro Montejo
Expediente 140/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2017
Partes del expediente
- Ana Castro Montejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, con el cual remite copia certificada de constancias relativas al expediente **** de su índice, promovido por ***** Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar "resolución interlocutoria" a la actualización del incidente de liquidación del laudo dictado en el juicio *****, promovido en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, y presentado el cuatro siguiente ante la responsable. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar "resolución interlocutoria" a la actualización del incidente de liquidación del laudo dictado en el juicio ***** promovido en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, presentado el cuatro siguiente ante la responsable. No obstante lo anterior, del contenido del escrito mencionado de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se advierte que la parte quejosa en realidad solicitó se decretara el mandamiento de ejecución de laudo y se turnaran los autos al actuario a fin de que se constituya al domicilio de la demandada y le notifique el incidente que refiere. Ahora bien, al rendir informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del auto, con efectos de mandamiento, de veintiocho de febrero del año en curso, dictado en el expediente laboral ***** de su índice, en el cual se ordenó requerir de pago a la autoridad demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento del laudo de diecinueve de mayo de dos mil cinco y comisionó al actuario de su adscripción para efecto de que se constituya en el domicilio de la demandada y requiera el pago a que fue condenada y, en su caso, embargue bienes suficientes de la demandada que alcancen a garantizar el monto total de las prestaciones, y si los bienes fuesen dinero o crédito de fácil realización, los ponga a disposición del Presidente de la responsable, para resolver sobre el inmediato pago, o si fuesen muebles se dejen en depósito de la persona que designe la actora; con lo cual dio contestación al escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis. Lo expuesto permite evidenciar que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo dio contestación a la petición formulada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en el expediente *****; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Es así, porque no obstante que la parte quejosa reclamó la omisión de dictar "resolución interlocutoria" a la actualización del incidente de liquidación del laudo dictado en el juicio *****, promovido en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, presentado el cuatro siguiente ante la responsable, de los puntos petitorios del escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se advierte que solicitó se decretara el mandamiento de ejecución de laudo y se turnaran los autos al actuario a fin de que se constituya al domicilio de la demandada y le notifique el auto de requerimiento y embargo, lo que en el caso se subsana con el proveído dictado por la autoridad responsable, en términos de los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistentes en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de dar contestación al escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. No pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar "resolución interlocutoria" a la actualización del incidente de liquidación del laudo dictado en el juicio ****, promovido en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, presentado el cuatro siguiente ante la responsable. Sin embargo del escrito antes mencionado, no se advierte que interponga el incidente de liquidación de laudo que señala, sino que de los puntos petitorios se acredita que se limita a solicitar que se decrete el mandamiento de ejecución de laudo y se turnen los autos al actuario a fin de que se constituya al domicilio de la demandada y le notifique el auto de requerimiento y embargo, por ende, la autoridad responsable no se encuentra obligada a emitir resolución interlocutoria al respecto. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, A LA TERCERA INTERESADA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA; ASIMISMO POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, y tomando en consideración que está transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuanta que antecede y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la parte tercera interesada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su apoderada legal ******, por medio del cual se apersona al presente juicio; señala domicilio para oír y recibir notificaciones; designa autorizados; y, hace diversas manifestaciones a manera de alegatos. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase a la promovente apersonándose en este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos, los cuales serán considerados al momento de dictar la resolución que en derecho corresponda. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ******, número ******, en esta ciudad; autorizando solo para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como pruebas de su parte las documentales a las que hace referencia, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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